Entrevista / Las debilidades del Cisen/Ernesto Núñez, reportero
Jorge Tello Peón, David Robillard y Raúl Benítez Manaut. Panel.
Seguridad nacional. Un ex director del Cisen; el gerente de Kroll México, una de las consultorías más prestigiadas en seguridad, y un especialista en Fuerzas Armadas analizan el estado de los sistemas de inteligencia
Suplemento Enfoque de Reforma, 23 septiembre 2007;
Los ataques del Ejército Popular Revolucionario a instalaciones de Petróleos Mexicanos constituyen una escalada en el nivel de amenaza de los grupos armados en México, y pusieron en evidencia las deficiencias del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Ante esto, las instancias gubernamentales encargadas de la seguridad e inteligencia deben actuar con mayor coordinación y eficacia. Esta ofensiva del EPR es una oportunidad para revisar el estado en que se encuentra el Cisen, su eficacia, sus trabas burocráticas y su actuación en relación con otras instituciones.
23 sept 2007
Procesar el pasado
Entrevista / Eduardo González / Procesar el pasado/Laurence Pantin
Para Eduardo González, especialista en procesos de justicia transicional, el gobierno no puede argumentar que cumplió su obligación de hacer justicia, con la fallida experiencia de la Femospp
Suplemento Enfoque de Reforma, 23 septiembre 2007;
Dar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante un periodo de autoritarismo es fundamental para que un país pueda consolidar su democracia, estima Eduardo González, experto del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG que asiste a países que buscan establecer responsabilidades por atrocidades o abusos ocurridos durante un régimen represivo.
Ya que la democracia se basa en la promesa de la igualdad y de la participación, si un gobierno democrático niega la justicia a las víctimas del régimen autoritario que lo precedió pierde legitimidad, pues demuestra que da más importancia a la tranquilidad de los criminales que al sufrimiento de las víctimas. Además, según González, la impunidad abre la posibilidad de que se repita este tipo de violaciones.
El investigador advierte que México enfrenta un reto especial, ya que las desapariciones forzadas no solamente son un problema del pasado lejano, sino que la criminalización de los movimientos sociales persiste.
Desde su punto de vista, los recientes ataques terroristas del Ejército Popular Revolucionario se explican en parte por este contexto, ya que el gobierno deja la posibilidad a los miembros del EPR de "justificar" sus actos con la desaparición forzada de sus compañeros.
González, cuya organización realizó un análisis del desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, considera que ésta dejó mucho qué desear y que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de dar justicia a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares. Estima que es urgente que el Estado repare el daño y haga justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
-¿Qué es la justicia transicional?
-El término justicia transicional es el resultado -del encuentro entre dos disciplinas muy distintas, por un lado la ciencia política, que estudia las transiciones a la democracia, y por el otro lado, el derecho internacional, que plantea cuáles son los mínimos a los que se han comprometido los Estados con respecto a los derechos de sus ciudadanos.
En todas las situaciones de transición o de pacto de paz existe un cierto elemento de negociación política. Si tienes una negociación de paz, ciertamente los negociadores buscan ponerle fin al conflicto, pero también se intercambian seguridades, con la certeza de que no van a afectar sus posiciones de poder luego del pacto. En esa situación, quien puede resultar perdiendo son las víctimas porque las víctimas no tienen poder político. Los pactos de transición o de paz conducen a un reacomodo del poder político entre quienes están alrededor de la mesa, pero no quienes están fuera de la mesa.
La justicia transicional es la disciplina que estudia cómo, en esas condiciones de transición política, las distintas sociedades enfrentan el tema del pasado a través de acciones concretas como la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia penal, la reparación del daño y las políticas de no repetición.
-¿Por qué es importante recordar?
-Un efecto directo de no enfrentar el pasado y de dejar que la impunidad funcione es hacer que quienes han cometido abusos aprendan que los pueden seguir cometiendo. La impunidad genera repetición de la violencia. Si digo, luego de un conflicto, que voy a amnistiar a todos los criminales, mi mensaje es que la seguridad y la tranquilidad de esos criminales -de no ser arrestados, de no tener ningún problema legal- es más importante que la tranquilidad de esas víctimas, que nunca van a encontrar al ser querido que ha sido desaparecido. No puedes crear una sociedad igualitaria, democrática, si el primer paso que estás dando es decir que no hay igualdad. De alguna manera, daña las bases éticas de lo que tiene que ser la transición democrática.
Si no hay base ética para la democracia, la pregunta clara del público es: "Entonces, yo ¿para qué luché?" El gran dilema de la justicia transicional es que has pedido a la población que se comprometa activamente en la lucha por la democracia porque has prometido que la democracia iba a ser distinta de la dictadura, distinta al autoritarismo. Si al día siguiente de la democracia la realidad es exactamente la misma, entonces el nuevo régimen democrático pierde legitimidad inmediatamente. Un régimen autoritario no necesita legitimidad, se sostiene sobre la violencia. Un régimen democrático, sí, necesita legitimidad.
-En el caso mexicano, no todas las víctimas de desapariciones forzadas tenían reivindicaciones por la democracia...
-Eran movimientos ideológicos, en una época de auge de políticas socialistas, movimientos de izquierda, movimientos guerrilleros, rebeldes, etcétera. Pero no creo que ésa sea la diferencia con México. La diferencia es que México no tiene un régimen militar formal como tuvo el resto de América Latina, pero sí tiene un régimen autoritario donde un solo partido tiene la posibilidad real de mantenerse en el poder. La particularidad de esa situación es que ese partido es capaz de manejar los tiempos de la transición de una manera larga y controlada.Eso le plantea a México un reto muy especial. En México no se trata, cuando se habla de justicia transicional, de solamente un tema del pasado lejano, del pasado remoto. No se trata nada más de los casos sonados de Tlatelolco, 1968 y 1971 -esos casos son importantísimos, son paradigmáticos-, se trata también de toda la criminalización y la represión de los movimientos sociales que han ocurrido por décadas. De alguna manera, persisten ciertas formas de relación entre el movimiento social y el Estado de mucha violencia, de mucha represión.
-Dijo que si la gente piensa que no hay justicia, de cierto modo es muy difícil que apoye la democracia. ¿No es lo que pasa en México?
-Claro. ¿Cuál es la percepción de cambio que tiene que haber? Todo régimen político hace una promesa. Los regímenes autoritarios dan la promesa de estabilidad, tranquilidad, seguridad. Y si no te la dan, se caen. La democracia hace una promesa muy concreta: igualdad, inclusión, participación. Si lo primero que hace el régimen democrático es negar la igualdad, facilitando que unos puedan vivir con sus crímenes tranquilos, mientras otros siguen sufriendo, evidentemente estás negando de entrada el presupuesto de lo que quieres construir. La democracia, a diferencia de otros regímenes, necesita la participación ciudadana activa. Si los ciudadanos se abstienen de participar en política, si los ciudadanos no se interesan en la cosa pública, el régimen democrático se seca, se queda sin apoyo real.
- En el caso mexicano, ¿existe un riesgo de que la democracia se seque?
-En México la aspiración de un régimen auténticamente democrático ha sido un mito movilizador de la sociedad por décadas. Entonces, si lo que ocurre en el régimen democrático no satisface esas expectativas, si por el contrario da la señal de que el compromiso político con la justicia no es realmente tan serio como se suponía, evidentemente eso causa una gran decepción y eso causa dos riesgos realmente muy graves.Primer riesgo: la idealización del pasado autoritario, la idea de que como la democracia no cumple, entonces hay que idealizar el pasado. Y el segundo riesgo, por el lado más radical: que como la democracia no cumple, entonces hay que irse por fuera de la democracia y entonces vienen las actitudes violentas, la ruptura del Estado de derecho.
-¿Entra el resurgimiento del EPR en este esquema?
-Hay algún tipo de relación. Me parece una cosa realmente peligrosa y realmente dramática que algunos de los atentados recientes se justifiquen en la supuesta desaparición forzada de miembros de este grupo. Para comenzar, no existe justificación alguna para la violencia, pero no es posible que un régimen democrático permita que este tipo de cosas se constituyan un pretexto para la violencia. Porque si hay una desaparición forzada denunciada, lo que cabría es investigarla y eso, evidentemente, niega pretextos a los violentos. Los violentos no necesitan pretextos, los violentos van a utilizar la violencia, pero hay que negarles esos pretextos.
- Su organización hizo un informe sobre el desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?
-En general el balance de la Femospp deja mucho qué desear. Lamentablemente, hubo problemas de diversa índole que han resultado en una frustración de la población mexicana y de las víctimas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación y recuperación de restos de personas desa- parecidas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación de responsabilidades penales y no se ha avanzado tampoco en publicitar una narrativa histórica que explique a los mexicanos del siglo XXI por qué y de qué manera ocurrieron estos abusos en el pasado. Entonces no cabe que el Estado mexicano piense que, con una experiencia fallida como ésta, ha cumplido ya con su obligación.
-Concretamente, ¿por qué falló la fiscalía?
-En primer lugar, hay un problema de diseño. La pretensión de crear una sola institución que haga al mismo tiempo una investigación penal y una investigación histórica resultó en detrimento de la investigación histórica. En segundo lugar, una cosa muy grave es que todo ese proceso adoleció de una gran falta de comunicación con la sociedad y en particular con las víctimas. Si las víctimas no se apropian del instrumento, si no tienen una participación real en las investigaciones, entonces cualquier investigación va a perder fuentes importantísimas de información, pero también va a perder legitimidad y credibilidad.
- ¿También hubo fallas en las estrategias penales?
-Claro. La fiscalía tenía un mandato muy amplio de investigación y ese mandato lamentablemente, en el imaginario final de la sociedad mexicana, queda centrado en algunos cuantos casos paradigmáticos, es decir, en algunas acusaciones específicas como el tema del genocidio. Pero lo que no queda completamente claro en la estrategia de la fiscalía es que se trata de perseguir, no crímenes específicos o puntuales, sino crímenes de sistema, donde había un patrón concreto, generalizado, sistemático de perpetración de violaciones de derechos humanos. Ésa es una pobreza del enfoque jurídico de la fiscalía.
-Por último, no hay señales concretas de que el Estado esté haciendo un seguimiento serio al legado de esta fiscalía.
- Por más que en general el balance sea negativo, igual allí hay un informe histórico, hay investigaciones concretas que se tienen que hacer, hay casos concretos que se tienen que continuar investigando y no hay señal concreta de que el Estado en efecto los esté abordando.
-¿Qué hubiera permitido una comisión de la verdad?
-Nosotros como centro no pensamos que hay un tipo de institución que sea una especie de respuesta automática a los problemas. Las comisiones de la verdad tienen ciertas potencialidades muy importantes y también una serie de limitaciones. Lo que ocurre es que, a la luz de las debilidades de la fiscalía, todo el mundo piensa que la comisión de la verdad hubiera sido una respuesta correcta. Pero una comisión de la verdad que no se hubiera comunicado con la sociedad civil, que no hubiera tenido los recursos ni el apoyo político, tal como ocurrió con la fiscalía, también hubiera fracasado. El problema no es realmente el mecanismo, es la forma en que el mecanismo funciona.
-La pregunta interesante, hoy, sería: ¿vale la pena hacer una comisión de la verdad? Vale la pena recuperar la verdad, porque la verdad es una deuda que México se tiene consigo mismo. ¿Podría contribuir a eso una comisión de la verdad?
-Posiblemente.
-En México, ¿no es demasiado tarde para hacer eso?
-No solamente no es demasiado tarde, es absolutamente urgente. Existe, en primer lugar, una obligación legal de México, pero, en segundo lugar, existe una urgencia de la democracia mexicana de mantener, seguir sustentando y fortalecer su legitimidad moral, demostrar su superioridad sobre todo tipo de autoritarismo, sobre todo tipo de "violentismo", más aún cuando existe el reto de la violencia.
-En este caso, ¿tendría que pedir perdón el Estado mexicano?
-Una de las cosas que hizo el presidente Fox fue reconocer que el Estado mexicano tenía responsabilidad por una serie de violaciones de derechos humanos. Se hicieron algunas cosas en aquella administración que eran consistentes con ese reconocimiento, como por ejemplo la desclasificación de archivos. Los pedidos de perdón estatales son una cosa importante, pero creo que no basta con el acto declaratorio de pedir perdón puntualmente, formalmente. Para pedir perdón de una manera real, uno tiene que decir por qué se está pidiendo perdón. Lo que esto significa es que uno tiene que reconstruir la memoria. En segundo lugar, si uno realmente pide perdón, tiene que comprometerse a que lo que ocurrió no va a ocurrir de nuevo. De otra manera, el pedido de perdón no es completo. Entonces, un Estado que pide perdón también tiene que implementar políticas de no repetición.
Conózcalo
Eduardo González
Nació en Trujillo, Perú, en 1967. Asociado principal del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG con sede en Nueva York y fundada en 2001 por Alex Boraine, ex vicepresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica.
Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la New School for Social Research de Nueva York.
Antes de integrarse al equipo del Centro Internacional para la Justicia Transicional, trabajó para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, donde era responsable de las audiencias públicas y de la protección de las víctimas y de los testigos.
Para Eduardo González, especialista en procesos de justicia transicional, el gobierno no puede argumentar que cumplió su obligación de hacer justicia, con la fallida experiencia de la Femospp
Suplemento Enfoque de Reforma, 23 septiembre 2007;
Dar justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante un periodo de autoritarismo es fundamental para que un país pueda consolidar su democracia, estima Eduardo González, experto del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG que asiste a países que buscan establecer responsabilidades por atrocidades o abusos ocurridos durante un régimen represivo.
Ya que la democracia se basa en la promesa de la igualdad y de la participación, si un gobierno democrático niega la justicia a las víctimas del régimen autoritario que lo precedió pierde legitimidad, pues demuestra que da más importancia a la tranquilidad de los criminales que al sufrimiento de las víctimas. Además, según González, la impunidad abre la posibilidad de que se repita este tipo de violaciones.
El investigador advierte que México enfrenta un reto especial, ya que las desapariciones forzadas no solamente son un problema del pasado lejano, sino que la criminalización de los movimientos sociales persiste.
Desde su punto de vista, los recientes ataques terroristas del Ejército Popular Revolucionario se explican en parte por este contexto, ya que el gobierno deja la posibilidad a los miembros del EPR de "justificar" sus actos con la desaparición forzada de sus compañeros.
González, cuya organización realizó un análisis del desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, considera que ésta dejó mucho qué desear y que el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de dar justicia a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares. Estima que es urgente que el Estado repare el daño y haga justicia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
-¿Qué es la justicia transicional?
-El término justicia transicional es el resultado -del encuentro entre dos disciplinas muy distintas, por un lado la ciencia política, que estudia las transiciones a la democracia, y por el otro lado, el derecho internacional, que plantea cuáles son los mínimos a los que se han comprometido los Estados con respecto a los derechos de sus ciudadanos.
En todas las situaciones de transición o de pacto de paz existe un cierto elemento de negociación política. Si tienes una negociación de paz, ciertamente los negociadores buscan ponerle fin al conflicto, pero también se intercambian seguridades, con la certeza de que no van a afectar sus posiciones de poder luego del pacto. En esa situación, quien puede resultar perdiendo son las víctimas porque las víctimas no tienen poder político. Los pactos de transición o de paz conducen a un reacomodo del poder político entre quienes están alrededor de la mesa, pero no quienes están fuera de la mesa.
La justicia transicional es la disciplina que estudia cómo, en esas condiciones de transición política, las distintas sociedades enfrentan el tema del pasado a través de acciones concretas como la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia penal, la reparación del daño y las políticas de no repetición.
-¿Por qué es importante recordar?
-Un efecto directo de no enfrentar el pasado y de dejar que la impunidad funcione es hacer que quienes han cometido abusos aprendan que los pueden seguir cometiendo. La impunidad genera repetición de la violencia. Si digo, luego de un conflicto, que voy a amnistiar a todos los criminales, mi mensaje es que la seguridad y la tranquilidad de esos criminales -de no ser arrestados, de no tener ningún problema legal- es más importante que la tranquilidad de esas víctimas, que nunca van a encontrar al ser querido que ha sido desaparecido. No puedes crear una sociedad igualitaria, democrática, si el primer paso que estás dando es decir que no hay igualdad. De alguna manera, daña las bases éticas de lo que tiene que ser la transición democrática.
Si no hay base ética para la democracia, la pregunta clara del público es: "Entonces, yo ¿para qué luché?" El gran dilema de la justicia transicional es que has pedido a la población que se comprometa activamente en la lucha por la democracia porque has prometido que la democracia iba a ser distinta de la dictadura, distinta al autoritarismo. Si al día siguiente de la democracia la realidad es exactamente la misma, entonces el nuevo régimen democrático pierde legitimidad inmediatamente. Un régimen autoritario no necesita legitimidad, se sostiene sobre la violencia. Un régimen democrático, sí, necesita legitimidad.
-En el caso mexicano, no todas las víctimas de desapariciones forzadas tenían reivindicaciones por la democracia...
-Eran movimientos ideológicos, en una época de auge de políticas socialistas, movimientos de izquierda, movimientos guerrilleros, rebeldes, etcétera. Pero no creo que ésa sea la diferencia con México. La diferencia es que México no tiene un régimen militar formal como tuvo el resto de América Latina, pero sí tiene un régimen autoritario donde un solo partido tiene la posibilidad real de mantenerse en el poder. La particularidad de esa situación es que ese partido es capaz de manejar los tiempos de la transición de una manera larga y controlada.Eso le plantea a México un reto muy especial. En México no se trata, cuando se habla de justicia transicional, de solamente un tema del pasado lejano, del pasado remoto. No se trata nada más de los casos sonados de Tlatelolco, 1968 y 1971 -esos casos son importantísimos, son paradigmáticos-, se trata también de toda la criminalización y la represión de los movimientos sociales que han ocurrido por décadas. De alguna manera, persisten ciertas formas de relación entre el movimiento social y el Estado de mucha violencia, de mucha represión.
-Dijo que si la gente piensa que no hay justicia, de cierto modo es muy difícil que apoye la democracia. ¿No es lo que pasa en México?
-Claro. ¿Cuál es la percepción de cambio que tiene que haber? Todo régimen político hace una promesa. Los regímenes autoritarios dan la promesa de estabilidad, tranquilidad, seguridad. Y si no te la dan, se caen. La democracia hace una promesa muy concreta: igualdad, inclusión, participación. Si lo primero que hace el régimen democrático es negar la igualdad, facilitando que unos puedan vivir con sus crímenes tranquilos, mientras otros siguen sufriendo, evidentemente estás negando de entrada el presupuesto de lo que quieres construir. La democracia, a diferencia de otros regímenes, necesita la participación ciudadana activa. Si los ciudadanos se abstienen de participar en política, si los ciudadanos no se interesan en la cosa pública, el régimen democrático se seca, se queda sin apoyo real.
- En el caso mexicano, ¿existe un riesgo de que la democracia se seque?
-En México la aspiración de un régimen auténticamente democrático ha sido un mito movilizador de la sociedad por décadas. Entonces, si lo que ocurre en el régimen democrático no satisface esas expectativas, si por el contrario da la señal de que el compromiso político con la justicia no es realmente tan serio como se suponía, evidentemente eso causa una gran decepción y eso causa dos riesgos realmente muy graves.Primer riesgo: la idealización del pasado autoritario, la idea de que como la democracia no cumple, entonces hay que idealizar el pasado. Y el segundo riesgo, por el lado más radical: que como la democracia no cumple, entonces hay que irse por fuera de la democracia y entonces vienen las actitudes violentas, la ruptura del Estado de derecho.
-¿Entra el resurgimiento del EPR en este esquema?
-Hay algún tipo de relación. Me parece una cosa realmente peligrosa y realmente dramática que algunos de los atentados recientes se justifiquen en la supuesta desaparición forzada de miembros de este grupo. Para comenzar, no existe justificación alguna para la violencia, pero no es posible que un régimen democrático permita que este tipo de cosas se constituyan un pretexto para la violencia. Porque si hay una desaparición forzada denunciada, lo que cabría es investigarla y eso, evidentemente, niega pretextos a los violentos. Los violentos no necesitan pretextos, los violentos van a utilizar la violencia, pero hay que negarles esos pretextos.
- Su organización hizo un informe sobre el desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?
-En general el balance de la Femospp deja mucho qué desear. Lamentablemente, hubo problemas de diversa índole que han resultado en una frustración de la población mexicana y de las víctimas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación y recuperación de restos de personas desa- parecidas. No se ha avanzado de manera sustantiva en la identificación de responsabilidades penales y no se ha avanzado tampoco en publicitar una narrativa histórica que explique a los mexicanos del siglo XXI por qué y de qué manera ocurrieron estos abusos en el pasado. Entonces no cabe que el Estado mexicano piense que, con una experiencia fallida como ésta, ha cumplido ya con su obligación.
-Concretamente, ¿por qué falló la fiscalía?
-En primer lugar, hay un problema de diseño. La pretensión de crear una sola institución que haga al mismo tiempo una investigación penal y una investigación histórica resultó en detrimento de la investigación histórica. En segundo lugar, una cosa muy grave es que todo ese proceso adoleció de una gran falta de comunicación con la sociedad y en particular con las víctimas. Si las víctimas no se apropian del instrumento, si no tienen una participación real en las investigaciones, entonces cualquier investigación va a perder fuentes importantísimas de información, pero también va a perder legitimidad y credibilidad.
- ¿También hubo fallas en las estrategias penales?
-Claro. La fiscalía tenía un mandato muy amplio de investigación y ese mandato lamentablemente, en el imaginario final de la sociedad mexicana, queda centrado en algunos cuantos casos paradigmáticos, es decir, en algunas acusaciones específicas como el tema del genocidio. Pero lo que no queda completamente claro en la estrategia de la fiscalía es que se trata de perseguir, no crímenes específicos o puntuales, sino crímenes de sistema, donde había un patrón concreto, generalizado, sistemático de perpetración de violaciones de derechos humanos. Ésa es una pobreza del enfoque jurídico de la fiscalía.
-Por último, no hay señales concretas de que el Estado esté haciendo un seguimiento serio al legado de esta fiscalía.
- Por más que en general el balance sea negativo, igual allí hay un informe histórico, hay investigaciones concretas que se tienen que hacer, hay casos concretos que se tienen que continuar investigando y no hay señal concreta de que el Estado en efecto los esté abordando.
-¿Qué hubiera permitido una comisión de la verdad?
-Nosotros como centro no pensamos que hay un tipo de institución que sea una especie de respuesta automática a los problemas. Las comisiones de la verdad tienen ciertas potencialidades muy importantes y también una serie de limitaciones. Lo que ocurre es que, a la luz de las debilidades de la fiscalía, todo el mundo piensa que la comisión de la verdad hubiera sido una respuesta correcta. Pero una comisión de la verdad que no se hubiera comunicado con la sociedad civil, que no hubiera tenido los recursos ni el apoyo político, tal como ocurrió con la fiscalía, también hubiera fracasado. El problema no es realmente el mecanismo, es la forma en que el mecanismo funciona.
-La pregunta interesante, hoy, sería: ¿vale la pena hacer una comisión de la verdad? Vale la pena recuperar la verdad, porque la verdad es una deuda que México se tiene consigo mismo. ¿Podría contribuir a eso una comisión de la verdad?
-Posiblemente.
-En México, ¿no es demasiado tarde para hacer eso?
-No solamente no es demasiado tarde, es absolutamente urgente. Existe, en primer lugar, una obligación legal de México, pero, en segundo lugar, existe una urgencia de la democracia mexicana de mantener, seguir sustentando y fortalecer su legitimidad moral, demostrar su superioridad sobre todo tipo de autoritarismo, sobre todo tipo de "violentismo", más aún cuando existe el reto de la violencia.
-En este caso, ¿tendría que pedir perdón el Estado mexicano?
-Una de las cosas que hizo el presidente Fox fue reconocer que el Estado mexicano tenía responsabilidad por una serie de violaciones de derechos humanos. Se hicieron algunas cosas en aquella administración que eran consistentes con ese reconocimiento, como por ejemplo la desclasificación de archivos. Los pedidos de perdón estatales son una cosa importante, pero creo que no basta con el acto declaratorio de pedir perdón puntualmente, formalmente. Para pedir perdón de una manera real, uno tiene que decir por qué se está pidiendo perdón. Lo que esto significa es que uno tiene que reconstruir la memoria. En segundo lugar, si uno realmente pide perdón, tiene que comprometerse a que lo que ocurrió no va a ocurrir de nuevo. De otra manera, el pedido de perdón no es completo. Entonces, un Estado que pide perdón también tiene que implementar políticas de no repetición.
Conózcalo
Eduardo González
Nació en Trujillo, Perú, en 1967. Asociado principal del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una ONG con sede en Nueva York y fundada en 2001 por Alex Boraine, ex vicepresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica.
Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la New School for Social Research de Nueva York.
Antes de integrarse al equipo del Centro Internacional para la Justicia Transicional, trabajó para la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, donde era responsable de las audiencias públicas y de la protección de las víctimas y de los testigos.
Memorias de un fiscal Ignacio Carrillo Prieto (i)
Una historia y algunos cuentos (I)/ Ignacio Carrillo Prieto
Testimonio. Memorias de un fiscal. (Primera de tres entregas)
Publicado en el Suplemento Enfoque, de Reforma, 23 septiembre 2007;
Hoy se cumplen 42 años del ataque al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, hecho precursor de luchas sociales y del surgimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que llegó a ser el principal grupo guerrillero en México, combatido por el gobierno mediante la Guerra Sucia de los setenta. El reclamo por la desaparición forzada de los integrantes de ése y otros grupos, la demanda de esclarecimiento de hechos como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y el "halconazo" de 1971 derivaron en la promesa hecha por Vicente Fox de hacer justicia y cerrar ese capítulo negro de la historia.
El encargado de esa tarea fue Ignacio Carrillo Prieto, quien escribe en exclusiva algunas memorias de su paso por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
A Raúl Álvarez Garín.
Vengo a relatarles algunas cosas que ocurrieron y a retratar a las personas principales que actuaron en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para dejar testimonio de lo que hicimos y de lo que no hicimos en aquella vapuleada fiscalía.
Una historia.
Testimonio. Memorias de un fiscal. (Primera de tres entregas)
Publicado en el Suplemento Enfoque, de Reforma, 23 septiembre 2007;
Hoy se cumplen 42 años del ataque al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, hecho precursor de luchas sociales y del surgimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que llegó a ser el principal grupo guerrillero en México, combatido por el gobierno mediante la Guerra Sucia de los setenta. El reclamo por la desaparición forzada de los integrantes de ése y otros grupos, la demanda de esclarecimiento de hechos como la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y el "halconazo" de 1971 derivaron en la promesa hecha por Vicente Fox de hacer justicia y cerrar ese capítulo negro de la historia.
El encargado de esa tarea fue Ignacio Carrillo Prieto, quien escribe en exclusiva algunas memorias de su paso por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
A Raúl Álvarez Garín.
Vengo a relatarles algunas cosas que ocurrieron y a retratar a las personas principales que actuaron en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para dejar testimonio de lo que hicimos y de lo que no hicimos en aquella vapuleada fiscalía.
Una historia.
¡No culpen a la religión!
El papel de la religión en la sociedad internacional
ROMA, domingo, 23 septiembre 2007 (ZENIT.org).- En medio del estruendo causado por algunos libros que atacan la religión, uno de las acusaciones más frecuentes que se hace a la fe es que fomenta el conflicto político. Es cierto que no se puede negar que la religión es, en ocasiones, un factor que provoca disensión. Pero, por otro lado, puede también ser una poderosa fuerza para el bien tanto en la política nacional como en la internacional.
Un estudio publicado en julio por el «Center for Strategic and International Studies» (CSIS), con sede en Washington, presenta interesante un punto de vista sobre la interacción entre factores relacionados con la fe y la política exterior de los Estados Unidos.
El informe se titula «Mixed Blessings: Government Engagement With Religion in Conflict Prone Settings» («Mezcla de Bendiciones: La Implicación del Gobierno con la Religión en sus Posiciones ante los Conflictos). Comienza observando que las organizaciones de base religiosa han jugado un papel importante en la determinación de la política exterior de los Estados Unidos en países como Sudán y China. Además, los terroristas con motivaciones religiosas han amenazado la seguridad, y los Estados Unidos también están implicados en países como Irak y Afganistán, donde la religión es un factor crítico.
A pesar de la importancia de la religión, en general ha habido un error de comprensión de su papel –un error que ha obstaculizado la política de Estados Unidos, comenta el CSIS– hasta el punto de dañar la seguridad nacional del país.
Estas insuficiencias tienen su origen en diversas causas, según el informe.
-- Los funcionarios del gobierno suelen ser remisos a la hora de tratar el tema de la religión. Muchos en el gobierno ven la religión como un tema peligroso y de división que es mejor dejar fuera de los análisis.
-- La forma oficial de acercamiento a la religión es estrecha, acercándose a menudo a las religiones como fuerzas problemáticas o monolíticas; acentuando un análisis del Islam enfocado en el terrorismo y en ocasiones marginando la religión como un tema cultural y humanitario periférico.
-- La capacidad institucional para comprender y acercarse a la religión se ve limitada por restricciones legales, falta de preparación religiosa y falta de estructuras capaces de tratar los grupos y líderes religiosos.
Paz y conflicto
La mayor parte del informe se dedica a analizar cómo trata el gobierno de los Estados Unidos la religión en sus relaciones exteriores. Sin embargo, también trata cuestiones relacionadas con la religión como fuente o solución de las tensiones.
La religión, precisa el informe, puede ser un factor que agrave los conflictos de varias formas. Estas incluyen las tensiones que provoca entre las comunidades religiosas, la represión de grupos religiosos minoritarios y el conflicto entre el gobierno y los grupos religiosos por el control del estado.
En el lado positivo, el CSIS sostiene que los grupos y líderes religiosos con frecuencia pueden ser diplomáticos eficaces debido a su credibilidad dentro de las comunidades locales. Esto puede darles lo que el informe denomina una «capacidad única para impulsar la reconciliación entre las partes en conflicto». Un caso citado por el estudio como ejemplo es la Comunidad de San Egidio, que ha jugado un papel eficaz en la resolución del conflicto en Mozambique.
Además, la religión puede ayudar a sanar a las personas y a las comunidades tras los conflictos y proporcionar un lugar donde arreglar los agravios y donde discutir cómo lograr una mayor tolerancia.Otra forma con la que contribuye la religión a las comunidades es a través de la ayuda a los pobres. Las obras de caridad llevadas a cabo por muchas comunidades religiosas suelen jugar un papel vital en el desarrollo de las naciones en desarrollo.
El informe observa, por ejemplo, que más de la mitad de los hospitales de África están gestionados por organizaciones religiosas.En algunos países las agencias del gobierno de los Estados Unidos proporcionan ayuda en asociadas a grupos religiosos. Un ejemplo de trabajo conjunto se puede ver en Burundi, donde una agencia de los Estados Unidos trabaja con «Catholic Relief Services» para impulsar el establecimiento de una comisión por la paz y la reconciliación, que comprenda miembros de diversas orientaciones étnicas y religiosas.
Hasta ahora casi toda la ayuda del gobierno se ha canalizado a través de organizaciones cristianas. De los 1.700 millones de dólares que han ido a organizaciones religiosas de 2001 a 2005, el 98% fueron a organizaciones cristianas.
Perspectiva espiritual
Un artículo del pasado 14 de mayo en la revista «Weekly Standard» de John J. Dilulio Jr, quien fue en 2001 primer director de la Oficina de Iniciativas Religiosas y Comunitarias de la Casa Blanca, presentaba otra visión de la relación entre religión y política exterior de los Estados Unidos. El título de su artículo es «Spiritual politique».
Desde Brasil a Belice y desde Beirut a Boston –comentaba-- «la religión en cientos de formas y en miles de modos diversos ha sobrevivido a la ‘modernidad’ y a la ‘posmodernidad’».
Dilulio explicaba que, con el término ‘spiritual politique’, se refiere a una visión de la religión que tiene en cuenta su significativo poder para modificar la política dentro y entre las naciones. También quiere expresar con él una comprensión de la religión no como algo que está en conflicto con la modernidad, sino como algo predicado y practicado por mucha gente.
Es necesario que nos percatemos, incluso en las democracias estables, comentaba Dilulio, que las diferencias religiosas juegan un importante papel. En países donde la democracia y la normalidad constitucional están todavía en proceso de formación, la religión puede ser un factor de complicaciones para lograr la unidad nacional.Recomendaba, por tanto, que los funcionarios del gobierno despertaran y prestaran mucha más atención al papel de la religión y su impacto en la política mundial.
La religión en acción
Una consideración más amplia del impacto de la religión en los conflictos es la que presenta un libro publicado a principios de año con el título «Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution» («Pacificadores en Acción: Perfiles de la Religión en la Resolución de Conflictos»). El libro, una colección de ensayos editada por David Little, trata del estudio de algunos casos de figuras religiosas que han ayudado a promover la paz.El útil capítulo final de Little presenta algunas conclusiones que pueden deducirse de los perfiles del libro. Anima a los lectores a evitar dos simplificaciones. La primera es que la religión como mejor se puede considerar es como violencia o lucha de civilizaciones. El segundo es que la «buena» religión siempre trae paz.
Algunos de los perfiles recogidos en el libro dan un elocuente testimonio que contradice la primera simplificación, apunta Little. Además la religión es uno más de una serie de factores que están presentes en la causa de los conflictos violentos.
La segunda afirmación es también insostenible, añade Little. La experiencia en situaciones como la guerra que siguió a la desintegración de Yugoslavia demuestran que la religión, e incluso el mismo clero, puede inflamar las hostilidades.
Little enumera una serie de lecciones que pueden extraerse de los casos estudiados en el libro, entre las que destacan:
-- La religión nunca causa violencia por sí misma, y, en contraste, tiene su influencia, especialmente en su forma extremista, en el desarrollo y carácter de la violencia.
-- La religión no es sólo fuente de conflictos violentos, sino también fuente de paz.-- La religión en sí muestra su preferencia en buscar la paz por medios no violentos y por combinar la promoción de la paz con la promoción de la justicia.
-- La religión dedicada a promover la justicia y la paz por medios pacíficos suele suscitar una respuesta hostil y violenta, al menos a corto plazo.
Fe y paz
Considerando las personalidades religiosas presentadas en el libro, Little comenta que sus creencias les proporcionaron una base importante para la tarea que asumieron de promover la paz. Obtuvieron visión, motivación y perseverancia de las tradiciones teológicas de su fe.
La religión puede también jugar su papel a la hora de ayudar a construir instituciones que aumenten y sostengan la armonía social y la unidad civil. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales y los individuos pueden fomentar un ambiente que conduzca a la paz y a negociaciones para resolver los conflictos.Benedicto XVI trató la relación entre fe religiosa y paz en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, celebrado por la Iglesia el 1 de enero. Calificaba de «inaceptables» aquellas concepciones de Dios que anima a la intolerancia y a la violencia (n. 10). La guerra en nombre de Dios nunca es aceptable, advertía el Pontífice.
«Que todo cristiano se sienta comprometido a ser un trabajador incansable en favor de la paz y un valiente defensor de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables», animaba en la conclusión de su mensaje. Un llamamiento que debería encontrar una respuesta en el corazón de todos los creyentes.
Por el padre John Flynn, LC
Tomado de Zenit.
ROMA, domingo, 23 septiembre 2007 (ZENIT.org).- En medio del estruendo causado por algunos libros que atacan la religión, uno de las acusaciones más frecuentes que se hace a la fe es que fomenta el conflicto político. Es cierto que no se puede negar que la religión es, en ocasiones, un factor que provoca disensión. Pero, por otro lado, puede también ser una poderosa fuerza para el bien tanto en la política nacional como en la internacional.
Un estudio publicado en julio por el «Center for Strategic and International Studies» (CSIS), con sede en Washington, presenta interesante un punto de vista sobre la interacción entre factores relacionados con la fe y la política exterior de los Estados Unidos.
El informe se titula «Mixed Blessings: Government Engagement With Religion in Conflict Prone Settings» («Mezcla de Bendiciones: La Implicación del Gobierno con la Religión en sus Posiciones ante los Conflictos). Comienza observando que las organizaciones de base religiosa han jugado un papel importante en la determinación de la política exterior de los Estados Unidos en países como Sudán y China. Además, los terroristas con motivaciones religiosas han amenazado la seguridad, y los Estados Unidos también están implicados en países como Irak y Afganistán, donde la religión es un factor crítico.
A pesar de la importancia de la religión, en general ha habido un error de comprensión de su papel –un error que ha obstaculizado la política de Estados Unidos, comenta el CSIS– hasta el punto de dañar la seguridad nacional del país.
Estas insuficiencias tienen su origen en diversas causas, según el informe.
-- Los funcionarios del gobierno suelen ser remisos a la hora de tratar el tema de la religión. Muchos en el gobierno ven la religión como un tema peligroso y de división que es mejor dejar fuera de los análisis.
-- La forma oficial de acercamiento a la religión es estrecha, acercándose a menudo a las religiones como fuerzas problemáticas o monolíticas; acentuando un análisis del Islam enfocado en el terrorismo y en ocasiones marginando la religión como un tema cultural y humanitario periférico.
-- La capacidad institucional para comprender y acercarse a la religión se ve limitada por restricciones legales, falta de preparación religiosa y falta de estructuras capaces de tratar los grupos y líderes religiosos.
Paz y conflicto
La mayor parte del informe se dedica a analizar cómo trata el gobierno de los Estados Unidos la religión en sus relaciones exteriores. Sin embargo, también trata cuestiones relacionadas con la religión como fuente o solución de las tensiones.
La religión, precisa el informe, puede ser un factor que agrave los conflictos de varias formas. Estas incluyen las tensiones que provoca entre las comunidades religiosas, la represión de grupos religiosos minoritarios y el conflicto entre el gobierno y los grupos religiosos por el control del estado.
En el lado positivo, el CSIS sostiene que los grupos y líderes religiosos con frecuencia pueden ser diplomáticos eficaces debido a su credibilidad dentro de las comunidades locales. Esto puede darles lo que el informe denomina una «capacidad única para impulsar la reconciliación entre las partes en conflicto». Un caso citado por el estudio como ejemplo es la Comunidad de San Egidio, que ha jugado un papel eficaz en la resolución del conflicto en Mozambique.
Además, la religión puede ayudar a sanar a las personas y a las comunidades tras los conflictos y proporcionar un lugar donde arreglar los agravios y donde discutir cómo lograr una mayor tolerancia.Otra forma con la que contribuye la religión a las comunidades es a través de la ayuda a los pobres. Las obras de caridad llevadas a cabo por muchas comunidades religiosas suelen jugar un papel vital en el desarrollo de las naciones en desarrollo.
El informe observa, por ejemplo, que más de la mitad de los hospitales de África están gestionados por organizaciones religiosas.En algunos países las agencias del gobierno de los Estados Unidos proporcionan ayuda en asociadas a grupos religiosos. Un ejemplo de trabajo conjunto se puede ver en Burundi, donde una agencia de los Estados Unidos trabaja con «Catholic Relief Services» para impulsar el establecimiento de una comisión por la paz y la reconciliación, que comprenda miembros de diversas orientaciones étnicas y religiosas.
Hasta ahora casi toda la ayuda del gobierno se ha canalizado a través de organizaciones cristianas. De los 1.700 millones de dólares que han ido a organizaciones religiosas de 2001 a 2005, el 98% fueron a organizaciones cristianas.
Perspectiva espiritual
Un artículo del pasado 14 de mayo en la revista «Weekly Standard» de John J. Dilulio Jr, quien fue en 2001 primer director de la Oficina de Iniciativas Religiosas y Comunitarias de la Casa Blanca, presentaba otra visión de la relación entre religión y política exterior de los Estados Unidos. El título de su artículo es «Spiritual politique».
Desde Brasil a Belice y desde Beirut a Boston –comentaba-- «la religión en cientos de formas y en miles de modos diversos ha sobrevivido a la ‘modernidad’ y a la ‘posmodernidad’».
Dilulio explicaba que, con el término ‘spiritual politique’, se refiere a una visión de la religión que tiene en cuenta su significativo poder para modificar la política dentro y entre las naciones. También quiere expresar con él una comprensión de la religión no como algo que está en conflicto con la modernidad, sino como algo predicado y practicado por mucha gente.
Es necesario que nos percatemos, incluso en las democracias estables, comentaba Dilulio, que las diferencias religiosas juegan un importante papel. En países donde la democracia y la normalidad constitucional están todavía en proceso de formación, la religión puede ser un factor de complicaciones para lograr la unidad nacional.Recomendaba, por tanto, que los funcionarios del gobierno despertaran y prestaran mucha más atención al papel de la religión y su impacto en la política mundial.
La religión en acción
Una consideración más amplia del impacto de la religión en los conflictos es la que presenta un libro publicado a principios de año con el título «Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution» («Pacificadores en Acción: Perfiles de la Religión en la Resolución de Conflictos»). El libro, una colección de ensayos editada por David Little, trata del estudio de algunos casos de figuras religiosas que han ayudado a promover la paz.El útil capítulo final de Little presenta algunas conclusiones que pueden deducirse de los perfiles del libro. Anima a los lectores a evitar dos simplificaciones. La primera es que la religión como mejor se puede considerar es como violencia o lucha de civilizaciones. El segundo es que la «buena» religión siempre trae paz.
Algunos de los perfiles recogidos en el libro dan un elocuente testimonio que contradice la primera simplificación, apunta Little. Además la religión es uno más de una serie de factores que están presentes en la causa de los conflictos violentos.
La segunda afirmación es también insostenible, añade Little. La experiencia en situaciones como la guerra que siguió a la desintegración de Yugoslavia demuestran que la religión, e incluso el mismo clero, puede inflamar las hostilidades.
Little enumera una serie de lecciones que pueden extraerse de los casos estudiados en el libro, entre las que destacan:
-- La religión nunca causa violencia por sí misma, y, en contraste, tiene su influencia, especialmente en su forma extremista, en el desarrollo y carácter de la violencia.
-- La religión no es sólo fuente de conflictos violentos, sino también fuente de paz.-- La religión en sí muestra su preferencia en buscar la paz por medios no violentos y por combinar la promoción de la paz con la promoción de la justicia.
-- La religión dedicada a promover la justicia y la paz por medios pacíficos suele suscitar una respuesta hostil y violenta, al menos a corto plazo.
Fe y paz
Considerando las personalidades religiosas presentadas en el libro, Little comenta que sus creencias les proporcionaron una base importante para la tarea que asumieron de promover la paz. Obtuvieron visión, motivación y perseverancia de las tradiciones teológicas de su fe.
La religión puede también jugar su papel a la hora de ayudar a construir instituciones que aumenten y sostengan la armonía social y la unidad civil. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales y los individuos pueden fomentar un ambiente que conduzca a la paz y a negociaciones para resolver los conflictos.Benedicto XVI trató la relación entre fe religiosa y paz en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, celebrado por la Iglesia el 1 de enero. Calificaba de «inaceptables» aquellas concepciones de Dios que anima a la intolerancia y a la violencia (n. 10). La guerra en nombre de Dios nunca es aceptable, advertía el Pontífice.
«Que todo cristiano se sienta comprometido a ser un trabajador incansable en favor de la paz y un valiente defensor de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables», animaba en la conclusión de su mensaje. Un llamamiento que debería encontrar una respuesta en el corazón de todos los creyentes.
Por el padre John Flynn, LC
Tomado de Zenit.
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Una alianza de todos contra el extremismo y la exclusión/Jorge Sampaio, alto representante de la Alianza de Civilizaciones y ex presidente de la República de Portugal
Publicado en EL MUNDO, 22/09/2907;
La paz sigue siendo uno de los principales retos de nuestro tiempo. Destruir vidas humanas y hacer la guerra no contribuyen a solucionar nada. Ya lo dice el refrán: «La violencia engendra violencia». Por desgracia, en este mundo nuestro, cada vez más interrelacionado, los conflictos se desarrollan ante nuestros ojos a diario, casi en tiempo real: entran en nuestro salón imágenes que atestiguan el sufrimiento humano. Al mismo tiempo, se hace más patente la diversidad de factores que pueden conducir a la guerra o al conflicto civil.
Las ambiciones territoriales, los intereses geopolíticos y las rivalidades políticas son sólo algunas de las causas de los conflictos. La competencia por los recursos naturales, la inestabilidad económica, la injusticia social y las desigualdades acentúan también el riesgo de confrontación entre los países y en el seno de cada uno de ellos. Y en un mundo de identidades desarraigadas, valores cambiantes y conflictos entre tradición y modernidad, el fundamentalismo y el extremismo han conseguido ocupar un lugar preferente, a la vez que se han marginado las voces de la moderación y la razón. El lenguaje del nosotros y el ellos y la política del miedo tienden a polarizar las percepciones y a profundizar la división, propiciando la aparición de conflictos étnicos o entre comunidades.
En los últimos tiempos, se ha vuelto a percibir la religión como una fuente de odio y de hostilidad. Ciertamente, no siempre resulta fácil defender la postura de que la religión puede actuar como una fuerza positiva para la paz. De Irak a Afganistán, de Cachemira a Sri Lanka, de Indonesia a Israel y Palestina, a menudo parece que la religión fomenta la violencia y el belicismo. Pero el hecho de que la religión sea uno de los factores en muchas de las crisis actuales no la convierte necesariamente en el detonante de las mismas.
Sostener la idea de que la religión es una de las fuentes principales del daño y la violencia que existen en el mundo es peligroso, además de injusto, y desvía nuestra atención de la raíz política de la mayoría de los conflictos. La discriminación de todo tipo, la exclusión social, la injusticia económica, la ambición militar, la ausencia de buen gobierno y las rivalidades geopolíticas desempeñan un importante papel en el estallido de las guerras. Incluso en el caso de los conflictos de origen cultural o religioso, la violencia y el extremismo generalmente se deben a la utilización de la religión con fines ideológicos.
Por el contrario, la influencia positiva de la religión se hace sentir en los valores esenciales y los ideales comunes de las grandes tradiciones religiosas, que instan a sus fieles a respetar tanto el valor humano por excelencia -el derecho a la vida de cada uno de nosotros-, como el derecho a una vida digna. Este principio básico articula la exigencia ineludible de unas relaciones pacíficas entre los pueblos y entre las sociedades. Constituye uno de los cimientos de la democracia y del Estado de Derecho y se encuentra en el núcleo de los principales tratados y acuerdos internacionales y, muy especialmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los líderes religiosos de todas las tendencias utilizan cada vez más su influencia para promover la resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo y de vías políticas. En particular, no suele destacarse suficientemente el papel que desempeñan los líderes musulmanes en la defensa de la paz y la condena del terrorismo. Y, sin embargo, una y otra vez, en todos los lugares del mundo, han denunciado en voz alta la violencia como la antítesis de las enseñanzas islámicas.
No podemos permitir que el extremismo y el fundamentalismo desvíen a la religión de su senda humanista y la conviertan en instrumento de la violencia y el terror. No podemos aceptar que, en nombre de la lucha contra el terrorismo a escala mundial, los políticos dejen de lado su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos una vida digna y la protección de los derechos humanos en que se fundamentan las sociedades estables y las relaciones internacionales pacíficas.
La política y la religión han de aunar sus fuerzas en contra del extremismo, el totalitarismo y la exclusión. Políticos, líderes religiosos, iglesias y otras organizaciones confesionales deben trabajar juntos para hacer posible una alianza mundial por la paz a través de la educación. En mi opinión, la mejor forma de prevenir las tensiones entre las diferentes culturas es mejorar la educación para el diálogo intercultural e interreligioso, el respeto y el entendimiento mutuos.
Con el fin de evitar un choque de civilizaciones, la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas pretende contribuir a mejorar las relaciones interculturales insistiendo en un paradigma de respeto entre las personas de diferentes culturas y tradiciones religiosas. En concreto, se centra en el diálogo entre culturas y entre religiones como vía para garantizar una paz y una estabilidad duraderas en todo el mundo. Lanzada por los Gobiernos de España y Turquía, la Alianza cuenta ya con el respaldo activo de un Grupo de Amigos integrado por más de 70 estados, organizaciones y agencias internacionales. Su finalidad es impulsar una amplia gama de proyectos interculturales que sirvan para tender puentes entre las distintas comunidades y para promover sociedades más pluralistas y abiertas.
En enero del año próximo se celebrará en Madrid un Foro de la Alianza de Civilizaciones al que asistirán gobiernos, organizaciones internacionales, organismos donantes y representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, con el objetivo de establecer relaciones interculturales y fortalecer la colaboración en los ámbitos de la juventud, la educación, los medios de comunicación y la migración. En este evento participarán también líderes religiosos, que debatirán cuáles son las funciones concretas que pueden desempeñar tanto ellos como sus comunidades en apoyo de una seguridad compartida y un mejor entendimiento.
Pese a los importantes esfuerzos realizados en los últimos años para salvar las diferencias culturales desde la base, el factor decisivo en la búsqueda de la paz sigue siendo asegurar la voluntad política colectiva de corregir los desequilibrios, las tensiones y las fuentes de conflicto que aquejan a nuestro mundo.
Una alianza de todos contra el extremismo y la exclusión/Jorge Sampaio, alto representante de la Alianza de Civilizaciones y ex presidente de la República de Portugal
Publicado en EL MUNDO, 22/09/2907;
La paz sigue siendo uno de los principales retos de nuestro tiempo. Destruir vidas humanas y hacer la guerra no contribuyen a solucionar nada. Ya lo dice el refrán: «La violencia engendra violencia». Por desgracia, en este mundo nuestro, cada vez más interrelacionado, los conflictos se desarrollan ante nuestros ojos a diario, casi en tiempo real: entran en nuestro salón imágenes que atestiguan el sufrimiento humano. Al mismo tiempo, se hace más patente la diversidad de factores que pueden conducir a la guerra o al conflicto civil.
Las ambiciones territoriales, los intereses geopolíticos y las rivalidades políticas son sólo algunas de las causas de los conflictos. La competencia por los recursos naturales, la inestabilidad económica, la injusticia social y las desigualdades acentúan también el riesgo de confrontación entre los países y en el seno de cada uno de ellos. Y en un mundo de identidades desarraigadas, valores cambiantes y conflictos entre tradición y modernidad, el fundamentalismo y el extremismo han conseguido ocupar un lugar preferente, a la vez que se han marginado las voces de la moderación y la razón. El lenguaje del nosotros y el ellos y la política del miedo tienden a polarizar las percepciones y a profundizar la división, propiciando la aparición de conflictos étnicos o entre comunidades.
En los últimos tiempos, se ha vuelto a percibir la religión como una fuente de odio y de hostilidad. Ciertamente, no siempre resulta fácil defender la postura de que la religión puede actuar como una fuerza positiva para la paz. De Irak a Afganistán, de Cachemira a Sri Lanka, de Indonesia a Israel y Palestina, a menudo parece que la religión fomenta la violencia y el belicismo. Pero el hecho de que la religión sea uno de los factores en muchas de las crisis actuales no la convierte necesariamente en el detonante de las mismas.
Sostener la idea de que la religión es una de las fuentes principales del daño y la violencia que existen en el mundo es peligroso, además de injusto, y desvía nuestra atención de la raíz política de la mayoría de los conflictos. La discriminación de todo tipo, la exclusión social, la injusticia económica, la ambición militar, la ausencia de buen gobierno y las rivalidades geopolíticas desempeñan un importante papel en el estallido de las guerras. Incluso en el caso de los conflictos de origen cultural o religioso, la violencia y el extremismo generalmente se deben a la utilización de la religión con fines ideológicos.
Por el contrario, la influencia positiva de la religión se hace sentir en los valores esenciales y los ideales comunes de las grandes tradiciones religiosas, que instan a sus fieles a respetar tanto el valor humano por excelencia -el derecho a la vida de cada uno de nosotros-, como el derecho a una vida digna. Este principio básico articula la exigencia ineludible de unas relaciones pacíficas entre los pueblos y entre las sociedades. Constituye uno de los cimientos de la democracia y del Estado de Derecho y se encuentra en el núcleo de los principales tratados y acuerdos internacionales y, muy especialmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los líderes religiosos de todas las tendencias utilizan cada vez más su influencia para promover la resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo y de vías políticas. En particular, no suele destacarse suficientemente el papel que desempeñan los líderes musulmanes en la defensa de la paz y la condena del terrorismo. Y, sin embargo, una y otra vez, en todos los lugares del mundo, han denunciado en voz alta la violencia como la antítesis de las enseñanzas islámicas.
No podemos permitir que el extremismo y el fundamentalismo desvíen a la religión de su senda humanista y la conviertan en instrumento de la violencia y el terror. No podemos aceptar que, en nombre de la lucha contra el terrorismo a escala mundial, los políticos dejen de lado su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos una vida digna y la protección de los derechos humanos en que se fundamentan las sociedades estables y las relaciones internacionales pacíficas.
La política y la religión han de aunar sus fuerzas en contra del extremismo, el totalitarismo y la exclusión. Políticos, líderes religiosos, iglesias y otras organizaciones confesionales deben trabajar juntos para hacer posible una alianza mundial por la paz a través de la educación. En mi opinión, la mejor forma de prevenir las tensiones entre las diferentes culturas es mejorar la educación para el diálogo intercultural e interreligioso, el respeto y el entendimiento mutuos.
Con el fin de evitar un choque de civilizaciones, la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas pretende contribuir a mejorar las relaciones interculturales insistiendo en un paradigma de respeto entre las personas de diferentes culturas y tradiciones religiosas. En concreto, se centra en el diálogo entre culturas y entre religiones como vía para garantizar una paz y una estabilidad duraderas en todo el mundo. Lanzada por los Gobiernos de España y Turquía, la Alianza cuenta ya con el respaldo activo de un Grupo de Amigos integrado por más de 70 estados, organizaciones y agencias internacionales. Su finalidad es impulsar una amplia gama de proyectos interculturales que sirvan para tender puentes entre las distintas comunidades y para promover sociedades más pluralistas y abiertas.
En enero del año próximo se celebrará en Madrid un Foro de la Alianza de Civilizaciones al que asistirán gobiernos, organizaciones internacionales, organismos donantes y representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, con el objetivo de establecer relaciones interculturales y fortalecer la colaboración en los ámbitos de la juventud, la educación, los medios de comunicación y la migración. En este evento participarán también líderes religiosos, que debatirán cuáles son las funciones concretas que pueden desempeñar tanto ellos como sus comunidades en apoyo de una seguridad compartida y un mejor entendimiento.
Pese a los importantes esfuerzos realizados en los últimos años para salvar las diferencias culturales desde la base, el factor decisivo en la búsqueda de la paz sigue siendo asegurar la voluntad política colectiva de corregir los desequilibrios, las tensiones y las fuentes de conflicto que aquejan a nuestro mundo.
Sobre Günter Grass
La ocultación/Adolfo García Ortega, escritor
Publicado en EL PAÍS, 22/09/2007;
Oculta tu vida, dice Epicuro. Frase admirable, tan tentadora como enigmática. Es importante, y legítimo, poder organizar la imagen que de la vida de uno tengan los demás. Organizar requiere espacio, fecundar lo ideal, dejar crecer lo positivo, empequeñecer lo negativo, cuando no directamente taparlo, eludirlo, borrarlo. Pero en la vida nada se borra; a lo sumo, aquello que es vergonzante o terrible se oculta mediante una enorme arquitectura de engaños y mentiras. Esto, por otra parte, es más común de lo que parece. Todos, más o menos, maquillan su pasado, lo engrandecen o lo minimizan ante el temor de que lo juzguen sin matizaciones exculpatorias. Tememos el juicio y la imposibilidad de justificación, pero sobre todo tememos no poder cambiar el pasado.
Publicado en EL PAÍS, 22/09/2007;
Oculta tu vida, dice Epicuro. Frase admirable, tan tentadora como enigmática. Es importante, y legítimo, poder organizar la imagen que de la vida de uno tengan los demás. Organizar requiere espacio, fecundar lo ideal, dejar crecer lo positivo, empequeñecer lo negativo, cuando no directamente taparlo, eludirlo, borrarlo. Pero en la vida nada se borra; a lo sumo, aquello que es vergonzante o terrible se oculta mediante una enorme arquitectura de engaños y mentiras. Esto, por otra parte, es más común de lo que parece. Todos, más o menos, maquillan su pasado, lo engrandecen o lo minimizan ante el temor de que lo juzguen sin matizaciones exculpatorias. Tememos el juicio y la imposibilidad de justificación, pero sobre todo tememos no poder cambiar el pasado.
Recomendaciones de la CNDH
La CNDH emitió recientemente cuatro recomendaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por abusos de personal militar, que incluyen la violación de mujeres y menores de edad, homicidio, y detenciones arbitrarias, tortura e incomunicación, ocurridos en Coahuila, Sinaloa y Michoacán.
Tres de las recomendaciones documentan violaciones a los derechos humanos de civiles por militares que participan en los operativos de combate al crimen organizado.
En la recomendación 37/2007, la CNDH concluyó que el 11 de junio de 2006, un grupo de militares adscritos al 14/o. Regimiento Motorizado de la Sedena, en Castaños, Coahuila, violó a 14 mujeres que trabajaban en los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret.
La CNDH estableció que los militares ingresaron a la zona de tolerancia de Castaños en un vehículo oficial, con uniformes y armas oficiales, y lesionaron a seis policías preventivos, además de agredir a las mujeres. “De una de ellas abusaron de manera tumultuaria y a otra que estaba embarazada le provocaron un aborto”, precisa.
Destaca que aun cuando siete u ocho de los responsables están bajo proceso penal en un juzgado civil, tres más han sido reportados como prófugos, otros dos fueron dados de baja y recomienda a la Sedena coadyuvar para que sean puestos a disposición de las autoridades y se ordene la reparación del daño a las víctimas.
La recomendación 40/2007 se emitió por el asesinato de cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños, en un retén militar instalado en las cercanías de la comunidad La Joya de los Martínez, perteneciente al municipio de Sinaloa de Leyva.
La CNDH determinó que los soldados hicieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino, en la que viajaban ocho personas desarmadas, que “no opusieron resistencia alguna ni propinaron ningún tipo de ataque a los elementos militares”.
La recomendación señala que algunos de los militares intentaron desvirtuar los hechos y “colocaron sobre la camioneta al menos un costal de mariguana en descomposición”, y destaca que, posteriormente, siete de los 19 soldados detenidos por estos hechos dieron positivo a la prueba de consumo de mariguana.
En su resolución, el organismo reitera su postura de que el personal militar no debe cumplir funciones de seguridad pública, pues su falta de entrenamiento en esta área genera violaciones a los derechos humanos.
Sobre este mismo tema, la recomendación 39/2007 cuestiona la actuación de personal del Ejército durante un operativo en Apatzingán, Michoacán, en el que siete adultos civiles (entre ellos una mujer), y un menor, fueron retenidos por más de 15 horas en el cuartel militar de la 43 Zona Militar, luego de un enfrentamiento entre soldados y presuntos narcotraficantes.
La CNDH determinó que los detenidos fueron interrogados “bajo tratos crueles e inhumanos”, estuvieron incomunicados y no se proporcionó información de ellos.
El organismo destaca que otro grupo de militares, sin orden judicial, allanó domicilios de las colonias aledañas al lugar del enfrentamiento, causando daños materiales y sustrayendo objetos como teléfonos celulares, cámaras fotográficas, alhajas y dinero en efectivo, entre otros.
La CNDH acreditó una conducta similar de personal castrense en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán; donde incursionaron los días 2, 3 y 4 de mayo pasados, tras la emboscada del 1 de mayo en Carácuaro, en la que murieron cinco soldados. Esta es la primera ocasión que la CNDH dirige, al mismo tiempo, cuatro recomendaciones a la Sedena.
Ejército y estado de derecho
Editorial de El Universal , 22/09/2007;
El Ejército mexicano ha hecho una sufrida y esforzada labor combatiendo a quienes trafican con estupefacientes —contabilizando incluso bajas humanas— y colaborando humanitariamente en la aplicación del plan DN-III, cuando la naturaleza nos ha golpeado. Sin embargo, tal camino parece no ser del todo terso. La CNDH le envió cuatro recomendaciones a la Sedena por abusos graves de sus integrantes, lo cual preocupa mucho y debe ser aclarado.
Aun cuando es una institución surgida del pueblo, abocada a defender soberanía y territorio, no podemos olvidar que está conformada de seres de carne y hueso, con defectos y virtudes, susceptibles de ser avasallados por la corrupción o las pasiones humanas.
Un amplio sector de analistas internacionales de la seguridad pública recomienda, por eso, que las instituciones militares se mantengan ajenas al combate directo del narcotráfico y éste quede en manos sólo de la policía. En México ya tuvimos el ominoso caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, sentenciado por habérsele probado vínculos con delincuentes.
Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa a militares de detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, asesinatos, tortura e incomunicación, durante operativos en Coahuila, Michoacán y Sinaloa. La Sedena ha prometido analizar los casos.
Las conclusiones deberán ser científicas y profesionales, no parciales ni encubridoras, porque las acusaciones son graves y ponen en entredicho a toda una institución que no merece manchar su prestigio por malos elementos.
No podemos reeditar negros pasajes de la historia, como los vividos durante la llamada “guerra sucia” en los 70, cuando la búsqueda de guerrilleros en las sierras de Guerrero y Oaxaca fueron pretexto para sonadas matanzas y abusos documentados. No debemos repetir tal error, aun cuando la lucha contra el narcotráfico y ahora contra los que ponen explosivos en instalaciones estratégicas del país exijan que la tropa multiplique su presencia por todo el territorio nacional. No se puede hacer cumplir la ley, violándola, o ejerciendo facultades extralegales, propias de regímenes de excepción.
El estado de derecho es suficiente para normar la conducta del Ejército, porque de ahí emanan las herramientas para la procuración e impartición de justicia. Ni más, ni menos.
Acaso atina José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, cuando opina que sería irresponsable sacar en este momento a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen organizado por el vacío de autoridad que podría generarse con esto. Sin embargo, sugiere un retiro gradual de la milicia, posibilidad que debe ser sopesada, al tiempo que se fortalezcan los cuerpos de seguridad que los relevarían.
A nadie gusta tener al Ejército en las calles, por aquello de que no se sabe cuándo se les podrá regresar a los cuarteles, pero siendo el nuestro uno leal a las instituciones y a la sociedad, como lo ha demostrado fehacientemente a lo largo de la historia, habrá de actuar en consecuencia y poner freno a cualquier exceso que sus integrantes pudieran haber cometido, por el bien del estado de derecho y de la propia institución militar.
Tres de las recomendaciones documentan violaciones a los derechos humanos de civiles por militares que participan en los operativos de combate al crimen organizado.
En la recomendación 37/2007, la CNDH concluyó que el 11 de junio de 2006, un grupo de militares adscritos al 14/o. Regimiento Motorizado de la Sedena, en Castaños, Coahuila, violó a 14 mujeres que trabajaban en los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret.
La CNDH estableció que los militares ingresaron a la zona de tolerancia de Castaños en un vehículo oficial, con uniformes y armas oficiales, y lesionaron a seis policías preventivos, además de agredir a las mujeres. “De una de ellas abusaron de manera tumultuaria y a otra que estaba embarazada le provocaron un aborto”, precisa.
Destaca que aun cuando siete u ocho de los responsables están bajo proceso penal en un juzgado civil, tres más han sido reportados como prófugos, otros dos fueron dados de baja y recomienda a la Sedena coadyuvar para que sean puestos a disposición de las autoridades y se ordene la reparación del daño a las víctimas.
La recomendación 40/2007 se emitió por el asesinato de cinco integrantes de una familia, entre ellos tres niños, en un retén militar instalado en las cercanías de la comunidad La Joya de los Martínez, perteneciente al municipio de Sinaloa de Leyva.
La CNDH determinó que los soldados hicieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino, en la que viajaban ocho personas desarmadas, que “no opusieron resistencia alguna ni propinaron ningún tipo de ataque a los elementos militares”.
La recomendación señala que algunos de los militares intentaron desvirtuar los hechos y “colocaron sobre la camioneta al menos un costal de mariguana en descomposición”, y destaca que, posteriormente, siete de los 19 soldados detenidos por estos hechos dieron positivo a la prueba de consumo de mariguana.
En su resolución, el organismo reitera su postura de que el personal militar no debe cumplir funciones de seguridad pública, pues su falta de entrenamiento en esta área genera violaciones a los derechos humanos.
Sobre este mismo tema, la recomendación 39/2007 cuestiona la actuación de personal del Ejército durante un operativo en Apatzingán, Michoacán, en el que siete adultos civiles (entre ellos una mujer), y un menor, fueron retenidos por más de 15 horas en el cuartel militar de la 43 Zona Militar, luego de un enfrentamiento entre soldados y presuntos narcotraficantes.
La CNDH determinó que los detenidos fueron interrogados “bajo tratos crueles e inhumanos”, estuvieron incomunicados y no se proporcionó información de ellos.
El organismo destaca que otro grupo de militares, sin orden judicial, allanó domicilios de las colonias aledañas al lugar del enfrentamiento, causando daños materiales y sustrayendo objetos como teléfonos celulares, cámaras fotográficas, alhajas y dinero en efectivo, entre otros.
La CNDH acreditó una conducta similar de personal castrense en los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán; donde incursionaron los días 2, 3 y 4 de mayo pasados, tras la emboscada del 1 de mayo en Carácuaro, en la que murieron cinco soldados. Esta es la primera ocasión que la CNDH dirige, al mismo tiempo, cuatro recomendaciones a la Sedena.
Ejército y estado de derecho
Editorial de El Universal , 22/09/2007;
El Ejército mexicano ha hecho una sufrida y esforzada labor combatiendo a quienes trafican con estupefacientes —contabilizando incluso bajas humanas— y colaborando humanitariamente en la aplicación del plan DN-III, cuando la naturaleza nos ha golpeado. Sin embargo, tal camino parece no ser del todo terso. La CNDH le envió cuatro recomendaciones a la Sedena por abusos graves de sus integrantes, lo cual preocupa mucho y debe ser aclarado.
Aun cuando es una institución surgida del pueblo, abocada a defender soberanía y territorio, no podemos olvidar que está conformada de seres de carne y hueso, con defectos y virtudes, susceptibles de ser avasallados por la corrupción o las pasiones humanas.
Un amplio sector de analistas internacionales de la seguridad pública recomienda, por eso, que las instituciones militares se mantengan ajenas al combate directo del narcotráfico y éste quede en manos sólo de la policía. En México ya tuvimos el ominoso caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, sentenciado por habérsele probado vínculos con delincuentes.
Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusa a militares de detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, asesinatos, tortura e incomunicación, durante operativos en Coahuila, Michoacán y Sinaloa. La Sedena ha prometido analizar los casos.
Las conclusiones deberán ser científicas y profesionales, no parciales ni encubridoras, porque las acusaciones son graves y ponen en entredicho a toda una institución que no merece manchar su prestigio por malos elementos.
No podemos reeditar negros pasajes de la historia, como los vividos durante la llamada “guerra sucia” en los 70, cuando la búsqueda de guerrilleros en las sierras de Guerrero y Oaxaca fueron pretexto para sonadas matanzas y abusos documentados. No debemos repetir tal error, aun cuando la lucha contra el narcotráfico y ahora contra los que ponen explosivos en instalaciones estratégicas del país exijan que la tropa multiplique su presencia por todo el territorio nacional. No se puede hacer cumplir la ley, violándola, o ejerciendo facultades extralegales, propias de regímenes de excepción.
El estado de derecho es suficiente para normar la conducta del Ejército, porque de ahí emanan las herramientas para la procuración e impartición de justicia. Ni más, ni menos.
Acaso atina José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, cuando opina que sería irresponsable sacar en este momento a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen organizado por el vacío de autoridad que podría generarse con esto. Sin embargo, sugiere un retiro gradual de la milicia, posibilidad que debe ser sopesada, al tiempo que se fortalezcan los cuerpos de seguridad que los relevarían.
A nadie gusta tener al Ejército en las calles, por aquello de que no se sabe cuándo se les podrá regresar a los cuarteles, pero siendo el nuestro uno leal a las instituciones y a la sociedad, como lo ha demostrado fehacientemente a lo largo de la historia, habrá de actuar en consecuencia y poner freno a cualquier exceso que sus integrantes pudieran haber cometido, por el bien del estado de derecho y de la propia institución militar.
Blackwater
El gobierno iraní informó hoy que presentará cargos criminales contra empleados de la empresa de seguridad estadunidense Blackwater, por la muerte de ciudadanos iraquíes en un tiroteo en Bagdad la semana pasada.
Al menos 20 civiles fueron asesinados por personal de la empresa, cuando custodiaban un convoy donde viajaban diplomáticos estadunidenses.
Varios medios señalan que hay pruebas y testimonios de que agentes de Blackwater inició el tiroteo contra civiles sin ninguna aparente justificación.
Entre la pruebas está un vídeo grabado por la policía, que ya está en manos del Ministerio del Interior y en el que se ve detalles de la agresión e imágenes de las víctimas, quienes se observa con claridad que son civiles
Blackwater, es una de las tres firmas privadas estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado norteamericano en Irak.
Al menos 20 civiles fueron asesinados por personal de la empresa, cuando custodiaban un convoy donde viajaban diplomáticos estadunidenses.
Varios medios señalan que hay pruebas y testimonios de que agentes de Blackwater inició el tiroteo contra civiles sin ninguna aparente justificación.
Entre la pruebas está un vídeo grabado por la policía, que ya está en manos del Ministerio del Interior y en el que se ve detalles de la agresión e imágenes de las víctimas, quienes se observa con claridad que son civiles
Blackwater, es una de las tres firmas privadas estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado norteamericano en Irak.
Bagdad ha anunciado ya su intención de modificar la legislación decretada por la administración estadounidense de ocupación, aún vigente, que exime de la jurisdicción penal iraquí a los empleados de las empresas privadas de seguridad norteamericanas.
Por otro lado, la fiscalía de Carolina del Norte investiga a empleados de Blackwater por su presunta implicación en el desvío clandestino de armas al mercado negro en Irak, que podrían haber terminado en manos de alguna de las organizaciones calificadas como “terroristas”, según ha informado ayer el periódico norteamericano The News & Observer.
Por otro lado, la fiscalía de Carolina del Norte investiga a empleados de Blackwater por su presunta implicación en el desvío clandestino de armas al mercado negro en Irak, que podrían haber terminado en manos de alguna de las organizaciones calificadas como “terroristas”, según ha informado ayer el periódico norteamericano The News & Observer.
Según publica la prensa estadounidense, la investigación en Carolina del Norte tiene relación con las denuncias del gobierno de Turquía, que intervino a guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) armamento supuestamente perteneciente a la compañía norteamericana. Además de armas los fiscales investigan el envío a Irak sin autorización de visores nocturnos y otros artículos militares
La investigación de The News & Observer está sustentada en las confesiones judiciales de dos ex trabajadores de la empresa, quienes se declararon culpables de los cargos por armas y cooperan con las pesquisas federales.
Apoyada por los departamentos de Defensa y de Estado, la oficina de la Procuraduría Federal en Raleigh, Carolina del Norte, ha llegado a la conclusión de que existen suficientes evidencias para levantar cargos judiciales contra Blackwater por tráfico de armas.
Apoyada por los departamentos de Defensa y de Estado, la oficina de la Procuraduría Federal en Raleigh, Carolina del Norte, ha llegado a la conclusión de que existen suficientes evidencias para levantar cargos judiciales contra Blackwater por tráfico de armas.
Según el departamento de documentación del Congreso de Estados Unidos, unos 2,500 guardias de seguridad y escoltas privados trabajan en Irak sólo para el Departamento de Estado norteamericano.
Blackwater emplea en Irak 987 agentes privados para los cometidos asignados por el Departamento de Estado de EEUU, reclutados entre ex miembros de los cuerpos de elite de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y de los cuales 744 son estadounidenses.
Blackwater emplea en Irak 987 agentes privados para los cometidos asignados por el Departamento de Estado de EEUU, reclutados entre ex miembros de los cuerpos de elite de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y de los cuales 744 son estadounidenses.
Guerra privatizada
Publicado en El País, 23/09/2007;
La suspensión temporal decretada por el Gobierno iraquí de las actividades de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater, que protege a los diplomáticos de Estados Unidos, supone un severo revés para la estrategia de Washington en Irak. Sin estos mercenarios, de los que puede haber hasta unos 50.000 en dicho país, Estados Unidos no podría seguir adelante con un conflicto en el que combaten 160.000 soldados profesionales, a menudo desmoralizados al ver que los contratados cobran hasta 1.000 dólares al día, mucho más de lo que ellos perciben.
La decisión del Gobierno iraquí llega después de un enfrentamiento entre un grupo de insurgentes y hombres de Blackwater que protegían el traslado de un destacamento diplomático norteamericano. Blackwater mandó refuerzos, incluidos helicópteros, que causaron la muerte de al menos 11 civiles iraquíes. No fue el primer incidente de este tipo. Estas fuerzas operan al margen de la ley, porque Estados Unidos tuvo buen cuidado de dotarles de inmunidad ante la justicia local cuando entregó el poder a un Gobierno iraquí. Los soldados regulares, por el contrario, están sometidos al derecho internacional de guerra. La Administración estadounidense impone unas normas militares propias a estas empresas, pero Blackwater fue contratada por el Departamento de Estado y no por el Pentágono, lo que le permitió eludirlas.
Pese a todo, sobre Blackwater pesa una amenaza mucho mayor. La Fiscalía de Carolina del Norte, donde tiene su sede dicha compañía de seguridad, investiga el envío a Irak sin autorización de armamento ligero que ha podido caer en manos de la insurgencia. De otro lado, hay una divergencia indiscutible entre Bagdad y la Embajada norteamericana, puesto que mientras que la segunda parece que va a esperar a que concluya la investigación del Gobierno iraquí sobre Blackwater antes de decidir si prescinde o no de sus servicios, el poder formal iraquí podría pedir hasta la rescisión de la orden que hace inmunes e impunes a los mercenarios. La suspensión, en cualquier caso, puede abrir la vía a la retirada de otras empresas o a más ataques de los insurgentes, que han puesto al descubierto un flanco débil, Es urgente dar marcha atrás y regular a la baja y a escala internacional este nuevo mercenariado que privatiza la guerra.
Publicado en El País, 23/09/2007;
La suspensión temporal decretada por el Gobierno iraquí de las actividades de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater, que protege a los diplomáticos de Estados Unidos, supone un severo revés para la estrategia de Washington en Irak. Sin estos mercenarios, de los que puede haber hasta unos 50.000 en dicho país, Estados Unidos no podría seguir adelante con un conflicto en el que combaten 160.000 soldados profesionales, a menudo desmoralizados al ver que los contratados cobran hasta 1.000 dólares al día, mucho más de lo que ellos perciben.
La decisión del Gobierno iraquí llega después de un enfrentamiento entre un grupo de insurgentes y hombres de Blackwater que protegían el traslado de un destacamento diplomático norteamericano. Blackwater mandó refuerzos, incluidos helicópteros, que causaron la muerte de al menos 11 civiles iraquíes. No fue el primer incidente de este tipo. Estas fuerzas operan al margen de la ley, porque Estados Unidos tuvo buen cuidado de dotarles de inmunidad ante la justicia local cuando entregó el poder a un Gobierno iraquí. Los soldados regulares, por el contrario, están sometidos al derecho internacional de guerra. La Administración estadounidense impone unas normas militares propias a estas empresas, pero Blackwater fue contratada por el Departamento de Estado y no por el Pentágono, lo que le permitió eludirlas.
Pese a todo, sobre Blackwater pesa una amenaza mucho mayor. La Fiscalía de Carolina del Norte, donde tiene su sede dicha compañía de seguridad, investiga el envío a Irak sin autorización de armamento ligero que ha podido caer en manos de la insurgencia. De otro lado, hay una divergencia indiscutible entre Bagdad y la Embajada norteamericana, puesto que mientras que la segunda parece que va a esperar a que concluya la investigación del Gobierno iraquí sobre Blackwater antes de decidir si prescinde o no de sus servicios, el poder formal iraquí podría pedir hasta la rescisión de la orden que hace inmunes e impunes a los mercenarios. La suspensión, en cualquier caso, puede abrir la vía a la retirada de otras empresas o a más ataques de los insurgentes, que han puesto al descubierto un flanco débil, Es urgente dar marcha atrás y regular a la baja y a escala internacional este nuevo mercenariado que privatiza la guerra.
El mito del Negro Acacio
Reportaje de El Tiempo, sobre el Negro Acacio
Septiembre 22 de 2007
Aunque su cuerpo no aparece, relatos de campesinos del Guaviare confirman muerte del 'Negro Acacio'
Decenas de historias sobre el final que tuvo el jefe guerrillero circulan por los caseríos apostados a la orilla del río, donde el Ejército continúa las operaciones contra las Farc.
"El cielo se estremeció con las bombas y la selva quedó envuelta en una nube negra; entonces 'Acacio' se convirtió en paujil (un pájaro de monte) y se perdió por entre la maleza...", dicen los colonos que viven en los ranchos a lo largo de la ribera del Guaviare sobre lo que pasó el primero de septiembre con Tomás Medina Caracas, el jefe del frente 16 de las Farc.
El hombre que embarcó de lleno a esa guerrilla en el negocio del narcotráfico y que, según las autoridades, en 14 meses entregó mil millones de dólares a su organización, se convirtió en leyenda en boca de indígenas y colonos que lo conocieron vivo y que ahora dan su propia versión sobre la muerte, que el Ejército reportó como un hecho hace tres semanas.
EL TIEMPO viajó a la zona, entre Meta y Guaviare, donde 'Acacio' pasó los últimos meses entre caños, malokas y caseríos y por donde no se le ve desde el día del bombardeo a su campamento.
En San José del Guaviare, donde empezó el recorrido tras el rastro del jefe guerrillero, la gente tiene la instrucción de decir que está vivo. Allá la guerrilla ha mandado la razón de que el 'Negro' sigue gobernando y que cualquier 'negocio' que se quiera hacer en la zona necesita su consentimiento. Por eso el temor hacia este hombre que llegó de las costas del Cauca sigue intacto, a tal punto que nadie se atreve a movilizarse río abajo sin previa autorización del frente 44, que también le reportaba a 'Acacio'. A pesar del gran despliegue militar en el área, con más de 5.000 hombres, el punto de quiebre de la zona sigue siendo Puerto Alvira, una inspección de Mapiripán (Meta), ubicada en la mitad del trayecto sobre el río. Allí las Farc siguen mandando. Camino a caño Siare, un retén con dos guerrilleros que se atreven a asomarse al río impide que el equipo periodístico avance. "Esto es de nosotros y aquí decimos quién entra y quien no", advierte uno de ellos.Y tiene la razón. De ahí en adelante, hasta poco antes de llegar a Barrancominas (Guainía), un trayecto de más de 160 kilómetros, las operaciones no han logrado desalojar a los hombres de 'Tirofijo'.
Casi todos los pobladores salieron de Caño Hormiga, Buenos Aires y Guacamayas por temor a los bombardeos. Y en su desplazamiento, además de unos pocos pertrechos, cargaron con decenas de historias sobre el 'Negro Acacio', su vida y su muerte."El 5 de septiembre llegó a Caño Jabón (Puerto Alvira) el cajón para 'Acacio', de ahí lo bajaron por río hasta caño Siare y se lo llevaron ya arreglado para la Mapiripana (en Guainía)", asegura uno de lo colonos.
Este diario pudo confirmar con algunas fuentes en Villavicencio, que efectivamente, para esa fecha, alguien compró y envió, en un vuelo expreso, un ataúd "de buena calidad". Otros pobladores aseguran que un grupo de indios guahibos ayudaron a los guerrilleros que huían con el cuerpo a arreglarlo en una improvisada ceremonia. El lugar que mencionan es el mismo donde el 7 de septiembre las Fuerzas Especiales encontraron una fosa con los restos del radioperador, el jefe de seguridad y el caletero de 'Acacio'.
Según esos relatos, su cuerpo fue bañado, enfundado en un uniforme limpio y rezado, según el ritual guahibo, porque estaba incompleto: le faltaba la mano derecha."En la otra parte del brazo, cuentan los indios, tenía varias de las manillas que siempre usaba, tejidas en caña e hilo. En su mano estaba la pulsera que tenía tejido el nombre de 'Acacio'", contó otro habitante de la zona. La historia de la mano perdida por Acacio ha salido de las selvas.
De hecho, fuentes militares consultadas aseguraron que no pueden negar ni confirmar que, como cuentan en el Guaviare, la extremidad sí apareció en el campamento que ocuparon las Fuerzas Especiales.
En la ofensiva de las Fuerzas Militares lanzada el pasado primero de septiembre contra Tomás Medina y sus hombres murieron 34 guerrilleros del frente 16. En total, 27 cuerpos fueron recuperados.'Estaba cruzado'Lo cierto es que vivo o muerto, los lugareños dicen que cuando empezó el bombardeo, los cascabeles que 'Acacio' tenía atados a un collar empezaron a sonar. Ni él ni los hombres de su seguridad, siguen los relatos, alcanzaron a elevarle plegarias a Santa Bárbara, a quien le profesaban culto a través de la santería.
La historia de los rezos de 'Acacio' no es nueva. Soldados y hasta oficiales afirman que Tomás Medina Caracas estaba 'cruzado', que tenía pacto con chamanes y que los santos que cargaba amarrados al cuello en escapularios no le dejaban entrar las balas. Guerrilleros desmovilizados que estuvieron con 'Acacio' en la zona de distensión también hablan de los ritos que hacía antes de las tomas guerrilleras y que ofrendaba por anticipado, "las almas de los soldados que se pudiera llevar por delante".
Una cara menos siniestra aparecía en Navidad, cuando mandaba regalos a los niños de los internados de la zona bajo su dominio: "Enviaba maletas de lona, cuaderno y lápices", cuenta un profesor. El 'detalle' lo cobraba después, con el reclutamiento forzado de niños para su frente.
Allá hay quienes agradecen su generosidad decembrina y otros que lloran a los hijos que se fueron para el monte por orden del jefe guerrillero y no volvieron. Entre Puerto Alvira y Barrancominas todos recuerdan la bonanza cocalera que promovió a finales de 1998, con su socio, el narcotraficante brasileño 'Fernandinho'.
Desde ese tiempo, en el que narcos y raspachines se divertían con garotas que 'Acacio' traía en aviones desde Brasil, era todo un personaje. Y aún más cuando le llovieron del cielo los 10.000 fusiles AK-47 que negoció a través de Vladimiro Montesinos, el 'Rasputín' del régimen Fujimori en Perú. Por eso la noticia de su muerte cayó como trueno en la selva. Su cadáver no aparece y las Farc guardan silencio sobre el hecho, a pesar de que han pasado 20 días desde el bombardeo.
Puerto Alvira, la piedra en el zapato
Pese a que las Fuerzas Especiales, la Fuerza de Tarea Omega y la IV División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea han concentrado gran parte de su esfuerzo en esta zona, la guerrilla tiene su centro de abastecimiento en Puerto Alvira.
Este corregimiento del Meta, que en 1998 sufrió la llegada de los paramilitares con una masacre que dejó más de 40 muertos, tres años después quedó nuevamente bajo el dominio de las Farc, que en agosto del 2002 secuestraron al pueblo entero y se llevaron a 1.500 pobladores en planchones.
En el 2003 un equipo periodístico de EL TIEMPO quiso indagar sobre la suerte de estos habitantes y fue retenido durante 6 días. Hoy, la guerrilla continúa allí.
JINETH BEDOYA LIMA
ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO
SELVAS DEL GUAVIARE
Septiembre 22 de 2007
Aunque su cuerpo no aparece, relatos de campesinos del Guaviare confirman muerte del 'Negro Acacio'
Decenas de historias sobre el final que tuvo el jefe guerrillero circulan por los caseríos apostados a la orilla del río, donde el Ejército continúa las operaciones contra las Farc.
"El cielo se estremeció con las bombas y la selva quedó envuelta en una nube negra; entonces 'Acacio' se convirtió en paujil (un pájaro de monte) y se perdió por entre la maleza...", dicen los colonos que viven en los ranchos a lo largo de la ribera del Guaviare sobre lo que pasó el primero de septiembre con Tomás Medina Caracas, el jefe del frente 16 de las Farc.
El hombre que embarcó de lleno a esa guerrilla en el negocio del narcotráfico y que, según las autoridades, en 14 meses entregó mil millones de dólares a su organización, se convirtió en leyenda en boca de indígenas y colonos que lo conocieron vivo y que ahora dan su propia versión sobre la muerte, que el Ejército reportó como un hecho hace tres semanas.
EL TIEMPO viajó a la zona, entre Meta y Guaviare, donde 'Acacio' pasó los últimos meses entre caños, malokas y caseríos y por donde no se le ve desde el día del bombardeo a su campamento.
En San José del Guaviare, donde empezó el recorrido tras el rastro del jefe guerrillero, la gente tiene la instrucción de decir que está vivo. Allá la guerrilla ha mandado la razón de que el 'Negro' sigue gobernando y que cualquier 'negocio' que se quiera hacer en la zona necesita su consentimiento. Por eso el temor hacia este hombre que llegó de las costas del Cauca sigue intacto, a tal punto que nadie se atreve a movilizarse río abajo sin previa autorización del frente 44, que también le reportaba a 'Acacio'. A pesar del gran despliegue militar en el área, con más de 5.000 hombres, el punto de quiebre de la zona sigue siendo Puerto Alvira, una inspección de Mapiripán (Meta), ubicada en la mitad del trayecto sobre el río. Allí las Farc siguen mandando. Camino a caño Siare, un retén con dos guerrilleros que se atreven a asomarse al río impide que el equipo periodístico avance. "Esto es de nosotros y aquí decimos quién entra y quien no", advierte uno de ellos.Y tiene la razón. De ahí en adelante, hasta poco antes de llegar a Barrancominas (Guainía), un trayecto de más de 160 kilómetros, las operaciones no han logrado desalojar a los hombres de 'Tirofijo'.
Casi todos los pobladores salieron de Caño Hormiga, Buenos Aires y Guacamayas por temor a los bombardeos. Y en su desplazamiento, además de unos pocos pertrechos, cargaron con decenas de historias sobre el 'Negro Acacio', su vida y su muerte."El 5 de septiembre llegó a Caño Jabón (Puerto Alvira) el cajón para 'Acacio', de ahí lo bajaron por río hasta caño Siare y se lo llevaron ya arreglado para la Mapiripana (en Guainía)", asegura uno de lo colonos.
Este diario pudo confirmar con algunas fuentes en Villavicencio, que efectivamente, para esa fecha, alguien compró y envió, en un vuelo expreso, un ataúd "de buena calidad". Otros pobladores aseguran que un grupo de indios guahibos ayudaron a los guerrilleros que huían con el cuerpo a arreglarlo en una improvisada ceremonia. El lugar que mencionan es el mismo donde el 7 de septiembre las Fuerzas Especiales encontraron una fosa con los restos del radioperador, el jefe de seguridad y el caletero de 'Acacio'.
Según esos relatos, su cuerpo fue bañado, enfundado en un uniforme limpio y rezado, según el ritual guahibo, porque estaba incompleto: le faltaba la mano derecha."En la otra parte del brazo, cuentan los indios, tenía varias de las manillas que siempre usaba, tejidas en caña e hilo. En su mano estaba la pulsera que tenía tejido el nombre de 'Acacio'", contó otro habitante de la zona. La historia de la mano perdida por Acacio ha salido de las selvas.
De hecho, fuentes militares consultadas aseguraron que no pueden negar ni confirmar que, como cuentan en el Guaviare, la extremidad sí apareció en el campamento que ocuparon las Fuerzas Especiales.
En la ofensiva de las Fuerzas Militares lanzada el pasado primero de septiembre contra Tomás Medina y sus hombres murieron 34 guerrilleros del frente 16. En total, 27 cuerpos fueron recuperados.'Estaba cruzado'Lo cierto es que vivo o muerto, los lugareños dicen que cuando empezó el bombardeo, los cascabeles que 'Acacio' tenía atados a un collar empezaron a sonar. Ni él ni los hombres de su seguridad, siguen los relatos, alcanzaron a elevarle plegarias a Santa Bárbara, a quien le profesaban culto a través de la santería.
La historia de los rezos de 'Acacio' no es nueva. Soldados y hasta oficiales afirman que Tomás Medina Caracas estaba 'cruzado', que tenía pacto con chamanes y que los santos que cargaba amarrados al cuello en escapularios no le dejaban entrar las balas. Guerrilleros desmovilizados que estuvieron con 'Acacio' en la zona de distensión también hablan de los ritos que hacía antes de las tomas guerrilleras y que ofrendaba por anticipado, "las almas de los soldados que se pudiera llevar por delante".
Una cara menos siniestra aparecía en Navidad, cuando mandaba regalos a los niños de los internados de la zona bajo su dominio: "Enviaba maletas de lona, cuaderno y lápices", cuenta un profesor. El 'detalle' lo cobraba después, con el reclutamiento forzado de niños para su frente.
Allá hay quienes agradecen su generosidad decembrina y otros que lloran a los hijos que se fueron para el monte por orden del jefe guerrillero y no volvieron. Entre Puerto Alvira y Barrancominas todos recuerdan la bonanza cocalera que promovió a finales de 1998, con su socio, el narcotraficante brasileño 'Fernandinho'.
Desde ese tiempo, en el que narcos y raspachines se divertían con garotas que 'Acacio' traía en aviones desde Brasil, era todo un personaje. Y aún más cuando le llovieron del cielo los 10.000 fusiles AK-47 que negoció a través de Vladimiro Montesinos, el 'Rasputín' del régimen Fujimori en Perú. Por eso la noticia de su muerte cayó como trueno en la selva. Su cadáver no aparece y las Farc guardan silencio sobre el hecho, a pesar de que han pasado 20 días desde el bombardeo.
Puerto Alvira, la piedra en el zapato
Pese a que las Fuerzas Especiales, la Fuerza de Tarea Omega y la IV División del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea han concentrado gran parte de su esfuerzo en esta zona, la guerrilla tiene su centro de abastecimiento en Puerto Alvira.
Este corregimiento del Meta, que en 1998 sufrió la llegada de los paramilitares con una masacre que dejó más de 40 muertos, tres años después quedó nuevamente bajo el dominio de las Farc, que en agosto del 2002 secuestraron al pueblo entero y se llevaron a 1.500 pobladores en planchones.
En el 2003 un equipo periodístico de EL TIEMPO quiso indagar sobre la suerte de estos habitantes y fue retenido durante 6 días. Hoy, la guerrilla continúa allí.
JINETH BEDOYA LIMA
ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO
SELVAS DEL GUAVIARE
Murio Bip
Murio el artista francés Marcel Marceau, conocido en particular por su personaje de Bip, un personaje vagabundo sensible y poeta inspirado en Charlie Chaplin, es el tipo de rostro blanco y ojos de sorpresa con la boca desgarrada presa de las dificultades del mundo moderno.
Desde pequeño Marceau había admirado a los "artistas silenciosos" del cine mudo como Chaplin, Buster Keaton o Harry Langdon, a los que se esforzó en imitar.
En 1946 entró en la escuela de arte dramático Charles Dullin, donde trabó una relación especial con el profesor Etienne Decroux y un año más tarde creó el personaje de Bip. Fue venerado lo mismo en Japón, como en América Latina o en Rusia; invento la marcha contra el viento e inspiró el estilo de baile 'Moonwalker' de Michael Jackson e influenció al bailarín ruso Rudolf Nureyev.
Marceau impulsó la creación de la Escuela Internacional de Mimo, antes de crear la Escuela Internacional de Momodrama en París en 1978.
Fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, y se hizo merecedor de una gran cantidad de premios.
En 2005, a los 82 años, efectuó una gira de despedida por América Latina, que le llevó a Cuba, Colombia, Chile y Brasil.
A principios de la década, todavía realizaba unas 250 representaciones por año en todo el mundo. "La pantomima es un arte que hipnotiza. Es un leguaje universal", decía.
A principios de la década, todavía realizaba unas 250 representaciones por año en todo el mundo. "La pantomima es un arte que hipnotiza. Es un leguaje universal", decía.
Durante un encuentro fortuito con Chaplin en 1967 en el aeropuerto Orly de París, Marceau imitó a su personaje Charlot con su peculiar andar y su bastón, antes de besar a su 'dios' con lágrimas en los ojos.
Hijo de un carnicero que murió deportado al campo de concentración nazi de Auschwitz, Marceau entró en la Resistencia francesa en 1944.
Hijo de un carnicero que murió deportado al campo de concentración nazi de Auschwitz, Marceau entró en la Resistencia francesa en 1944.
Marceau originalmente se llamaba Mangel pero cambió de apellido para escapar durante la Segunda Guerra Mundial a la persecución de los judíos por los nazis. "la gente que volvía de los campos de concentración no podía hablar, no sabía como contar (...) Tal vez eso haya influido inconscientemente en mi elección del silencio#, reconoció el mimo en una entrevista en Le Monde en 1977,
En el cine trabajó con el director Roger Vadim en Barbarella (1968) y con Mel Brooks en La Dernière folie (1976), dos cintas que contribuyeron todavía más a su fama internacional.
¡Descanse en paz Marcel (Mangel) Marceau.
¡Descanse en paz Marcel (Mangel) Marceau.
Terrrorismo y energía
Terrorismo y energía: ataques cercanos y a la distancia/Donald Hamilton, director del Instituto Conmemorativo para la Prevención del Terrorismo, establecido en Oklahoma tras los atentados contra el edificio federal Alfred P. Murrah de esa ciudad en 1995. Tuvo una larga carrera como diplomático de Estados Unidos en América Latina, donde fue ministro consejero y, en ocasiones, encargado de negocios en la embajada de su país en la ciudad de México, así como en Tel Aviv, Lima y El Salvador, entre otras. En Washington ocupó varios puestos, inclusive en la Oficina de Antiterrorismo del Departamento de Estado
Publicado en Foreign Affairs En Español, Julio-Septiembre 2007
Resumen: ¿En América Latina las amenazas terroristas al petróleo y demás energéticos son una realidad? Al parecer, la región no está a salvo. El panorama se vuelve aun más turbio al sumarse los potenciales ataques de grupos insurgentes y subversivos a estos blancos. El talón de Aquiles de diversos gobiernos puede encontrarse justamente en sus tan preciados sistemas energéticos.
En febrero pasado Sawat al-Jihad (La Voz de la Guerra Santa), la revista por internet de Al Qaeda en la Península Árabe, anunció: "Es necesario atacar intereses petroleros en todas las regiones que sirven a Estados Unidos, no sólo en Medio Oriente. El objetivo es recortar o reducir sus suministros por cualquier medio". El anuncio hacía mención específica de México, Venezuela y Canadá como países en los que sería apropiado atacar objetivos relacionados con el petróleo.
El artículo, que formaba parte de un número especial sobre el tema "Bin Laden y el arma petrolera", dejaba en claro que una amplia gama de objetivos resultaban apropiados para ataques.
"Tomar intereses petroleros como blanco incluye pozos de producción, oleoductos para exportación, terminales petroleras y transportes, y todo lo que pueda reducir el inventario petrolero de Estados Unidos y obligarlo a tomar decisiones que ha estado evadiendo durante mucho tiempo, y confundir y ahorcar su economía."
Es fácil sucumbir al hastío de las amenazas, o desdeñar los amagos de Al Qaeda como declaraciones presuntuosas o vacías. Pero es insensato hacer caso omiso de ellas.
Osama bin Laden dijo hace años que un precio justo del petróleo sería "por lo menos 100 dólares por barril" y que uno de los objetivos de Al Qaeda era "desangrar a Estados Unidos hasta ponerlo en bancarrota". Al Qaeda u organismos afiliados han:
* atacado el barco-cisterna de bandera francesa Limburg;
* planeado ataques en los estrechos de Gibraltar y Ormuz;
* planeado un ataque (frustrado por captura) a la instalación de carga costera de petróleo más grande del mundo, en Ras Tanura, Arabia Saudita;
* atacado empresas petroleras y a trabajadores en Riad, Arabia Saudita (mayo de 2003 y noviembre de 2003); Yanbu, Arabia Saudita (mayo de 2004); al-Khobar, Arabia Saudita (mayo de 2004), y atacado la refinería más grande del mundo en Abqaiq, Arabia Saudita (febrero de 2006).
Cuando una organización tiene este historial de amenazas pronunciadas seguidas por ataques armados, una persona prudente debe responder con seriedad.
Anunciar los objetivos en el hemisferio occidental sirvió a un propósito importante de Al Qaeda: dio orientación política a una confederación que tiene dificultades para comunicarse con seguridad con sus amigos, simpatizantes y aliados. En otras palabras, alentó a sus partidarios con los que no estaba en contacto, e incluso a otros cuya existencia apenas sospecha, a atacar objetivos petroleros en el hemisferio occidental.
No hubo ninguna desventaja real para Al Qaeda. El pronunciamiento probablemente atemorizó a los tres países mencionados, pero no lo suficiente para incitar a alguno a realizar acciones contra la organización fuera de sus fronteras. Sin duda, el anuncio no empujaría a Venezuela o México a unir armas con Estados Unidos contra el terrorismo internacional. En todo caso, es tonto pensar que Al Qaeda gaste mucho tiempo pensando en las opiniones emitidas en Los Pinos o en el Palacio de Miraflores.
Si bien debieron de realizarse algunas reuniones apresuradas de ejecutivos de compañías petroleras, funcionarios de seguridad y ministros de energía, han pasado meses sin ningún ataque. A esta hora deben de haberse relajado las fuerzas de guardia y las medidas de seguridad. Es un error. Los encargados de la seguridad de los suministros petroleros deben recordar que Al Qaeda aguardó ocho años entre el primer golpe y el segundo a las torres del World Trade Center en Nueva York.
Aun si los petroguardianes mantienen fuerte vigilancia contra Al Qaeda, existen otras abundantes amenazas a la energía en el continente americano. Muchos en Estados Unidos toman nota especial del flirteo entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, pero puede que no sea más que un idilio basado en la pertenencia al "Club Odio al Tío Sam". Hay razones para preocuparse por las actividades de Irán en el hemisferio, pero nada hasta ahora indica que esté ansioso por sabotear el petróleo a través de los océanos.
Sean cuales fueren los motivos de los presidentes Chávez y Ahmadinejad, el venezolano no debe de ser tan tonto como para pensar que puede controlar la relación. Para el caso, tampoco el iraní. Pese a sus alardes, él no está al mando en su país: ese honor le corresponde al ayatola Ali Khamenei. Éste es el dirigente supremo de Irán y, hasta donde un individuo pueda tener influencia sobre ellos, del Ministerio Iraní de Inteligencia y Seguridad Nacional (conocido a veces como savama y vevak) o el Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica (también conocido como el Ejército de Guardianes o Los Guardianes o simplemente Guardias Revolucionarios). Estas dos organizaciones (o una de las dos), actuando por medio de sus protegidos de Hezbollah, han sido responsables de incidentes terroristas en el mundo. El más prominente en el continente americano fue el ataque con bombas a la Asociación Mutualista Israelita argentina el 18 de julio de 1994. Si bien un grupo llamado Ansar Alá se atribuyó la responsabilidad, analistas serios creen que no es más que un pseudónimo de Hezbollah. Un ex diplomático iraní afirma que empleados de la embajada iraní en Buenos Aires fueron causantes de las explosiones. Un juez argentino ha girado órdenes de aprehensión contra cuatro empleados iraníes de esa embajada.
Si bien hay razón para preocuparse por el terrorismo y el sabotaje del otro lado del mundo, muchas amenazas al petróleo se hallan dentro de la región. Esto se verifica sobre todo si expandimos la lista de objetivos más allá del petróleo, a los energéticos en general.
Levantamientos indígenas, con mínima influencia o dirección desde el exterior de América, han atacado durante décadas los sistemas de energía. Las FARC y el ELN comenzaron a atacar los oleoductos colombianos hace una generación. Sendero Luminoso atentaba de rutina contra las sobrecargadas redes de energía eléctrica de Perú a finales de las décadas de 1980 y 1990. Durante la mayor parte de la década de 1990 el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) fue implacable en sus atentados contra la red eléctrica de El Salvador; el suyo fue el ataque más devastador y sostenido a un sistema de energía en la historia del hemisferio. Hacia 1984, quienes volaban sobre El Salvador apenas si lograban ver una torre eléctrica a la que no le faltara al menos una de sus cuatro patas y fuera reparada de prisa. Era común ver torres a las que el FMLN les había volado las cuatro patas... en ocasiones más de una vez.
Los ataques a la red eléctrica eran tan frecuentes que se volvieron una especie de juego del gato y el ratón entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. El gobierno, usando fondos donados por Estados Unidos, contrataba helicópteros venezolanos de carga pesada, con tripulantes, para llevar técnicos que repararan las torres. Los helicópteros mantenían derecha la torre mientras los trabajadores adosaban un poste de madera (el cual era transportado colgando del propio helicóptero). Este ciclo de voladura-reparación se repitió miles de veces.
¿CUÁL ERA LA LÓGICA DE LOS ATAQUES?
Ataques como ésos sirven a múltiples propósitos de un levantamiento insurrecto. Las interrupciones continuas de energía eléctrica ponen en vergüenza al gobierno; cada apagón recuerda al populacho que las autoridades son incapaces de asegurar la prestación de servicios básicos. Uno puede preguntarse si no es una práctica riesgosa para los insurgentes, puesto que tiene el potencial de distanciar a la población. Bien, algunos elementos de la población entenderán que es prácticamente imposible proteger la red eléctrica y culparán a la guerrilla de estos ataques, como es apropiado; pero otros, con un entendimiento menos avanzado, sólo verán la debilidad del gobierno.
Las personas más pobres en la sociedad, en cuyo nombre comúnmente los insurgentes dicen actuar, tienen poco o ningún acceso a la red eléctrica. No tienen refrigeradores llenos de comida, ni aire acondicionado o muchas otras comodidades operadas con energía eléctrica. Por lo menos algunos consideran el sabotaje de la red eléctrica como la mitad de un acto de Robin Hood: algo que se le quita a los ricos aunque no se le dé a los pobres.
Los esfuerzos gubernamentales por racionar la energía cuando ha habido ataques son a menudo insensatos. Los distritos urbanos de los ricos, de los que con más probabilidad tienen contactos en el gobierno, pueden ejercer presión sobre éste. A menos que las autoridades posean desacostumbrada prudencia y fuerza suficiente para resistir la presión de sus amigos, acabarán suministrando electricidad a los barrios más ricos. Los pobres lo saben y eso los aleja más de un gobierno que parece hacer precisamente lo que los guerrilleros afirman: servir a los ricos a costa de los pobres. Lo he visto en términos vívidos.
Cuando me asignaron a la embajada de Estados Unidos en Perú, en 1990, me mudé al departamento de mi predecesor. Cuando le pregunté por los cortes eléctricos en el vecindario, me dijo que no me preocupara porque en ese mismo edificio vivía el ministro de la Defensa; el ministro del Exterior vivía enfrente. Me aseguró que habría suministro eléctrico regular en el edificio. Su seguridad se sostuvo las primeras semanas, pero después de un mes el gobierno cambió y los dos ministros dejaron el cargo. El primer día del nuevo gobierno las luces se apagaron y quedaron así durante 20 horas. Debí saber que así ocurriría; tuve una advertencia. Dos días antes del cambio de gobierno, escuché las pruebas del nuevo generador del ministro de Defensa.
En las residencias privadas, los generadores crean comodidad para sus propietarios, pero también antagonismo hacia los ricos. No escuchar nada más que un generador y ver casas iluminadas entre manzanas enteras a oscuras no gana amigos a los acaudalados.
Los gobiernos pierden más que prestigio y amplio apoyo en estos casos. En muchas partes del hemisferio el gobierno es propietario de la compañía de electricidad u obtiene sustanciales ingresos de ella. Cuando la red se cae, los medidores dejan de girar y los ingresos se secan . . . justo en el momento en que se requieren fondos adicionales para reparar el daño.
El perjuicio económico de la interrupción eléctrica se extiende mucho más allá de los efectos obvios inmediatos. Aun si el petróleo, el combustible y la electricidad fluyen, el encarecimiento de precios resulta devastador para los países pobres que importan energéticos. Las industrias que dependen de la energía sufren en grande. Supongamos por un momento que ataques provenientes de fuera del hemisferio llevaran el precio del petróleo a nuevas alturas: eso podría ayudar a Pemex y al gobierno de México, pero otros sectores sufrirían. La carestía energética lesiona al turismo y a muchos rubros fabriles. La minería es una víctima inesperada. Southern Copper Corporation, subsidiaria del Grupo México, informa que la energía representa 42% de sus costos y su informe anual consigna el encarecimiento de los energéticos como una amenaza específica a las ganancias.
Desde luego, tanto los exportadores como los importadores de petróleo tienen ya experiencia de precios altos y bajos de los energéticos y de las distintas miserias que engendran. Pero el hemisferio nunca ha experimentado un sabotaje en masa de recursos nacionales gigantescos ni ha visto una insurgencia enfrascada en un ataque interminable a toda la infraestructura energética de una nación. Ni siquiera el FMLN en El Salvador atentó contra la refinería de Acajutla o dio en atacar camiones-cisterna cargados de combustible.
América Latina no cuenta con yacimientos individuales que igualen al de Abqaiq, en Arabia Saudita (que procesa 6.8 millones de barriles por día), o con un oleoducto como el de Durzhba, de 4000 kilómetros, que va de Rusia a Alemania (1200 millones de barriles diarios). Ni siquiera el Canal de Panamá, por el cual se transportan casi medio millón de barriles por día, iguala otros ajetreados puntos del globo:
* Por el estrecho de Malaca se traslada 20% del comercio mundial de todos los géneros.
* Por el estrecho de Ormuz (1500 metros en su punto más delgado) se transporta cada día 20% del petróleo que se consume en el mundo.
* Por el canal de Suez pasan 1.2 millones de barriles por día.
Pero el medio millón de barriles diarios del Canal de Panamá y las vulnerabilidades inherentes al canal podrían bastar para atraer un ataque. ¿Qué ocurriría a Panamá si se hiciera pasar un barco saboteado por alguna de sus esclusas? ¿Qué le causaría a Venezuela, que embarca casi la mitad de sus exportaciones a Asia a través de ese canal? ¿Y si las propias instalaciones refinadoras o exportadoras de Venezuela fueran destruidas?
Esto podría ocurrir, pero tal vez no pase.
Sin embargo, sí habrá otra guerra de guerrillas; otro grupo de insurgentes atacará, con justicia o sin ella, a otro gobierno en el continente americano. Las desigualdades de muchas sociedades latinoamericanas y la persistente simpatía idílica hacia el "noble revolucionario" la hacen inevitable. Si la próxima insurgencia no reconoce el valor de atacar sistemas energéticos, alguna posterior lo hará.
Todos los grupos guerrilleros entienden que no pueden enfrentar a las fuerzas armadas en combate formal. Saben que tienen que recurrir a tácticas irregulares; deben explotar las debilidades de sus contrarios. Es cuestión de tiempo para que alguna insurgencia reconozca que la mayoría de las ventajas de los ejércitos modernos sobre los rebeldes dependen de los energéticos. Una razón es la dependencia de la mayoría de los sistemas militares en los suministros energéticos.
Mao aconsejaba a las guerrillas atacar sistemas de comunicación e instalaciones aéreas. Consejo sensato, pero se puede lograr el mismo efecto atacando las fuentes de energía de las que ambos dependen. Quémese el combustible, dinamítense las torres eléctricas y no será necesario molestarse en atacarlos. Los aviones no vuelan sin combustible; los radares en tierra, los sistemas de navegación, las torres de radio y muchas otras instalaciones dependen de la electricidad.
Los mandos militares y los sistemas de control funcionan con electricidad. Las baterías y generadores pueden aportarla, pero las baterías se gastan y se agotan; los generadores necesitan combustible. Reparar (y a veces ubicar) cortes en los cables eléctricos o de comunicaciones requiere de movilidad . . . y, por tanto, de combustible.
Sí, también los rebeldes utilizan radios, pero dependen mucho menos de ellos que el gobierno. Por lo regular tienen una fuerza más pequeña, menos radios y una disciplina de comunicaciones muchísimo mejor (tanto por necesidad como por respeto a la capacidad de rastreo del gobierno . . . la cual también depende de la electricidad).
Las reservas de combustible son blancos grandes, gordos y blandos para las guerrillas. Las refinerías son enormes y, si bien puede que estén bien defendidas, son vulnerables, al igual que las líneas eléctricas que llegan a ellas. Pocas refinerías del continente americano están tan bien defendidas como las de Arabia Saudita. Si el ataque directo resulta muy complicado, las granadas lanzadas con cohetes pueden alcanzar los tanques de almacenamiento de combustible desde fuera de la mayoría de los perímetros defensivos.
Y aun si las refinerías siguen produciendo, la distribución final del combustible para motores se realiza casi por completo en camiones-cisterna, los cuales son indefendibles frente al nuevo mejor amigo de la insurgencia, el dispositivo explosivo improvisado. Son sumamente inflamables y deben visitar todas las gasolineras del país, por lo regular siguiendo una ruta conocida. Detonar a distancia una carga explosiva oculta, lo bastante grande para incendiar un camión de gasolina, está dentro de las capacidades de la mayoría de las organizaciones guerrilleras . . . sobre todo si pueden recibir algunas lecciones de grupos más establecidos.
Y, una vez más, atacar camiones-cisterna puede dar una ventaja propagandística a una insurgencia que se diga aliada de los pobres. Una familia que no posee automóvil (es decir, la mayoría de las familias latinoamericanas) se preocupa por la tarifa del transporte público, pero no se interesa por el costo de la gasolina ni por las colas en la gasolinera.
La lógica de todo esto es acumulable. La familia que tiene un solo auto -alguna antigualla que se descompone a cada rato y pasa mucho tiempo en el taller- no se ve afectada por la escasez de gasolina como el hombre que tiene que ver sus tres coches, entre ellos ese flamante BMW 740i, confinados en la cochera.
Las ventajas para las guerrillas también se incrementan con cada ronda de daño al suministro de energía. La interdependencia de los sistemas energéticos hace que cada ataque sea más nocivo que el anterior. Para bombear petróleo se necesita electricidad y para generar electricidad se requiere combustible, y éste procede de la refinería. La refinería necesita electricidad para operar, pero ésta se encuentra escasa porque las torres han sido voladas y porque hay escasez de combustible . . .
Los generadores portátiles o semiportátiles pueden sacarnos de una emergencia, pero cuando todo se viene abajo a la vez, la demanda de generadores es abrumadora y, sí, también ellos necesitan combustible.
La película post-apocalíptica Mad Max gira en torno a la sed de gasolina, pero los grupos insurgentes de hoy tienen el poder de arruinar un país sin esperar un suceso apocalíptico.
La mayoría de los expertos en el campo creen que los días en que se podían encontrar con facilidad enormes yacimientos de petróleo y extraerlo sin dificultades han pasado a la historia; el año cúspide de los descubrimientos petroleros fue 1960. Al aumentar la conciencia de este cambio colosal, las personas que se ocupan de buscar el talón de Aquiles de los gobiernos van a reconocer que la forma menos sangrienta de poner de rodillas a un gobierno débil en un país pobre es paralizar aviones y camiones y apagar las luces. Y por eso los ataques a los sistemas de energía son algo que vamos a ver mucho más.
Publicado en Foreign Affairs En Español, Julio-Septiembre 2007
Resumen: ¿En América Latina las amenazas terroristas al petróleo y demás energéticos son una realidad? Al parecer, la región no está a salvo. El panorama se vuelve aun más turbio al sumarse los potenciales ataques de grupos insurgentes y subversivos a estos blancos. El talón de Aquiles de diversos gobiernos puede encontrarse justamente en sus tan preciados sistemas energéticos.
En febrero pasado Sawat al-Jihad (La Voz de la Guerra Santa), la revista por internet de Al Qaeda en la Península Árabe, anunció: "Es necesario atacar intereses petroleros en todas las regiones que sirven a Estados Unidos, no sólo en Medio Oriente. El objetivo es recortar o reducir sus suministros por cualquier medio". El anuncio hacía mención específica de México, Venezuela y Canadá como países en los que sería apropiado atacar objetivos relacionados con el petróleo.
El artículo, que formaba parte de un número especial sobre el tema "Bin Laden y el arma petrolera", dejaba en claro que una amplia gama de objetivos resultaban apropiados para ataques.
"Tomar intereses petroleros como blanco incluye pozos de producción, oleoductos para exportación, terminales petroleras y transportes, y todo lo que pueda reducir el inventario petrolero de Estados Unidos y obligarlo a tomar decisiones que ha estado evadiendo durante mucho tiempo, y confundir y ahorcar su economía."
Es fácil sucumbir al hastío de las amenazas, o desdeñar los amagos de Al Qaeda como declaraciones presuntuosas o vacías. Pero es insensato hacer caso omiso de ellas.
Osama bin Laden dijo hace años que un precio justo del petróleo sería "por lo menos 100 dólares por barril" y que uno de los objetivos de Al Qaeda era "desangrar a Estados Unidos hasta ponerlo en bancarrota". Al Qaeda u organismos afiliados han:
* atacado el barco-cisterna de bandera francesa Limburg;
* planeado ataques en los estrechos de Gibraltar y Ormuz;
* planeado un ataque (frustrado por captura) a la instalación de carga costera de petróleo más grande del mundo, en Ras Tanura, Arabia Saudita;
* atacado empresas petroleras y a trabajadores en Riad, Arabia Saudita (mayo de 2003 y noviembre de 2003); Yanbu, Arabia Saudita (mayo de 2004); al-Khobar, Arabia Saudita (mayo de 2004), y atacado la refinería más grande del mundo en Abqaiq, Arabia Saudita (febrero de 2006).
Cuando una organización tiene este historial de amenazas pronunciadas seguidas por ataques armados, una persona prudente debe responder con seriedad.
Anunciar los objetivos en el hemisferio occidental sirvió a un propósito importante de Al Qaeda: dio orientación política a una confederación que tiene dificultades para comunicarse con seguridad con sus amigos, simpatizantes y aliados. En otras palabras, alentó a sus partidarios con los que no estaba en contacto, e incluso a otros cuya existencia apenas sospecha, a atacar objetivos petroleros en el hemisferio occidental.
No hubo ninguna desventaja real para Al Qaeda. El pronunciamiento probablemente atemorizó a los tres países mencionados, pero no lo suficiente para incitar a alguno a realizar acciones contra la organización fuera de sus fronteras. Sin duda, el anuncio no empujaría a Venezuela o México a unir armas con Estados Unidos contra el terrorismo internacional. En todo caso, es tonto pensar que Al Qaeda gaste mucho tiempo pensando en las opiniones emitidas en Los Pinos o en el Palacio de Miraflores.
Si bien debieron de realizarse algunas reuniones apresuradas de ejecutivos de compañías petroleras, funcionarios de seguridad y ministros de energía, han pasado meses sin ningún ataque. A esta hora deben de haberse relajado las fuerzas de guardia y las medidas de seguridad. Es un error. Los encargados de la seguridad de los suministros petroleros deben recordar que Al Qaeda aguardó ocho años entre el primer golpe y el segundo a las torres del World Trade Center en Nueva York.
Aun si los petroguardianes mantienen fuerte vigilancia contra Al Qaeda, existen otras abundantes amenazas a la energía en el continente americano. Muchos en Estados Unidos toman nota especial del flirteo entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, pero puede que no sea más que un idilio basado en la pertenencia al "Club Odio al Tío Sam". Hay razones para preocuparse por las actividades de Irán en el hemisferio, pero nada hasta ahora indica que esté ansioso por sabotear el petróleo a través de los océanos.
Sean cuales fueren los motivos de los presidentes Chávez y Ahmadinejad, el venezolano no debe de ser tan tonto como para pensar que puede controlar la relación. Para el caso, tampoco el iraní. Pese a sus alardes, él no está al mando en su país: ese honor le corresponde al ayatola Ali Khamenei. Éste es el dirigente supremo de Irán y, hasta donde un individuo pueda tener influencia sobre ellos, del Ministerio Iraní de Inteligencia y Seguridad Nacional (conocido a veces como savama y vevak) o el Ejército de Guardianes de la Revolución Islámica (también conocido como el Ejército de Guardianes o Los Guardianes o simplemente Guardias Revolucionarios). Estas dos organizaciones (o una de las dos), actuando por medio de sus protegidos de Hezbollah, han sido responsables de incidentes terroristas en el mundo. El más prominente en el continente americano fue el ataque con bombas a la Asociación Mutualista Israelita argentina el 18 de julio de 1994. Si bien un grupo llamado Ansar Alá se atribuyó la responsabilidad, analistas serios creen que no es más que un pseudónimo de Hezbollah. Un ex diplomático iraní afirma que empleados de la embajada iraní en Buenos Aires fueron causantes de las explosiones. Un juez argentino ha girado órdenes de aprehensión contra cuatro empleados iraníes de esa embajada.
Si bien hay razón para preocuparse por el terrorismo y el sabotaje del otro lado del mundo, muchas amenazas al petróleo se hallan dentro de la región. Esto se verifica sobre todo si expandimos la lista de objetivos más allá del petróleo, a los energéticos en general.
Levantamientos indígenas, con mínima influencia o dirección desde el exterior de América, han atacado durante décadas los sistemas de energía. Las FARC y el ELN comenzaron a atacar los oleoductos colombianos hace una generación. Sendero Luminoso atentaba de rutina contra las sobrecargadas redes de energía eléctrica de Perú a finales de las décadas de 1980 y 1990. Durante la mayor parte de la década de 1990 el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) fue implacable en sus atentados contra la red eléctrica de El Salvador; el suyo fue el ataque más devastador y sostenido a un sistema de energía en la historia del hemisferio. Hacia 1984, quienes volaban sobre El Salvador apenas si lograban ver una torre eléctrica a la que no le faltara al menos una de sus cuatro patas y fuera reparada de prisa. Era común ver torres a las que el FMLN les había volado las cuatro patas... en ocasiones más de una vez.
Los ataques a la red eléctrica eran tan frecuentes que se volvieron una especie de juego del gato y el ratón entre el gobierno salvadoreño y el FMLN. El gobierno, usando fondos donados por Estados Unidos, contrataba helicópteros venezolanos de carga pesada, con tripulantes, para llevar técnicos que repararan las torres. Los helicópteros mantenían derecha la torre mientras los trabajadores adosaban un poste de madera (el cual era transportado colgando del propio helicóptero). Este ciclo de voladura-reparación se repitió miles de veces.
¿CUÁL ERA LA LÓGICA DE LOS ATAQUES?
Ataques como ésos sirven a múltiples propósitos de un levantamiento insurrecto. Las interrupciones continuas de energía eléctrica ponen en vergüenza al gobierno; cada apagón recuerda al populacho que las autoridades son incapaces de asegurar la prestación de servicios básicos. Uno puede preguntarse si no es una práctica riesgosa para los insurgentes, puesto que tiene el potencial de distanciar a la población. Bien, algunos elementos de la población entenderán que es prácticamente imposible proteger la red eléctrica y culparán a la guerrilla de estos ataques, como es apropiado; pero otros, con un entendimiento menos avanzado, sólo verán la debilidad del gobierno.
Las personas más pobres en la sociedad, en cuyo nombre comúnmente los insurgentes dicen actuar, tienen poco o ningún acceso a la red eléctrica. No tienen refrigeradores llenos de comida, ni aire acondicionado o muchas otras comodidades operadas con energía eléctrica. Por lo menos algunos consideran el sabotaje de la red eléctrica como la mitad de un acto de Robin Hood: algo que se le quita a los ricos aunque no se le dé a los pobres.
Los esfuerzos gubernamentales por racionar la energía cuando ha habido ataques son a menudo insensatos. Los distritos urbanos de los ricos, de los que con más probabilidad tienen contactos en el gobierno, pueden ejercer presión sobre éste. A menos que las autoridades posean desacostumbrada prudencia y fuerza suficiente para resistir la presión de sus amigos, acabarán suministrando electricidad a los barrios más ricos. Los pobres lo saben y eso los aleja más de un gobierno que parece hacer precisamente lo que los guerrilleros afirman: servir a los ricos a costa de los pobres. Lo he visto en términos vívidos.
Cuando me asignaron a la embajada de Estados Unidos en Perú, en 1990, me mudé al departamento de mi predecesor. Cuando le pregunté por los cortes eléctricos en el vecindario, me dijo que no me preocupara porque en ese mismo edificio vivía el ministro de la Defensa; el ministro del Exterior vivía enfrente. Me aseguró que habría suministro eléctrico regular en el edificio. Su seguridad se sostuvo las primeras semanas, pero después de un mes el gobierno cambió y los dos ministros dejaron el cargo. El primer día del nuevo gobierno las luces se apagaron y quedaron así durante 20 horas. Debí saber que así ocurriría; tuve una advertencia. Dos días antes del cambio de gobierno, escuché las pruebas del nuevo generador del ministro de Defensa.
En las residencias privadas, los generadores crean comodidad para sus propietarios, pero también antagonismo hacia los ricos. No escuchar nada más que un generador y ver casas iluminadas entre manzanas enteras a oscuras no gana amigos a los acaudalados.
Los gobiernos pierden más que prestigio y amplio apoyo en estos casos. En muchas partes del hemisferio el gobierno es propietario de la compañía de electricidad u obtiene sustanciales ingresos de ella. Cuando la red se cae, los medidores dejan de girar y los ingresos se secan . . . justo en el momento en que se requieren fondos adicionales para reparar el daño.
El perjuicio económico de la interrupción eléctrica se extiende mucho más allá de los efectos obvios inmediatos. Aun si el petróleo, el combustible y la electricidad fluyen, el encarecimiento de precios resulta devastador para los países pobres que importan energéticos. Las industrias que dependen de la energía sufren en grande. Supongamos por un momento que ataques provenientes de fuera del hemisferio llevaran el precio del petróleo a nuevas alturas: eso podría ayudar a Pemex y al gobierno de México, pero otros sectores sufrirían. La carestía energética lesiona al turismo y a muchos rubros fabriles. La minería es una víctima inesperada. Southern Copper Corporation, subsidiaria del Grupo México, informa que la energía representa 42% de sus costos y su informe anual consigna el encarecimiento de los energéticos como una amenaza específica a las ganancias.
Desde luego, tanto los exportadores como los importadores de petróleo tienen ya experiencia de precios altos y bajos de los energéticos y de las distintas miserias que engendran. Pero el hemisferio nunca ha experimentado un sabotaje en masa de recursos nacionales gigantescos ni ha visto una insurgencia enfrascada en un ataque interminable a toda la infraestructura energética de una nación. Ni siquiera el FMLN en El Salvador atentó contra la refinería de Acajutla o dio en atacar camiones-cisterna cargados de combustible.
América Latina no cuenta con yacimientos individuales que igualen al de Abqaiq, en Arabia Saudita (que procesa 6.8 millones de barriles por día), o con un oleoducto como el de Durzhba, de 4000 kilómetros, que va de Rusia a Alemania (1200 millones de barriles diarios). Ni siquiera el Canal de Panamá, por el cual se transportan casi medio millón de barriles por día, iguala otros ajetreados puntos del globo:
* Por el estrecho de Malaca se traslada 20% del comercio mundial de todos los géneros.
* Por el estrecho de Ormuz (1500 metros en su punto más delgado) se transporta cada día 20% del petróleo que se consume en el mundo.
* Por el canal de Suez pasan 1.2 millones de barriles por día.
Pero el medio millón de barriles diarios del Canal de Panamá y las vulnerabilidades inherentes al canal podrían bastar para atraer un ataque. ¿Qué ocurriría a Panamá si se hiciera pasar un barco saboteado por alguna de sus esclusas? ¿Qué le causaría a Venezuela, que embarca casi la mitad de sus exportaciones a Asia a través de ese canal? ¿Y si las propias instalaciones refinadoras o exportadoras de Venezuela fueran destruidas?
Esto podría ocurrir, pero tal vez no pase.
Sin embargo, sí habrá otra guerra de guerrillas; otro grupo de insurgentes atacará, con justicia o sin ella, a otro gobierno en el continente americano. Las desigualdades de muchas sociedades latinoamericanas y la persistente simpatía idílica hacia el "noble revolucionario" la hacen inevitable. Si la próxima insurgencia no reconoce el valor de atacar sistemas energéticos, alguna posterior lo hará.
Todos los grupos guerrilleros entienden que no pueden enfrentar a las fuerzas armadas en combate formal. Saben que tienen que recurrir a tácticas irregulares; deben explotar las debilidades de sus contrarios. Es cuestión de tiempo para que alguna insurgencia reconozca que la mayoría de las ventajas de los ejércitos modernos sobre los rebeldes dependen de los energéticos. Una razón es la dependencia de la mayoría de los sistemas militares en los suministros energéticos.
Mao aconsejaba a las guerrillas atacar sistemas de comunicación e instalaciones aéreas. Consejo sensato, pero se puede lograr el mismo efecto atacando las fuentes de energía de las que ambos dependen. Quémese el combustible, dinamítense las torres eléctricas y no será necesario molestarse en atacarlos. Los aviones no vuelan sin combustible; los radares en tierra, los sistemas de navegación, las torres de radio y muchas otras instalaciones dependen de la electricidad.
Los mandos militares y los sistemas de control funcionan con electricidad. Las baterías y generadores pueden aportarla, pero las baterías se gastan y se agotan; los generadores necesitan combustible. Reparar (y a veces ubicar) cortes en los cables eléctricos o de comunicaciones requiere de movilidad . . . y, por tanto, de combustible.
Sí, también los rebeldes utilizan radios, pero dependen mucho menos de ellos que el gobierno. Por lo regular tienen una fuerza más pequeña, menos radios y una disciplina de comunicaciones muchísimo mejor (tanto por necesidad como por respeto a la capacidad de rastreo del gobierno . . . la cual también depende de la electricidad).
Las reservas de combustible son blancos grandes, gordos y blandos para las guerrillas. Las refinerías son enormes y, si bien puede que estén bien defendidas, son vulnerables, al igual que las líneas eléctricas que llegan a ellas. Pocas refinerías del continente americano están tan bien defendidas como las de Arabia Saudita. Si el ataque directo resulta muy complicado, las granadas lanzadas con cohetes pueden alcanzar los tanques de almacenamiento de combustible desde fuera de la mayoría de los perímetros defensivos.
Y aun si las refinerías siguen produciendo, la distribución final del combustible para motores se realiza casi por completo en camiones-cisterna, los cuales son indefendibles frente al nuevo mejor amigo de la insurgencia, el dispositivo explosivo improvisado. Son sumamente inflamables y deben visitar todas las gasolineras del país, por lo regular siguiendo una ruta conocida. Detonar a distancia una carga explosiva oculta, lo bastante grande para incendiar un camión de gasolina, está dentro de las capacidades de la mayoría de las organizaciones guerrilleras . . . sobre todo si pueden recibir algunas lecciones de grupos más establecidos.
Y, una vez más, atacar camiones-cisterna puede dar una ventaja propagandística a una insurgencia que se diga aliada de los pobres. Una familia que no posee automóvil (es decir, la mayoría de las familias latinoamericanas) se preocupa por la tarifa del transporte público, pero no se interesa por el costo de la gasolina ni por las colas en la gasolinera.
La lógica de todo esto es acumulable. La familia que tiene un solo auto -alguna antigualla que se descompone a cada rato y pasa mucho tiempo en el taller- no se ve afectada por la escasez de gasolina como el hombre que tiene que ver sus tres coches, entre ellos ese flamante BMW 740i, confinados en la cochera.
Las ventajas para las guerrillas también se incrementan con cada ronda de daño al suministro de energía. La interdependencia de los sistemas energéticos hace que cada ataque sea más nocivo que el anterior. Para bombear petróleo se necesita electricidad y para generar electricidad se requiere combustible, y éste procede de la refinería. La refinería necesita electricidad para operar, pero ésta se encuentra escasa porque las torres han sido voladas y porque hay escasez de combustible . . .
Los generadores portátiles o semiportátiles pueden sacarnos de una emergencia, pero cuando todo se viene abajo a la vez, la demanda de generadores es abrumadora y, sí, también ellos necesitan combustible.
La película post-apocalíptica Mad Max gira en torno a la sed de gasolina, pero los grupos insurgentes de hoy tienen el poder de arruinar un país sin esperar un suceso apocalíptico.
La mayoría de los expertos en el campo creen que los días en que se podían encontrar con facilidad enormes yacimientos de petróleo y extraerlo sin dificultades han pasado a la historia; el año cúspide de los descubrimientos petroleros fue 1960. Al aumentar la conciencia de este cambio colosal, las personas que se ocupan de buscar el talón de Aquiles de los gobiernos van a reconocer que la forma menos sangrienta de poner de rodillas a un gobierno débil en un país pobre es paralizar aviones y camiones y apagar las luces. Y por eso los ataques a los sistemas de energía son algo que vamos a ver mucho más.
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