Estado
Mayor, 26 de septiembre del 2016
Blog
de información militar y de Seguridad Nacional
Una
pista de Ayotzinapa en el campo militar uno/Juan Velediaz
lA dos años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
de Ayotzinapa, una pista aportada por el teléfono celular del joven que murió
desollado, y que siguió en actividad varios meses después de su muerte desde el
interior del campo militar número uno de la ciudad de México, apuntaría hacia
el Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), un grupo especial de la Policía
Ministerial Militar que trabaja —desde instalaciones confidenciales— en
coordinación con la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de
la Defensa. A esta hipótesis se le suma el registro documental de la
intervención de otras áreas de inteligencia del ejército, como los Grupos de
Análisis de Orden Interno (GAOI), cuyo papel se relaciona con el combate de
grupos guerrilleros. Algunas de las preguntas que dejó el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), apuntan al corazón de las
actividades antiguerrilla que realiza el ejército desde hace varios años en
Guerrero, donde en todo momento estuvo al tanto de lo que ocurrió aquella noche
del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
-México,
26 de septiembre.- La hipótesis de la intervención de un “grupo externo” del
ejército, que pudo haber actuado tras los sucesos de la noche de Iguala desde
las instalaciones del campo militar número uno, se basa en que el teléfono
celular del estudiante que apareció sin vida con el rostro desollado a la
mañana siguiente del ataque, fue detectado con actividad desde las
instalaciones castrenses de Lomas de Sotelo en la ciudad de México.
Por
la ubicación del celular dentro del campo militar, podría tratarse de la sede
del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), conformado por agentes de la
Policía Judicial Federal Militar, quienes se dedican a labores de investigación
e información y están organizados por células, cada una bajo el mando de oficiales
de la sección segunda —inteligencia militar —del Estado Mayor de la Defensa
Nacional.
La
posible intervención del AGESEB, de acuerdo a tres diferentes fuentes de
inteligencia militar consultadas por separado, se da después de que se
difundiera que el celular de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante
normalista encontrado sin vida con visibles huellas de tortura, estuvo
funcionando del 27 de septiembre del 2014, fecha en que su cadáver fue hallado,
hasta el 14 de abril del 2015. Durante este periodo el aparato recibió llamadas
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de la secretaría de
Gobernación, y del Campo Militar número uno, de acuerdo a documentos que la
compañía de telefonía móvil Telcel entregó a la PGR, publicados en el libro “La
guerra que nos ocultan”, que empezó a circular hace unas semanas.
En
el trabajo de los periodistas Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel
Ángel Alvarado, editado por Planeta, se dice que el aparato recibió una llamada
el 17 de octubre del 2014 desde las instalaciones del Cisen, en Magdalena
Contreras al sur poniente de la capital del país. Mientras que el 23, 25, 27 de
octubre y el 1 de diciembre del 2014, recibió llamadas desde el campo militar
número uno en la ciudad de México.
“El
celular robado del joven normalista Julio César Mondragón Fontes registró
cuatro mensajes de dos vías provenientes del Campo Militar 1-A, en Lomas de
Sotelo en la Ciudad de México, y su colindancia con el municipio de Naucalpan
en el Estado de México, meses después de que alguien lo robara al terminar de
torturarlo, desollarlo y matarlo la madruga del 27 de septiembre de 2014 en el
Camino del Andariego en Iguala”.
“También
hubo otros mensajes al mismo equipo desde las inmediaciones del Cisen en la
Ciudad de México, a 50 metros de la puerta localizada entre las calles de
Nogales y Ferrocarril de Cuernavaca, en la colonia La Concepción, delegación
Magdalena Contreras”. Según los autores, el celular no apareció entre los
objetos encontrados en el cadáver. Los asesinos del estudiante, probablemente
militares, se quedaron con el aparato usándolo hasta el 4 de abril, lapso en el
cual lo utilizaron para realizar labores de espionaje y tratar de identificar
los contactos de Julio César. En la parte final del trabajo, señalan que previo
a que la PGR solicitara a Telcel la lista de comunicaciones hechas con ese
celular, antes y después de los sucesos de Iguala, alguien que muy
probablemente se trató de militares, ya lo habían hecho. “Desde las sombras
alguien se había adelantado e intentaba conocer todo lo que había hecho Julio
César y, según se desprende de las sábana de llamadas, conocer las personas con
las que tuvo sus últimos contactos. En otras palabras, esa persona hacía
espionaje con el celular robado a Julio César”.
Si
el teléfono celular reportó actividad en el campo militar número uno, tuvo que
haber sido en las instalaciones de la Policía Ministerial Militar,
probablemente con personal perteneciente al Agrupamiento Especial de Búsqueda
(AGESEB), quienes realizan ese tipo de labores a los que se refiere el libro,
dice un oficial de inteligencia consultado en la ciudad de México. Las células
del AGESEB están al mando de capitanes de la sección de inteligencia militar,
sus locales y oficinas son confidenciales dentro del campo.
Otro
de sus colegas consultado vía electrónica en una comandancia militar del
interior del país, señaló que el AGESEB tiene locales dentro del campo para
llevar detenidos, entre ellos cuenta con una cabaña. Realizan labores de
investigación que dan parte a la sección segunda del Estado Mayor de la
Defensa, añade. Hacen inteligencia además de captura de blancos ordenados por
la jefatura de sección.
El
capitán José Martínez Crespo, quien la noche del 26 de septiembre del 2014
encabezó un grupo de militares del 27 batallón de infantería que se desplegó en
Iguala tras los sucesos que derivaron en la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, mucho tiempo perteneció a ese cuerpo policiaco. “Es
probable que haya sido enlace con ese grupo esa noche, por eso sus movimientos
y actividades”, dice un tercer militar especialista en labores de inteligencia
consultado al respecto.
Martínez
Crespo, oficial de infantería que formó parte de la antigüedad 1987-1991 del
Colegio Militar, se convirtió en el oficial más “visible” ya que su nombre
aparece, junto al del entonces coronel José Rodríguez Pérez comandante del 27
batallón, en documentos militares difundidos vía transparencia en el último año
y medio, que contienen mensajes de Formato Criptográfico Arcano (FCA), como se
conoce al sistema computarizado de envío de comunicaciones encriptados que solo
pueden leer quienes cuentan con las claves de inteligencia militar.
Algunos
de los mensajes emitidos antes, durante y después de los hechos de Iguala la
noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre del 2014 por la Sección de
Información, Instrucción y Operaciones (SIIO) del 27 de infantería, iban
dirigidos al general Alejandro Saavedra Hernández, entonces comandante de la 35
zona militar en Chilpancingo, así como al Grupo de Análisis de Orden Interno
(GAOI), una instancia que depende de la subsección de Asuntos Especiales de la
sección segunda —inteligencia militar—del Estado Mayor de la Defensa.
El
Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI) se encarga de analizar la información
relacionada con organizaciones armadas, como el EPR (Ejército Popular
Revolucionario), el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su labor está enfocada exclusivamente
en dar seguimiento a grupos guerrilleros y actuar contra sus integrantes, dice
esta tercera fuente del área de inteligencia del ejército. Operan en siete
estados del país, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán,
Chiapas y Veracruz.
La
intervención del GAOI registrada en documentos en poder de este blog, se le
suma la probable intervención posterior a los sucesos del 26 y 27 de septiembre
en Iguala, del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB) de la Policía
Ministerial Militar, con la pista que apunta a una instalación dentro del campo
militar en la ciudad de México, donde se detectó el funcionamiento del teléfono
celular del estudiante desollado.
Preguntas
“incómodas” para el ejército
El
día que el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda
apareció a principios de octubre del 2015 ante las cámaras de Televisa, para
declarar que no existían indicios de la participación del ejército en la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, culminaban siete
meses de peticiones infructuosas por parte del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, para que la dependencia respondiera a solicitudes de información sobre
el papel de los militares aquella noche.
El
general Cienfuegos dijo esa ocasión que los integrantes del 27 de infantería,
con sede en Iguala, no tenían por qué declarar ante el GIEI sobre la
desaparición de los 43 estudiantes ya que “no hay señalamientos claros” que los
involucraran en estos hechos. Hasta ese momento, decía el titular de la Sedena,
habían rendido su testimonio ante la PGR alrededor de 50 efectivos que
estuvieron de servicio en esa ocasión. “Yo he estado en la posición de que no
tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento
claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las
autoridades ministeriales mexicanas. (…) No me queda claro ni puedo permitir
que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahora ningún delito”,
señaló.
En
su último informe presentado en abril pasado, el GIEI dejó una serie de
preguntas que tendrían que hacerse en algún momento a los militares que
monitorearon, y estuvieron al tanto en tiempo real, sobre lo ocurrido durante
la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
Algunas
de las peticiones que hizo el GIEI a partir de marzo del 2015 a la Sedena por
medio de la PGR, registradas en su segundo y último informe, partían de que
explicaran “la participación de elementos del ejército, actividades que
realizaron, bitácoras, entrevistas que tomaron a los jóvenes heridos y que se
encontraban en la clínica”, donde los normalistas habían llevado a uno de ellos
de gravedad.
También
pidieron fotos, filmaciones, reportes escritos, grabaciones hechas en el C-4,
—el sistema que monitorea por medio de cámaras la seguridad del municipio y que
estaba controlado en su totalidad por militares—, a nivel de comando y de
ejército que posean de la región de Iguala, Cocula y Chilpancingo entre el 22 y
27 de septiembre del 2014. Pedían también los nombres de los militares, rango y
unidad a la que pertenecían que realizaron labores de inteligencia, de registro
y control en Iguala durante el 26 y 27 de septiembre, relacionados con los
momentos previos, concomitados y posteriores a la desaparición de los 43
estudiantes. “De manera particular, los nombres de los miembros del ejército
que se hicieron presentes en el Hospital Cristina del municipio de Iguala en la
noche del 26 de septiembre, así como de quien estivo al mando de ese grupo de
militares”.
Durante
abril del 2015 en varias ocasiones requirieron, por medio de Gobernación,
entrevistas con miembros del 27 de infantería del cual habían entregado una
lista. En septiembre al cumplirse el primer año, reiteraban la solicitud, vía
PGR, de documentos militares sobre las órdenes impartidas, registros,
anotaciones, además de los reglamentos de la zona y régimen militar, órdenes de
operaciones del día 1 al 30 de septiembre de 2014 y el procedimiento
sistemático de operar. También solicitaron el reglamento de partidas militares,
el manual de procesos de campaña, los reportes de los Grupos de Información de
Zona (GISES), y los Gafes, grupo de tropas especiales, respecto de los días 26
y 27 de septiembre de 2014.
Concluían
con una petición de información a la Policía Federal y al ejército sobre la
constitución, surgimiento y estructura de los grupos delincuenciales
autodenominados Guerreros Unidos y Cartel Independiente de Acapulco (CIDA).
Además de que confirmaran si existía alguna persona del 27 de infantería,
señalado por un elemento de la Armada, a quien apodaban “el Satánico” y quien
probablemente se dedicaría al tráfico de armas.
Juan
Veledíaz
@velediaz424
%208.35.56.png)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario