17 nov 2017

Deuda heredada y feminicidios/ Teresa Guerra

El Debate.., 17/11/2017
Deuda heredada y feminicidios/ Teresa Guerra
PASIVOS HEREDADOS. Si realmente la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado quiere transparentar y sancionar a exservidores públicos por el tema de los pasivos heredados en IPES al gobierno de Quirino Ordaz, sería bueno que se informen cómo fue la aprobación de la Ley del IPES en marzo de 2009, quiénes la impulsaron y promovieron, cuántos fueron los pasivos que en automático se generaron con IPES, el monto de los recursos federales que no llegaron a los fondos de pensiones del estado y que se convirtieron en deuda del gobierno estatal.
Deberán también de dar a conocer la lista de los exfuncionarios de primer nivel, secretarios y subsecretarios que durante la administración de López Valdez, y aún con Quirino Ordaz, cobraron bonos millonarios de un ahorro que el Gobierno del Estado nunca realizó por sus fondos de pensiones.

Son más de 300 millones de pesos los entregados como “bonos” del gobierno de Sinaloa para exsecretarios, subsecretarios y directores, la mayoría exfuncionarios en la administración de Jesús Aguilar; todo a partir de una ley (de IPES) mal diseñada, que tiene la característica de ser única en el país, ya que solamente en el Gobierno del Estado de Sinaloa es donde se liquida con “bonos pensionarios” a los secretarios de Estado y subsecretarios al término de su función.
A la fecha, en la administración de Quirino Ordaz se han pagado no menos de 20 millones por ese concepto, y no se ha pagado más porque hubo una reforma para no entregar esos bonos, sino hasta que lleguen a los 60 años los exfuncionarios. Por cierto, dicha reforma la aplican discrecionalmente en IPES, dependiendo de la cercanía de los exfuncionarios les dan o no su “bono”. Lo que llama la atención es que signan incorporando a secretarios y subsecretarios en esa canonjía del “bono”, y que la reforma a la Ley de IPES no haya corregido las irregularidades que tiene dicha normativa.
Paradójicamente, a los empleados de base y sindicalizados en gobierno cada día les quitan más prestaciones, los retienen para que no se jubilen, no les pagan ni las incapacidades, aportan para su fondo de pensiones, y todos aquellos que ingresaron a laborar desde marzo del 2009 (cuando se aprobó el IPES) ya no podrán ya jubilarse porque desapareció esa prestación. En otras palabras, en gobierno, a los funcionarios de alto nivel les dan “bono” y a los base les dan con el “garrote”. ¿O no?
FEMINICIDIOS AL ALZA. Tres feminicidios en menos de 24 horas es para alarmar a cualquier gobierno y para alertar a la sociedad de la gravedad de la violencia de género en Sinaloa.
Una en la colonia Barrancos de Culiacán, otra en el municipio de Elota y otra más en Mazatlán, con el agravante esta última que fue asesinada por su esposo, y su bebé también fue herido con arma blanca. 78 mujeres han perdido la vida con violencia en lo que va de este año en Sinaloa, superando ya la cifra de las mujeres asesinadas en 2016.
El gobernador aceptó que se decretara la alerta de género, pero la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y los ayuntamientos, entre otras dependencias, no están cumpliendo con las recomendaciones.
Sigue permeando la impunidad en la mayoría de los ilícitos que involucran a mujeres, no hay prevención del delito, la violencia sexual y familiar está desbordada, y los feminicidios también. ¿O no?

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