4 oct 2007

El Senado y TV azteca


SESION ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL JUEVES 4 DE OCTUBE DE 2007.
PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR SANTIAGO CREEL MIRANDA

Honorable Asamblea: Ahora, solicito la atención de todas las senadoras y senadores presentes.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 82 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó en su sesión celebrada, el día de hoy, hacer del conocimiento del Pleno, el siguiente pronunciamiento:
En relación a los anuncios difundidos por Televisión Azteca, sobre el Senado de la República, los senadores y senadoras que integramos la LX Legislatura, manifestamos lo siguiente:
Primero. El Congreso de la Unión, es uno de los poderes constitucionales de la República, electo democráticamente y en donde están representadas todas las corrientes ideológicas de nuestro país.
Segundo. Los medios de comunicación, no deben ser instrumentos para denostar.
Tercero. Un medio electrónico, concesionado de un bien público, no debe ser utilizado para salvaguardar sus intereses particulares.
Cuarto. La relación entre el Congreso de la Unión y los concesionarios, debe de constituirse a través del diálogo y del entendimiento, no de presiones o de agravios. Por el contrario, deberá darse en un ambiente de respeto muto.
Quinto. El Congreso de la Unión seguirá actuando con responsabilidad y legislará siempre a favor de los intereses de los mexicanos.
Sexto. La sociedad reclama acuerdos, tolerancia, respeto, entendimiento y unidad, para llevar a nuestro país a un mejor destino.
Salón de Sesiones de la Junta de Coordinación Política. De fecha cuatro de octubre del año dos mil seis. (Aplausos)
Lo suscriben, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Senador Carlos Navarrete Ruiz, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Senador Francisco Agundis Arias, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Senador Dante Delgado Rannauro, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
Senador Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Senador Humberto Aguilar Coronado, integrante de la Junta de Coordinación Política.
Senador Felipe González González, integrante de la Junta de Coordinación Política.
Senador Melquíades Morales Flores, integrante de la Junta de Coordinación Política.
Y su servidor, senador Santiago Creel Miranda, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente de esta Mesa Directiva.

Exhorto al gobernador de Coahuila

La Senadora del PR Claudia Corichi entra en defensa de la Secretaria de SEDESOl Beatriz Zavala.
Propuesta de Punto de Acuerdo
POR EL QUE SE SOLICITA QUE ESTA H. CÁMARA DE SENADORES CONDENELAS DECLARACIONES DELC. GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA, LIC. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS,DIRIGIDAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LIC. BEATRIZ ZAVALA PENICHE, POR SEXISTAS Y DESPECTIVAS HACIA UNA MUJER, Y LO EXHORTE A CONDUCIRSE CON APEGO A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El pasado domingo 9 de septiembre ocurrió uno de los peores accidentes que se han suscitado en el país derivado de la explosión, en la comunidad de Nadadores, de un camión que trasladaba 25 toneladas de nitrato de amonio por la carretera Monclova-San Pedro, en elestado de Coahuila. El accidente causó múltiples estragos: según algunas cifras, hasta este momento hay 40 personas muertas; cerca de 200 personas lesionadas; 12 viviendas con daños totales y 55 con daños parciales; 50 vehículos dañados y daños en la carretera.
SEGUNDO.- Una vez suscitado el accidente, se dio una declaración de la Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala Peniche, quien tratando de minimizar la responsabilidad del gobierno federal,argumentó que su Secretaría no es la encargada de la "protección civil", y que por ello no se había dado apoyo de manera inmediata. Lo declarado por la secretaria no es de ninguna manera justificable, ya que en todo momento el gobierno federal debe de acelerar sus mecanismos de respuesta a la ciudadanía.
TERCERO.-. Aún cuando las declaraciones de la Secretaria Beatriz Zavala fueron sumamente desafortunadas dado que trataron de eximir de responsabilidad al gobierno federal; lo manifestado por el Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, calificando de "estúpidas" las declaraciones de Zavala son del todo incorrectas. El Gobernador Moreira ha hecho una declaración sexista y discriminatoria al referirse a la Secretaria de Desarrollo Social como "esta señora no tiene conectada la boca con el cerebro".
CUARTO.- El Titular del ejecutivo local de Coahuila, con estas declaraciones más allá de su escaso protocolo político, ha violentado la recientemente aprobada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por esta Soberanía el 16 de diciembre de 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de febrero,y que busca salvaguardar en todo momento los derechos de las mujeres y garantizar laequidad, ya que:
La Ley señala en su artículo 6 que: "La violencia psicológica.- Es cualquier acto ... que puede consistir en: ..........,..........., INSULTOS, HUMILLACIONES, DEVALUACIÓN...".
Asimismo, en su artículo 18, se detalla sobre la Violencia Institucional que: "Son los actos u omisiones de las y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO QUE DISCRIMINEN...".
QUINTA.- El Senado de la Repúblicano puedepasar por alto una expresión como la referida,mucho menos de un personaje político y público; no podemos permitir que sea desde el mismo gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, que se violenten los derechos de una o varias mujeres y se expresen hacia cualquiera de nosotras demanera despectiva.No hay justificación para violar la ley, ya sea contra una Secretaria de Estado, o contra cualquier otra mujer.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- El Senado de la República condena las declaraciones del Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, dirigidas en contra de la Secretaria de Desarrollo Social. Lic. Beatriz Zavala Peniche, y se le exhorta a respetar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Sala de Sesiones delSenado de la República, a los 20 días del mes de septiembre del 2007.
A t e n t a m e n t e
Senadora CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA

Hacia una convencón de Adultos mayores

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE PROMUEVA LA ELABORACIÓN DE UNA CONVENCIÓN AMPLIA E INTEGRAL EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores exhorta al Ejecutivo Federal para que en la próximo período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicite y promueva la elaboración de una Convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Acuerdo Parlamentario aprobado por el pleno de esta H. Cámara de Senadores de fecha 3 octubre, relativo a la integración de las Comisiones, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN
La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 22 de marzo de 2007, las y los Senadores Adriana González Carrillo, Gabriela Ruiz del Rincón, Martha Leticia Sosa Govea, Martha Leticia Rivera Cisneros, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Eugenio Govea Arcos, Gabino Cué y Guillermo Tamborrel Suárez presentaron ante el peno de la H. Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el próximo período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicite y promueva la elaboración de una Convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
3. La Comisión instruyó a su Secretario Técnico para realizar el Proyecto de Dictamen, mismo que fue distribuido con fecha 17 de julio de 2007.
4. Con fecha 30 de agosto de 2007, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen.
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN
1. En términos generales y fundamentando en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los promoventes solicitan que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo Federal para que en el próximo período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicite y promueva la elaboración de una Convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores, sobre lo anterior, esta Dictaminadora tomó en cuenta las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- Dentro de su argumentación, los proponentes aluden que los vocablos senectos, adultos mayores, adultos en plenitud, personas de la tercera edad, viejos o ancianos, se refieren al mismo grupo de población aunque bajo distintas perspectivas y enfoques, a veces de índole político, pero que sin embargo, como quiera que se les denomine, lo cierto es que generalmente viven bajo una serie de circunstancias difíciles principalmente por su edad.
Así mismo plantean que el envejecimiento trae consigo situaciones que dificultan la forma de vida de ese sector de población, más aún cuando la tendencia de la población en cuanto a la edad, tiende a engrosarse a futuro, mientras que la población joven disminuye.
Mencionan que cifras obtenidas de la Organización de las Naciones Unidas reflejan que en el año 2000 la población de adultos mayores era de 590 millones y se estima que para el año 2025 habrá 1,100 millones (casi el doble). Asimismo, se calcula que en el 2000 el 60% de las personas mayores de 60 años se concentraba en los países en desarrollo, previéndose que para el año 2025 casi el 72% de la población mayor de 60 años se concentrará en países en desarrollo.
Bajo ese mismo orden de ideas mencionan que en México, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hay 8.4 millones de adultos mayores de 60 años y para el 2050 serán de 36 millones, sin embargo según proyecciones de INEGI, esta cifra tenderá a incrementarse dramáticamente, situación que traerá implicaciones graves, principalmente en el ámbito económico y social si no se toman y desarrollan políticas adecuadas para hacer frente a este hecho.
Ante esta situación, en el plano nacional, los Senadores mencionan que se han tomado diversas medidas tanto en el ámbito federal como en los gobiernos estatales y municipales; sin embargo, muchas de estas medidas son soluciones a corto plazo que no resuelven el fondo del problema, pues en realidad se requiere establecer una política a mediano y largo plazo que integralmente proteja y garantice el cumplimento de los derechos de las personas adultas mayores y el respeto a su dignidad humana, más aún si se contempla que la magnitud del problema será mucho mayor en el mediano y largo plazos.
2.- Para los promoventes, una de las más grandes conquistas de la humanidad ha sido la consagración de los derechos humanos en declaraciones y pactos internacionales, en sus Constituciones y en leyes, y sobre ese respecto mencionan que nuestro país, junto con otras naciones, ha participado en la elaboración de instrumentos internacionales para que en todo el mundo se respeten los derechos humanos.
Estos instrumentos son obligatorios para los países que, como partes, los firman y en su caso ratifican, los cuales se llaman declaraciones, pactos, tratados, convenciones o convenios, estimando necesario subrayar la importancia que, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 Constitucional y la Ley sobre la Celebración de Tratados, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la propia Constitución y hayan sido celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, son Ley Suprema de toda la Unión y dentro de nuestro orden jurídico, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución de acuerdo a la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3.- Bajo los anteriores elementos, los proponentes advierten que en el plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a través de instrumentos, normas y lineamientos no es nada alentador, pues ciertamente, contrario a lo que acontece con otros grupos considerados especiales o en situación de vulnerabilidad como niñas y niños, las personas con discapacidad, los indígenas o la mujeres víctimas de trata y violencia, en el caso de las personas adultas mayores a lo máximo existen algunas conferencias que mencionan una serie de principios y lineamientos sobre la perspectiva de las políticas públicas y su debida atención, documentos que no son vinculantes y su obligatoriedad y fuerza se basa más en el aspecto moral y político de los Estados.
4.- Para sustentar la anterior aseveración, exponen que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, existen diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes de los que México es parte. A manera de ejemplo, citan los siguientes:
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer.
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer.

  • Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer.
  • Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada
  • Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
  • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
  • Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Pará"

Además los Senadores recuerdan que actualmente se cuenta con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos de los niños. La Convención sobre los Derechos del Niño es sin duda el tratado internacional más importante, aunque también destacan el Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños; el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, y el Convenio Internacional del Trabajo No. 58 por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo.
También existen instrumentos jurídicos en materia de pueblos y comunidades indígenas, en donde sobresale el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por México el 24 de enero de 1991.
Referente a personas con discapacidad, destacan la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, instrumento de derechos humanos promulgado el 12 marzo de 2001, tal y como se constata en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha.
Los proponentes recordaron que en esta misma materia, México promovió e impulsó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inicialmente en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban, Sudáfrica, que tuvo como objetivo recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de una convención amplia e integral de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
5.- Empero, establecen, que desafortunadamente los esfuerzos más significativos sobre la perspectiva de derechos humanos de las personas adultas mayores datan en principio sobre un par de conferencias así como documentos de carácter internacional, es el caso de la Conferencia Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena, Austria en 1982, evento del cual emanó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y mencionan que posteriormente, en 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1991 los principios de Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, y finalmente la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento que se desarrolló en Madrid España en 2002, tuvo como objetivo la evaluación y elaboración de una nueva estrategia internacional sobre la situación del envejecimiento.
Expresan sobre ello que es preocupante saber que las personas de edad avanzada son el sector menos protegido por el derecho internacional. En ese sentido, se considera necesaria la creación de un marco jurídico internacional que sea susceptible de vinculación, con el fin de que la comunidad internacional, los gobiernos de los países y en general la sociedad, resguarde, proteja y respete los derechos humanos de los adultos mayores bajo una serie de lineamientos, y principios que rijan a favor ese tan importante sector de población.
Por ello, argumentan que es necesaria la creación de una Convención amplia e integral que además de establecer medidas tendientes a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, dicte como algunos de sus principios: la independencia, atención, autorrealización, dignidad y participación.
Además de loa anteriores principios, establecen que la Convención deberá velar por los derechos de las personas adultas mayores bajo las siguientes directrices:
Buscar satisfacer las necesidades básicas de las personas mayores y reducir la pobreza en este sector de la población.
Enfocarse a la situación de las mujeres mayores.
Asistir a las familias para que cuiden a sus miembros de edad avanzada.
Promover el diálogo multigeneracional a través de una política educativa adecuada.
Promover los derechos humanos de las personas mayores.
Educar al público en general para el momento en que lleguen a una etapa posterior de la vida.
Con tales acciones, manifiestan que sería posible abatir ciertos aspectos que a la fecha son consecuencia del envejecimiento, estableciendo la Convención para ello, una serie de medidas que velen por el respeto de los derechos de ese sector de población al menos en las siguientes perspectivas:
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.
DERECHO A LA SALUD.
DERECHO A LA EDUCACIÓN.
DERECHO A SER PARTÍCIPE DEL DESARROLLO SOCIAL.
Concluyen los Senadores que mientras las personas mayores sigan sin beneficiarse de las políticas y prácticas de desarrollo, los avances hacia la erradicación de la pobreza se verán en serios problemas, y advierten que la comunidad internacional no puede continuar dando la espalda a este grupo en situación vulnerable, siendo urgente crear una Convención vinculante en la materia de la protección integral de los derechos de los adultos mayores, que sirva para dar a conocer aquellas medidas y políticas necesarias.
Así mismo hacen énfasis en que México debe seguir a la vanguardia en el concierto de las naciones, impulsando estos importantes tratados, tal y como lo ha hecho en el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; así como otros temas relevantes, es el caso de una Resolución de la ONU sobre Derechos Humanos de los Indígenas y el proyecto de Resolución ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes, además de programas de apoyo específicos y desde luego, la ratificación en los últimos años, de diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos y el haber logrado la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos en la ONU.
6.- Sobre las Consideraciones vertidas por los promoventes de la Proposición materia del presente Dictamen, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables tienen muy en cuenta la necesidad que se tiene de promover en el próximo período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), laelaboración de una Convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores, que tendrá como finalidad establecer derechos fundamentales que no permitan que estas personas, sean objetos de maltratos, abusos o cualquier tipo de desigualdad, dignificando la calidad de vida a esta edad.
Esta Dictaminadora al entrar de lleno a analizar el resolutivo planteado porel proponente en relación a la petición deexhortar al Ejecutivo Federal para que en el próximo período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicite y promueva la elaboración de una Convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores, encuentra aún manifiesta la falta de compromiso de la Comunidad Internacional en materia de derechos de las personas adultas mayores, la cual se demuestra desde el origen de los propios Derechos Humanos, donde no se contemplaron derechos específicos para estas personas, por lo que es de gran importancia exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el próximo período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicite y promueva la elaboración de una Convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores.
7.- Al respecto, la Comisión hace suya la necesidad que se tiene de abordar desde una perspectiva dinámica de los derechos humanos de las personas mayores, debido a que el diseño de las políticas no debe de iniciar a partir de cierta edad, sino a lo largo del ciclo de vida, por lo que se deberá tener un enfoque integral dirigido al envejecimiento que nos permita realizar políticas públicas encaminadas a la protección de los derechos humanos de estas personas.
Además, es importante considerar a las personas de edad como sujetos de las políticas públicas y de derechos, y en su momento dejen de formar parte del concepto de grupos vulnerables, para lo cual es trascendente poder reconocer las diferencias existentes de este grupo social con otro y lasnecesidades específicas a ser cubiertas; aclarando que es vital tomar en cuenta la diversidad que existe dentro de este grupo para legislarlo y no cometer el error de considerarlo como homogéneo.
8.- Esta Dictaminadora establece que solo relacionando el envejecimiento con políticas de desarrollo social, es decir, abordando la problemática que conlleva la situación de pobreza y examinando las relaciones entre modernización y bienestar de las personas de edad, y prestando atención a los cambios a largo plazo en la situación de los adultos mayores y su particularidad dentro de los países en desarrollo, es como se podrá velar por una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores.
Es así que la Comisión considera necesario el impulso de una Convención que integre y respete las directrices internacionales en materia de envejecimiento mediante una política nacional basada en la creación de un entorno económico, político, social, cultural y jurídico para las personas de edad, en los principios de participación, dignidad, independencia, cuidados y autorrealización, mismos que deben de respetar los tres parámetros que considera el Plan de Madrid:
a).- Personas mayores y desarrollo.b).- Prolongación de la salud y el bienestar hasta la tercera edad.c).- Entornos favorables y solidarios.
Además de que también se tendrá que tomar en cuenta lo establecido dentro de la Primera Asamblea Mundial respecto a la necesidad de velar por el fomento de valores que deben caracterizar a una sociedad para todas las edades y enfatizar que las personas deben tener herramientas para envejecer, con seguridad y dignidad, que les permitan seguir participando como ciudadanos con plenitud de derechos.
Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión estiman que la creación de una Convención en materia de los derechos de las personas adultas mayores es un medio que permitirá y obligará abordar políticas sostenibles en materia de envejecimiento y así combatir esta problemática desde una perspectiva integral y no meramente asistencial.
Además de lo anterior, los integrantes de esta Comisión tienen presente la existencia en nuestra legislación del tema de las personas adultas mayores y sus derechos, sin embargo consideran que aún es insuficiente dicho marco para lograr una verdadera protección y alcance de su respeto en los rubros de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
9.- Esta Comisión Dictaminadora estima que con una Convención como la que se propone, se podría estrechar la comunicación entre las organizaciones no gubernamentales en México encaminadas al apoyo de las personas adultas mayores y sus homólogas internacionales para intercambiar datos y experiencias que permitan perfeccionar las estrategias que servirán para auxiliar a estas personas; además, la Comisión reconviene poner especial énfasis en los medios que se deberán emplear para que los adultos mayores tengan acceso, en igualdad de circunstancias a estos derechos, debido a que algunas de estas personas por cuestiones naturales de la edad, podrán presentar algunas discapacidades físicas y/o mentales que les dificulten el acceso a estos derechos.
Respecto a las consideraciones anteriores, los integrantes reiteran la necesidad de crear una Convención internacional en materia de derechos de las personas adultas mayores que fomente una cultura global en relación al trato de tales personas, ya que al igual que las personas con discapacidad, muchas necesitan de una atención especializada y de instalaciones que les faciliten el acceso a las instituciones públicas y privadas y se fomente el respeto de las mismas por toda la sociedad.
10.- Es así que esta Comisión estima pertinente comprometerse con los derechos de las personas adultas mayores, derechos que tendrían que ser considerados universales, adoptando como principal tarea el impulsar la lucha por su dignidad, por su libertad y por su protección.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en los siguientes términos:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que analice la pertinencia de solicitar y promover la elaboración de una Convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores durante el próximo período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 30 de agosto de 2007.
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES:

Posicionamientos:

-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: En consecuencia está a discusión el dictamen.
Se concede la palabra al senador Guillermo Tamborrel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a éste tema.
-EL C. SENADOR GUILLERMO ENRIQUE MARCOS TAMBORREL SUAREZ: Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
Hace tan sólo algunos días ratificábamos en esta soberanía la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Una Convención impulsada, una Convención que pudiésemos decir es logro tanto de las organizaciones de la sociedad civil, como de los negociadores del Gobierno mexicano.
Me parece que hoy y entendiendo que todavía falta mucho por hacer para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos de muchos grupos vulnerables, y entre ellos el de los adultos mayores.
Ciertamente hoy existen dos declaraciones a nivel internacional, que por su misma naturaleza carecen del poder o del carácter vinculante para los estados que la firmen y ratifiquen. Por ello, en estricta línea de lo que ha venido haciendo nuestro país de impulsar y apoyar el pleno respeto de los derechos humanos, es que vengo a hablar a favor de este punto de acuerdo, solicitar respetuosamente su voto para que México una vez más tome liderazgo, refuerce el liderazgo y sea el país que proponga la creación e impulse la creación de una Convención sobre los derechos de las personas adultas mayores y con ello avancemos precisamente en esa dirección, en el de alcanzar ese respeto que se merecen como cualquier ser humano.
Los convoco a votar a favor y a sumarse a todas las tareas que seguramente habrán de venir con éste voto. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador Tamborrel.
Para hablar en pro del dictamen, tiene la palabra el senador Pablo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Ciudadanas senadoras; ciudadanos senadores:
Creo que Naciones Unidas debe expedir un instrumento obligatorio donde se establezcan de manera especial los derechos de las personas denominadas adultos mayores. Hay derechos, sin embargo, que están establecidos en otros instrumentos, y que corresponden a adultos mayores.
Estamos de acuerdo en impulsar eso y llamar al gobierno a ser un elemento activo en la promoción. Pero ¿qué va a pasar en el momento en que esa carta de los derechos de los adultos mayores establezca derechos como el de tener una pensión, independientemente de haber o no contribuido?
Dice, se ha dicho aquí que México debe seguir siendo líder, no, México no tiene liderazgo en nada en este momento, en nada. No está delante de los demás en nada. Está atrás de los más adelantados en todo, en todo.
Miren, en Inglaterra, en 1946, se estableció la “Pensión Universal”, 1946, hace más de 50 años.
Nosotros no tenemos “Pensión Universal”, tenemos una pensión alimentaria en el Distrito Federal, que es universal, que es alimentaria, que es para que la gente no ande limosneando, vamos a decirlo claro, para evitar eso, porque hay una denigración, que las personas que han llegado a cierta edad, tengan que estar pidiéndole limosna a su propia familia.
Estamos mal, atrás. No tenemos estado social, ni en este momento estamos yendo hacia el estado social, porque se niega eso.
Entonces, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara, logró, gracias al apoyo del PRI, luego se sumó el PAN, una partida presupuestal para dar apoyo alimentario, no como derecho universal, sino a las personas que lo necesiten dentro de los programas “Oportunidades” y demás, aunque se va, y se estableció que se manejara con independencia de. Pero no estamos hablando de un derecho.
En la Constitución Española, desde que vino la democracia en España, se estableció, porque ya había un antecedente bajo el franquismo, se estableció la pensión, aún a las personas que no hubieran contribuido al Sistema de Seguridad Social. Y esa es la parte dura de la Constitución.
Para quitarla se necesitan dos legislaturas sucesivas y un referéndum. Y así esta sellado ese derecho, como derecho fundamental para todas las personas en la Constitución de España.
Y el Partido Popular ha combatido las pensiones no contributivas, como les llaman. Pero no tiene la fuerza, ni ha tenido la fuerza para echarla abajo, y digo el Partido Popular, porque es congénere del PAN en la Organización, llamada ahora del “Centro”, antes era de derecha, y ahora es del “Centro”; ahora todos somos de “Centro”, para acabar con izquierdas y derechas y ya no tener demasiadas discusiones.
Era una actitud muy cómoda, pero muy vergonzante de parte de la derecha, ahora decirse “Centrista”, cuando combate derechos fundamentales como éste, en España, en España.
Y esa promesa electoral, aún cuando ganaron las elecciones dos veces consecutivas, no la pudieron llevar a cabo, porque la mayoría del pueblo español sigue defendiendo un derecho fundamental que se llama “Pensión de todo mundo”. No es el único país que la tiene, hay otros muchos. Hablo de España, porque fue cuestionada muy fuertemente por el Partido Popular.
Entonces, señores. Ojalá México pudiera cumplir con un papel. Pero para poder cumplirlo, colega, le recuerdo una cosa: hay que hacer las reformas sociales aquí en el país, y así se es líder en el mundo en algo.
México, en este momento no es líder en nada, como no sea en asesinatos diarios, decapitamientos, pero esos no son liderazgos, esas son desgracias. No podemos ponerlos en la lista de los liderazgos.
Díganme una cosa, en la que México es líder, en el mundo actual, líder verdadero, no de desgracias; que vaya adelante en sentido progresivo; digan una cosa, no hay una. No tenemos liderazgo, no tenemos, no hemos tenido el liderazgo interno que lleve a México a ser líder en algo en el mundo, eso es todavía un propósito que hay que cumplir, es nuestro propósito.
Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C.SENADOR GUILLERMO ENRIQUE TAMBORREL SUAREZ (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
-EL C.PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: ¿Con qué propósito?
-EL C.SENADOR GUILLERMO ENRIQUE TAMBORREL SUAREZ (Desde su escaño: Para hechos.
-EL C.PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Para hechos, tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos.
-EL C. SENADOR GUILLERMO ENRIQUE TAMBORREL SUAREZ: Debo decir, que comparto muchos de los conceptos que ha expresado el senador Pablo Gómez, en el sentido que hay mucho por hacer para alcanzar el pleno respeto de los adultos mayores.
Sin embargo, sí quisiera yo decir, que disiento totalmente en el sentido de que México no ha liderado, no es líder en ningún concepto.
Simplemente, la anterior convención que ratificamos la semana pasada, fue lograda por el liderazgo de México.
Yo quiero decirles, compañero Pablo Gómez, que esta Iniciativa surgió, hará 25 años, propuesta por unos italianos, y que durmió el sueño de los justos al seno de las Naciones Unidas, y no es, sino hasta el año 2001 en el que México impulsa y logra que se conforme un grupo redactor, un grupo redactor, que por cierto lidereó Don Gilberto Rincón Gallardo, de quien tuvimos el gusto de tenerlo en este salón la semana pasada.
Entonces, en reconocimiento, y a eso acudo a esta tribuna, en reconocimiento a ese equipo de negociadores mexicanos, que sacó adelante la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entonces, me parece importante, pues, dejar asentado que yo sí reconozco la labor y sí reconozco ese trabajo, que no tengo duda, pone a México como líder en la batalla por los derechos de las personas con discapacidad, como lo ha hecho en otros temas, como fue el caso de los migrantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C.SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ (Desde su escaño): Para responder a alusiones personales.
-EL C.PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Tiene la palabra el senador Pablo Gómez para responder a alusiones personales.
-EL C.SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Para seguir hablando del ejemplo que ponía de España.
Colega, le recomiendo que lea la Ley sobre las Personas con Capacidades Diferentes de España.
Y luego que la lea, para hablar de liderazgos, luego que la lea, me dice: si nosotros tenemos algo remotamente parecido en México, para proteger derechos y obligar a todo el resto de la sociedad a tratar correctamente a las personas con capacidades diferentes. Lea esa ley. No lo voy a mandar a que lea otras, que son todavía mejores, los países escandinavos, y en otros países.
Cuando uno tiene una ley así, es uno líder en algo, porque va uno adelante, porque muestra lo que está pasando en su país, y le propone al mundo.
Vamos logrando, esto que yo he logrado, para toda la humanidad, eso es ser líder.
Nosotros damos pena, colega, damos pena. Estamos empezando en las ciudades a hacer las aceras para las sillas de ruedas.
En la inmensa mayoría de las esquinas de este país, todavía no hay aceras para sillas de ruedas, señor.
¿Qué no sale usted a la calle, no se da cuenta?
Platique usted con la gente que está anclada en una silla de ruedas, para que le cuente lo que es eso. Y puedo hablar de mil cosas más: oportunidades de trabajo, bueno, bueno, bueno. Estamos en pañales. ¿Eso es ser líder?
Ir a echar un discurso. ¡Ah, pues sí! Miren qué bonito.
Pero, a ver, en su país, señor. ¿Qué han hecho ustedes?
No, pues apenas estamos empezando.
¡Ah, bueno! Vaya usted, ese discurso, écheselo allá, en México, y luche por lograr eso, primero. Así se es líder. Mientras tanto, no somos líderes de nada. Somos una vergüenza.
En relación con el crecimiento del producto, por ejemplo. Le preguntaba yo a unos países no petroleros de América Latina, tienen un ritmo de crecimiento mucho mayor que el de México: ¿Cómo le hacen ustedes para que su economía crezca?
Me contestó: “¿Cómo le hacen ustedes para no crecer, que tienen energéticos, que tienen riquezas, que tienen un pueblo enorme, trabajador, cómo le hacen para no crecer?”.
Pues pregúntenle al PAN.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: ¿Dígame?
-EL C. SENADOR GUILLERMO ENRIQUE TAMBORREL SUAREZ (Desde su escaño): Gracias. Simplemente para asentar que el concepto de líder parece que lo tenemos diferente.
Una cosa es líder aquel que lo tiene, pero también es líder aquel que encabeza la lucha. Y ese es, amigo, a lo que los estoy convocando, a que México encabece la lucha, primero por las personas con discapacidad, y a partir de esta convención trabajemos para armonizar nuestras leyes y logremos precisamente esas condiciones que por cierto no se dan en ninguna parte del mundo.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.
-EL C. SECRETARIO CUE MONTEAGUDO: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La asamblea no asiente)
Aprobada, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Delincuencia organizada

Entrevista realizada por Mario Ramón Beteta (Radio fórmula, 103.3 de FM) al titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano NRM), /10/2007;
PREGUNTA: -Quiero agradecer como cada semana a la Procuraduría General de la República su disposición para abordar con funcionarios de la propia dependencia, distintos temas, que sabemos interesan al auditorio en todo el país. En esta ocasión vamos a charlar con el maestro Noé Ramírez Mandujano, quien es Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, señor Subprocurador, me da mucho gusto saludarlo.
NRM: Buenos días, Óscar Mario, buenos días a su auditorio y gracias anticipadas por brindar a la Procuraduría General de la República un espacio en su prestigiado programa radiofónico, para dar a conocer a la sociedad mexicana, qué es y qué hace el Ministerio Público de la Federación y en especial por permitirme esbozar brevemente la importancia estratégica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en el combate a este tipo de criminalidad. Estoy a sus órdenes, Óscar Mario.
PREGUNTA: -Para comenzar por el principio ¿cómo define la Ley Federal la delincuencia organizada? Porque a veces hablamos de delincuencia organizada y delincuencia, en términos muy llanos ¿no? desorganizada.
NRM: Mire Óscar Mario, la definición de delincuencia organizada es importante, no sólo desde el punto de vista práctico, sino también legislativo, por cuanto a que la ley debe contener su definición, el inculpado tiene que saber exactamente cuál es la conducta que se le imputa y tanto la policía, como el Ministerio Público al reunir las pruebas, como el Juez a dictar sentencia requiere una definición legal de delincuencia organizada.
También le diré, que como consecuencia de la reforma constitucional de 1993 y la procesal de 1994, el primer concepto que se introdujo en nuestra legislación adjetiva federal y que permitía y aún permite la duplicidad en la retención del indiciado hasta por 96 horas y en los casos de delincuencia organizada señalaba que serán aquellos en los que 3 o más personas que se organizan bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer de modo violento reiterado o con fines predominantemente lucrativos, a continuación se relacionaban varios delitos, que según el legislador podrían cometerse bajo esa modalidad, previstos en el entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y que también se plasmó en las legislaturas locales.
Este concepto, previsto en el Artículo 194-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y utilizado únicamente para los fines procesales mencionados en el párrafo anterior, fue suprimido por la reforma del 6 de noviembre de 1996, mediante el cual también se expidió la actual Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En la misma ley se previó la creación de una Unidad Especializada para la Investigación de Delincuencia Organizada, la UEDO, conocida tradicionalmente así, la cual funcionó como tal hasta el 25 de julio del 2003, en la que se elevó a rango de Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, conformada por 6 Unidades Especializadas, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Alteración y Falsificación de Moneda, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, la Unida Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos.
Esta última Unidad conoce actualmente además de los delitos relacionados con corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio, trata de personas, en todos los casos de menores o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, que sólo serán competencia federal, si además de cometerse con un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción.
En cuanto al concepto legal, la ley señala que cuando 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por si o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en la misma se mencionan, serán sancionados por ese sólo hecho como miembros de la delincuencia organizada.
La delimitación del concepto de delincuencia organizada, de acuerdo a los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, como lo es fundamentalmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención de Palermo, puede caracterizarse por unos criterios básicos.
Una pluralidad de personas, 3 o más personas, nunca uno solo, lo que excluiría del concepto, por ejemplo, al terrorista individual o al traficante de drogas ocasional, aislado de la organización, una cierta estructura organizativa, permanencia en el tiempo, finalidad delictiva, animo de lucro, es decir, la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

A los efectos de dicha Convención el delito será de carácter transnacional si se comete en más de un Estado, si se comete dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial de la preparación, planificación o control, se realice en otro Estado, se comete dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado o se comete en un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
PREGUNTA: Ahora, con base en todo esto, señor Subprocurador ¿la homologación de Códigos hacia un Código único ayudaría a combatir la delincuencia organizada en México? porque desgraciadamente los estados de la República siempre le endosan a las autoridades federales la investigación y por ende también el esclarecimiento de los delitos y es algo, que, pues que ya no debería, ya no debería ser, porque no tienen, ni los recursos, ni el personal para atender todo lo que les siguen transfiriendo los o lo que, yo no sé, eh, injustamente les siguen endosando, señor Subprocurador.
NRM: Sí Óscar Mario, eh, visto desde un espectro más amplio al que abarca la delincuencia organizada, ayudaría la homologación de los Códigos Penales a dar mayor seguridad jurídica al gobernado, pues además de una homologación de conductas que deben ser sancionadas penalmente, las punibilidades también serían las mismas, con ello se evitaría que lo que en un estado es delito, en otro no lo sea.
PREGUNTA: -Claro.
NRM: En el caso específico de las leyes contra la delincuencia organizada locales, que tenemos una ley de delincuencia organizada en Baja California, en el Distrito Federal, en Jalisco, en Morelos y la parte conducente en el Código de Procedimientos Penales del estado de Chiapas, pues también se empezó a hacer una revolución ahí con todas estas leyes, además de que en algunos, en la mayoría de los Códigos de Procedimientos Penales todavía existe la previsión de la duplicidad hasta por 96 horas de la retención en casos de delincuencia organizada y solamente algunos tienen tipos de delincuencia organizada.
Eh, ayudaría desde luego, mucho, la homologación de Códigos Penales y creo que la desaparición de estas leyes de delincuencia organizada, que en realidad no se aplican, parece ser que se elaboraron únicamente con fines políticos, pero lo único que genera es desconcierto e inseguridad jurídica para el gobernado.
PREGUNTA: -Sí, porque, pues como ciudadano, eh, con todo respeto, muchas veces, eh, lo que quiero es que se esclarezcan los hechos, que se de con el culpable, que se atienda a la víctima y ya no, hoy esto es competencia federal y pues, como no es del fuero común a mí no me corresponde y te tienes que esperar a que lleguen las otras autoridades. Pues ojalá que esto que está en manos, para variar, de los legisladores en este país, también pueda avanzar ahora que se revise o ahora que se está llevando a cabo la reforma, eh, jurídica, en nuestro país, señor Subprocurador.
Y bueno, en relación a temas específicos ¿qué opina la SIEDO a su cargo y qué opina la Procuraduría General de la República de la posibilidad de negociar con los miembros del Ejército Popular Revolucionario?
NRM: No, Óscar Mario, la Procuraduría General de la República no es una instancia política de negociación, es un órgano del Estado Mexicano, al que se le ha encargado por disposición constitucional, la investigación y persecución de los delitos del orden federal. A nosotros nos queda muy claro que la finalidad intrínseca de la actividad terrorista, como la desplegada por los miembros del EPR, al detonar los artefactos explosivos, que no solamente dañaron de manera importante la infraestructura de los ductos de PEMEX.
Sino que también afectó directamente a la economía local y al medio ambiente, no accede al campo penal por su contenido más o menos radical de presunta reivindicación social o política, como ellos le llaman, sino porque su forma violenta de exteriorización ataca la propia unidad del ordenamiento estatal, quebrantando la exclusividad de los mecanismos constitucionales que deben encausarlos.
No se puede dar aprobación, como lo establece el Código Penal Federal a quienes utilizan medios violentos para realizar actos contra las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación, independientemente, Óscar Mario, de la causa o reivindicación de que se trate.
PREGUNTA: -Ahí, en otras palabras, la PGR, pues se dedica a investigar y no a negociar ¿no?
NRM: exactamente, Óscar Mario.
REGUNTA: -Bueno regresamos a platicar con el señor Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, señor Subprocurador otro de los temas interesantes del momento, eh, se mencionaba que son débiles las acusaciones en contra de la llamada Reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, que fue aprehendida el pasado viernes aquí en la capital de la República ¿cuál seria su punto de vista?
(NRM):
Yo no calificaría de débiles las imputaciones que existen en contra de Sandra Ávila Beltrán, en principio porque hay 2 resoluciones judiciales dictadas por jueces distintos y en el mismo sentido, en los cuales estos jueces valoraron y justipreciaron los elementos de prueba que fueron puestos a su consideración, por un lado se emitió una orden de detención provisional con fines de extradición hacía los Estados Unidos de América, por los delitos de asociación delictuosa e importación y posesión, con la intención de distribuir cocaína y por otro una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, independientemente de ello el Ministerio Público de la Federación cuenta con los recursos legales para impugnar las determinaciones que no les... que les sean desfavorables.
PREGUNTA: -Ahora ¿por qué no la encarcelaron en un penal federal? como lo ha pedido el gobierno del Distrito Federal en una cárcel de alta seguridad como se conoce también.
NRM: Oscar Mario, en primer lugar quiero dejar claro que no se trata de actos premeditados o de mala fe, solamente se trata de la cumplimentación de los mandamientos señalados y en segundo lugar debo destacar que en el último caso el ejercicio de la acción penal que le dio origen a la orden de aprehensión se realizó ante un juez con competencia en el lugar donde se ubica el Centro de Readaptación, el Centro Federal de Readaptación número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, juez que se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, a favor de un juez de distrito en el Distrito Federal, el cual aceptó la competencia y finalmente la razón fundamental, lo fue que desde el año 2001 ya no se ingresan mujeres a los penales de máxima seguridad por intervención en aquel entonces de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el caso más representativo lo fue el Gloria Arenas Agis, alias La Coronela, dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI y Felicitas Padilla Nava, quienes se encontraban recluidas en el CEFERESO número 1, por los delitos de terrorismo, sabotaje, acopio de armas de fuego, entre otros, habiendo sido trasladadas al penal de Neza Bordo, en Nezahualcoyotl, Estado de México.
PREGUNTA: -Entonces está prohibido que ingresen mujeres a los penales de alta seguridad.
NRM: Se considera que una mujer por muy alto grado de peligrosidad que tenga, no se requiere que esté en un penal de máxima seguridad.
PREGUNTA: -Somos más malos los hombres señor Subprocurador.
NRM: Yo creo que sí.
PREGUNTA: Oiga y bueno finalmente y gracias por su tiempo, el propio vicepresidente de Colombia ha dicho que agentes encubiertos de aquella nación sudamericana que están infiltrados en los carteles del narcotráfico ¿cuál sería su respuesta o su opinión?
NRM: No Oscar Mario, no existen, agentes encubiertos de Colombia en nuestro país en primero porque esta no es una decisión unilateral de un país y no puede realizar este tipo de actividades, este tipo de investigaciones en un país que no le corresponde, eh, el agente encubierto es la figura jurídica que corresponde a la infiltración de agentes en organizaciones delictivas y en nuestro país está previsto en el artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y para que un agente, un agente federal de investigación se infiltre en una organización es necesario se obtenga la autorización del Procurador General de la República y en todo caso de existir, en mi área tendría conocimiento de esta situación, pero no habría agentes trabajado en este país como agentes infiltrados, serían acciones de coordinación, de colaboración, acciones, operativos conjuntos para objetivos concretos, eh, con resultados no solamente en un país sino en diversos países estos es precisamente la delincuencia organizada trasnacional y este es un instrumento para su combate, el agente encubierto, pero no, no existen, reitero Oscar Mario, agentes encubiertos de Colombia trabajando en México.
PREGUNTA: -¿Cuál habrá sido entonces pues la intención del vicepresidente de Colombia? más bien pues un error de tipo... de comunicación política pues.
NRM: Sí, yo creo que de percepción, incluso él mencionó que había una comunicación estrecha cuando salían cargamentos de Colombia hacía acá y que nos daban aviso, en efecto así es, cuando ha salido algún cargamento y que ellos no tienen la oportunidad de detenerlo se nos avisa, se da aviso, a cualquier autoridad encargada de la seguridad pública en México a efecto de que participemos en su caso, en la detención de estos sujetos o en el seguimiento hasta su destino final del cargamento ya sea de droga, armas o dinero.
PREGUNTA: -Bueno y en el tema de los secuestros, le podría usted decir al auditorio cómo, cómo nos encontramos, si se está luchando contra este flagelo que afecta mucho a la sociedad en general y si estamos avanzando en su combate, señor Subprocurador.
NRM: Sí Oscar Mario, mira primero mi experiencia viene desde el 2003, que fui titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, en aquel entonces, desde el 2001 existía el Grupo de Planeación Estratégica para el Combate del Secuestro, eh, se tenía un control estadístico de los secuestros en toda la República, por un momento se dejó de llevar este control en virtud de que la incidencia delictiva del secuestro disminuyó, pero a últimas fechas no, eh, se ha aumentado este tipo de privaciones ilegales de libertad pero no por organizaciones que tradicionalmente se dedicaban al secuestro sino por organizaciones de narcotraficantes, lo que tradicionalmente se le ha dado en llamar levantones, pero que jurídicamente constituye una privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, hemos detectado que estas organizaciones al ver afectada su estructura logística, operativa y financiera han diversificado su actuación, dedicándose ahora al cobro de plaza a narcomenudistas, a traficantes de personas, indocumentados o cualquier otra actividad delictiva y no han dejado pasar la actividad del secuestro.
Por ello, en la pasada reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reactivo este grupo, de Planeación Estratégica para el Combate del Secuestro, pero reiteró, no porque se traten de organizaciones delictivas que se dediquen, de origen, o con esa o se hayan creado con esa finalidad sino porque la actuación del gobierno mexicano del narcotráfico ha sido contundente en el frente del narcotráfico y los hemos orillado a que se dediquen a otras actividades delictivas o como se le ha dado en llamar una involución criminal dedicándose a actividades que desarrollan organizaciones delictivas que no tenían esa experiencia.
PREGUNTA: -Pero es un renglón en el que ustedes están muy pendientes y que como sociedad podríamos estar tranquilos de que el combate va avanzando y vamos ganando pues.
NRM: Desde luego, hay una coordinación estrecha y puedo mencionar de que derivado de la últimas Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el 19 de abril del presente año, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General del Distrito Federal, la Procuraduría de Justicia Militar y las Procuradurías general de los 31 estados suscribieron un protocolo de colaboración para el combate a la delincuencia organizada y dentro de estos delitos se encuentra el secuestro. Este protocolo se basa en el principio de responsabilidad compartida, se llevan a cabo investigaciones coordinadas en el ámbito de sus respectivas competencias, sumando las capacidades operativas y logísticas.
Puedo mencionar que hay casos en los que las procuradurías de los estados han solicitado arraigos y como no tienen un lugar donde tener a esta personas detenidas, precisamente en el marco de esa cooperación, nosotros, eh, autorizamos que ingresen a estos detenidos al Centro de Arraigo que tenemos en esta ciudad de México.
PREGUNTA: -Bien, señor Subprocurador pues yo le agradezco mucho su tiempo y que bueno que la Procuraduría General de la República está muy pendiente de lo que era tan necesario combatir en este país en beneficio de más de 100 millones de mexicanos y que pues la delincuencia organizada se esté desorganizando en estos... a través de estos actos específicos que usted menciona, yo le apreció su disposición.
NRM: Al contrario, Oscar Mario, muy agradecido por esta oportunidad y estamos al pendiente de cualquier otra invitación Oscar Mario.
PREGUNTA: Gracias, gracias señor Subprocurador.
(NRM): Que estés muy bien.
PREGUNTA: Muy buen día, fue Noe Ramírez Mandujano, Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y bueno pues finalmente 500 millones de dólares que ofrecerá el gobierno de los Estados Unidos a México para la lucha contra el narcotráfico para que no empiecen a decir oye esto implica que lleguen tropas norteamericanas a México, por supuesto que no.
Este mismo jueves 4 de ocubre el Senado aprobó en votación económica el siguiente:
Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Procurador General de la República ante la Comisión de Justicia, para que informe sobre las determinaciones tomadas en cuanto al numerario asegurado al Señor Zhenli Ye Gon.
Dictamen de la Comisión de Justicia.
A N T E C E D E N T E S
I. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el viernes 18 de septiembre de 2007, el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la "PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE CITA A COMPARECER AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE INFORME SOBRE LAS DETERMINACIONES TOMADAS EN CUANTO AL DINERO DECOMISADO AL SEÑOR ZHENLI YE GON".
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que la propuesta con punto de acuerdo de referencia se turnara a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictamen correspondiente.
III. Ahora bien, en el caso particular, como se desprende de su propia denominación, se manifiesta el interés de estimular la intervención de la Cámara de Senadores, para que esta Colegisladora cite al C. Procurador General de la República, Lic. Eduardo Medina Mora-Icaza, a comparecer ante la Comisión de Justicia, a efecto de que ilustre al seno de la misma sobre las determinaciones tomadas en cuanto al numerario asegurado al C. Ye Gon.
IV. La proposición de mérito y el tema que en ella se contempla, no son desconocidos, es decir, tienen su antecedente en una diversa presentada por el propio legislador ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 8 de agosto del año en curso.

En esta última proposición, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, después de analizar las inquietudes implícitas en la misma, decidió solicitar al Procurador General de la República, un informe pormenorizado sobre las determinaciones tomadas en torno a los bienes pecuniarios asegurados al C. Zhenli Ye Gon, y las circunstancias bajo las cuales se realizó la declaratoria de abandono de estos bienes a favor del Estado, informe que, después de que fuera presentado, se citaría al Procurador General a comparecer ante esa Primera Comisión de Trabajo de la Permanente.
V. En ese orden de acontecimientos, con fecha 24 de agosto de 2007, el Procurador General de la República, remitió a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, el informe que ese órgano del Congreso de la Unión le solicitó el 15 de agosto de 2007, al aprobar el dictamen que se formuló con relación a la proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, el día 8 de agosto de 2007.
VI. Sin embargo, a pesar de la respuesta que el Procurador General de la República formuló a través del informe que envió a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con relación al acuerdo aprobado por esta última el 15 de agosto de 2007, la finalidad buscada con dicho acuerdo se cumplió sólo parcialmente, en virtud de la incomparecencia del señor Procurador por la terminación del Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

Bajo estas circunstancias, en el caso particular, se mantiene vigente el interés de citar al C. Procurador General de la República, Lic. Eduardo Medina Mora-Icaza, para que comparezca ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, a efecto de que ilustre al seno de la misma sobre las determinaciones tomadas en cuanto al numerario asegurado al C. Zhenli Ye Gon.
C O N S I D E R A C I O N E S
I. Vistos los antecedentes y las razones que dan sustento a la propuesta que se analiza, sin prejuzgar sobre la certeza de los hechos a que se refieren con relación a la forma en que actuaron las diversas autoridades implicadas en el manejo del dinero que le fue asegurado al C. Zhenli Ye Gon, es atendible la inquietud que se plantea en el sentido de exhortar al Procurador General de la República, para que comparezca ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, a dar respuesta a los diversos cuestionamientos que en la especie no quedaron satisfechos con el informe que el 24 de agosto de 2007, el propio servidor público remitió a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente.
II. Bajo estas circunstancias, y con fundamento, además, en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, disposición que autoriza a las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, a entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas, se solicita la intervención de la Cámara de Senadores, para que esta Colegisladora del Congreso de la Unión, cite al C. Procurador General de la República, Lic. Eduardo Medina Mora-Icaza, para que comparezca ante la Comisión de Justicia, a efecto de que ilustre al seno de la misma sobre las determinaciones tomadas en cuanto al numerario asegurado al C. Zhenli Ye Gon.
Por lo anteriormente expuesto, a juicio de quienes integran la Comisión de Justicia, la propuesta con punto de acuerdo presentada por el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se tiene por desahogada y, en consecuencia, con fundamento en los artículos 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para su Gobierno Interior, se somete a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO.- La Cámara de Senadores, en el marco del principio de división y colaboración de poderes, invita a comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Colegisladora del Congreso de la Unión, al Licenciado Eduardo Medina Mora-Icaza, Procurador General de la República, con la finalidad de que ilustre al seno de la misma sobre las determinaciones tomadas en cuanto al numerario asegurado al C. Zhenli Ye Gon.

Propuesta del Senador Rene Arce

Propuesta de Punto de Acuerdo del Senador Rene Arce(PRD, se presentará este jueves 4 de octubre en el Pleno del Senado:
PRIMERO.- Se exhorta a las dependencias federales y estatales competentes para que realicen las acciones necesarias, en el marco de sus respectivas atribuciones, para esclarecer la desaparición de las personas a que se ha referido el grupo armado que se adjudicó los ataques a las instalaciones de Pemex.
SEGUNDO.- En los términos del artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se propone crear una Comisión Conjunta de Diálogo con Grupos Armados, con la participación de las dos cámaras del Congreso de la Unión para atender los asuntos que se relacionen con los hechos violentos tanto de los grupos armados que se autodenominan revolucionarios como de otros factores de poder, con la finalidad de crear una mesa de diálogo que, conforme a la ConstituciónPolítica y en el marco de las instituciones del Estado mexicano, construya acuerdos para encontrar vías de solución a las demandas inmediatas y a las reivindicaciones sociales que plantean dichos grupos.

Fundamento de la propuesta
Los que suscribimos, Senadores y Senadoras de la LX Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente punto de acuerdo en atención a las consideraciones:
En nuestro país, a lo largo de su historia, se han dado condiciones de inequidad, desigualdad e injusticia sociales que han derivado en la construcción de organizaciones opositoras que abrasan distintas formas de lucha para expresar su inconformidad de sectores de la población.Una de estas expresiones ha sido la de grupos disidentes que se levantan en armas en contra del sistema constitucional establecido.
Desde hace más de cuatro décadas, se ha dado un proceso detransformaciones hacia una mayor apertura política que ha ido ensanchando los márgenes de participación ciudadana con la finalidad de permitir la incorporación de estos actores políticos y sociales a la vida pública del país. En su momento, las reformas políticas y las leyes de amnistía fueron importantes complementos para el proceso de incorporación a la lucha política institucional de muchos de los integrantes de aquellos grupos armados, sin embargo, han permanecido en la actividad clandestina diversas expresiones que tuvieron su origen en aquella época.
En los meses de julio y septiembre de este año, ductos de instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro, y en Veracruz y Tlaxcala, sufrieron atentados que han ocasionado pérdidas millonarias no sólo para la empresa estatal, sino para numerosas industrias. Estos hechos fueron reivindicados por un grupo armado mediante comunicados en los que exige la presentación de dos de sus compañeros que se encuentran desaparecidos.
Los antecedentes aquí mencionados dejan de manifiesto que ante los conflictos políticos y sociales vinculados con la existencia de grupos armados que han enarbolado legítimas causas sociales a lo largo de las cuatro últimas décadas, las fuerzas políticas hemos encontrado soluciones relevantes pero aún limitadas par atender las reivindicaciones planteadas en sus demandas. Estas soluciones políticas, si bien han abierto cauces para la participación institucional, no han generado los suficientes incentivos para que quienes han decidido continuar por esa vía se incorporen en forma definitiva a la lucha política a través de los cauces institucionales y dentro del marco constitucional, sin renunciar a sus programas políticos, en tanto sean realizables mediante la participación en la vida democrática del país.
En diversas ocasiones -al menos dos de ellas muy importantes- los poderes de la Unión han logrado establecer diálogos fructíferos con los grupos armados que en esos momentos actuaban en el país, lo que permitió que, en el marco de las instituciones, se tomaran decisiones jurídico-políticas trascendentes que propiciaron distensión y acuerdo entre el gobierno de la República y los autodenominados grupos revolucionarios y abrieron cauces para que diversas organizaciones políticas que se encontraban al margen de la competencia política institucional se integraran plenamente a ésta y se lograran avances en la construcción de una sociedad más justa.
No obstante los esfuerzos del Estado mexicano y de las fuerzas políticas que en su momento han integrado los órganos del poder público para encontrar soluciones de fondo a los conflictos vinculados con la lucha de los diversos grupos armados que existen y han existido en el país, y a pesar de la instrumentación de políticas encaminadas a transformar al país sobre la base de un desarrollo social incluyente, algunas de las demandas históricas de los movimientos sociales del país siguen vigentes.
Los avances en la construcción de un régimen democrático, el reconocimiento a nivel constitucional de un conjunto de derechos largamente anhelados por grupos sociales otrora marginados y la aplicación de políticas que permitan la reducción de las desigualdades sociales deben llevarnos a reconocer que los esfuerzos de las fuerzas políticas representadas en los órganos del Estado mexicano por encontrar salidas dignas y aceptables a los conflictos planteados por los grupos armados no han alcanzado todavía a amplios sectores de la población, y que siguen persistiendo en zonas de gran marginación cacicazgos que, apoyados en grupos paramilitares o fuerzas de seguridad formales, generan políticas represivas violatorias de derechos humanos y por ello, contrarias a soluciones de fondo.
A pesar del reconocimiento que todos los partidos políticos hacemos de los avances hacia una sociedad más democrática y justa a través del trabajo cotidiano de los poderes federales, estatales y municipales, es indudable que existen pequeños sectores de la sociedad que, con independencia de sus niveles de presencia territorial o representatividad en la nación, no se sienten representados por los órganos del Estado y han optado por continuar la confrontación con el gobierno mexicano.
Hay logros en la construcción de vías políticas para atender las demandas de los ciudadanos y garantizan la estabilidad y el crecimiento económico con igualdad de oportunidades; sin embargo, sigue persistiendo la impunidad y acciones violatorias a derechos humanos que nos obligan también a considerar la urgencia de atender demandas de justicia y reivindicaciones sociales aún no resueltas en el país, siempre con base en los instrumentos que nos otorgan la Constitución y las facultades de los poderes constituidos y a convenir un ejercicio de diálogo y concertación.
Los legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión hemos condenado decidida y enérgicamente hechos de violencia, vengan de donde vengan, que no abonan al esfuerzo de construir una nación más justa. Pero tampoco aporta al desarrollo del país y a la consolidación de nuestra democracia la ausencia de voluntad por encontrar cauces de diálogo aceptables por todas las partes involucradas en los hechos de violencia a que nos venimos refiriendo.Con ánimo constructivo y en la búsqueda de acuerdos que otorguen garantías para la reconciliación y la solución de las demandas de todas las partes, lo hasta aquí planteado nos lleva a proponer la creación inmediata de una vía institucional de diálogo entre el Poder Legislativo de la Unión y los grupos armados que se han manifestado en el país en las últimas semanas.
Esta vía de entendimiento deberá contribuir a generar:
Las condiciones mínimas para el diálogo sobre la base del esclarecimiento inmediato de la desaparición de las dos personas presuntamente vinculadas con un grupo armado y que han provocado los ataques contra instalaciones de Pemex.
El cese de los todos los actos violentos provocados por los grupos armados que demanden la presentación de las personas desaparecidas o cualquier otra reivindicación social; así como de la violencia de poderes institucionales o fácticos que abonan a la crispación social.
Las condiciones necesarias y adecuadas, con garantías suficientes para todas las partes, para iniciar un diálogo tendente a la construcción de acuerdos para solucionar, en el marco de la Constitución General de la República y de los poderes constituidos, las demandas actuales y los rezagos sociales que reivindican los grupos armados.
La construcción de una instancia de diálogo incluyente en el que intervengan los poderes del Estado y todos los actores políticos y sociales involucrados.

Hoy es Jueves Santo, fin de la Cuaresma

Hoy es jueves Santo... Y aunque la semana Santa comienza el domingo de Ramos, el jueves es sagrado, grande, puro; es el día clave, que marca...