12 sept 2016

Amnistía Internacional presenta a diputadas informe sobre tortura

Amnistía Internacional (AI) presenta a diputadas informe sobre torturaAI recomendó al Congreso mexicano adoptar sin demora la Ley General contra la Tortura.
San Lázaro DF., a 12 de septiembre de 2016
En la presentación del informe realizado por Amnistía Internacional (AI) “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, organizada por la diputada Claudia Corichi García (del Movimiento Ciudadano), legisladoras de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática y del PRI urgieron incluir la perspectiva de género en el marco jurídico contra la tortura.
El Estado informó -dice Corichi- en abril de 2015, que la PGR  contaba con 2 mil 420 investigaciones sobre tortura y existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito.
AI urge a que tomen medidas todas las instancias de gobierno, a fin de atajar el grave problema de violencia sexual. “Ninguna mujer merece ser torturada sexualmente ni en otras formas. No se justifica bajo ningún argumento”, reiteró.
Al presentar el informe, Madeleine Penman, investigadora de AI en México, señaló que la tortura despuntó de 2003 a 2013, y el número de quejas ante la CNDH aumentó en más de 600 por ciento. En un solo año, hubo más de 12 mil quejas en todo el país por tortura o malos tratos.

El documento muestra la realidad de cien mujeres detenidas y entrevistadas entre 2015 y 2016, recluidas en centros penitenciarios, acusadas de delitos federales como delincuencia organizada, contra la salud y secuestro.
Detalló que durante el arresto, del total, 97 denunciaron que fueron víctimas de violencia física, 72 sexual y 33 de violación.
Mencionó que es frecuente que sean arrestadas en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes o cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones.
Un hallazgo es que las mujeres consideran la violencia sexual como algo normal. Además, las víctimas no tienen acceso a ginecólogos después de ser abusadas y las heridas pueden borrarse en una semana.
“De los miles de denuncias de tortura realizadas desde 1991, sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal”, comentó.
Pese al elevado número de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia sexual, incluida la tortura u otros malos tratos a manos de las fuerzas armadas, el Ejército informó a AI que no se había suspendido del servicio ni un solo soldado por estos delitos entre 2010 y 2015, mientras que, en la Marina, se suspendió a cuatro elementos durante ese mismo periodo.
Precisó que sólo un marino fue condenado por abusos sexuales, que fue dado de baja temporalmente, lo que permite reintegrarse a la corporación, una vez cumplida su pena en prisión.
Hasta el momento, recalcó, la PGR no ha publicado datos desglosados sobre víctimas de tortura. Esto ha tenido como efecto “rodear el problema con un velo de secretismo y ha impedido dar respuestas informadas con las que abordar la violencia contra las mujeres durante el arresto y la detención”.
En la policía y en las fuerzas armadas, agregó, se realizan cientos de sesiones de capacitación sobre género, violencia y derechos humanos, pero no parecen haber tenido un impacto apreciable a la hora de reducir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Amnistía Internacional recomendó al Congreso mexicano adoptar sin demora la Ley General contra la Tortura, garantizando que incluya los siguientes elementos:
-Penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a las normas internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
-Excluir de las actuaciones judiciales, todas las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan, excepto en contra de un posible perpetrador, como evidencia de que la tortura ocurrió.
-Garantizar en la ley que, cuando se presenten pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos, el juez excluya dichas pruebas desde el principio e inicie una investigación dentro del juicio, con el fin de adoptar una decisión final.
-Además, que la carga de la prueba debe recaer sobre el Estado, para comprobar más allá de toda duda razonable que la evidencia fue obtenida legalmente.
Así también, modificar el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para obligar a la CNDH a proporcionar copias de los resultados de los exámenes médicos y psicológicos a las víctimas y a sus representantes, con independencia de que lo exija un juez.

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