3 sept 2007

Columna de Riva Palacio

  • Columna Estrictamente personal/Raymundo Riva Palacio: "Violaciones militares"
Publicado en El Universal, 3 de septiembre de 2007
En su mensaje a la nación, el presidente Felipe Calderón se comprometió en los dichos a castigar a quien en su gobierno viole los derechos humanos. En los hechos, lo solapa
Felipe Calderón no es el primer Presidente con un trato altamente diferenciado hacia el Ejército. Pero quizá lo que sí lo distingue de sus antecesores es que es el Presidente que ha mostrado tener el alma más verde. No es sólo su estrecha relación personal con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, sino la forma como le ha permitido todo, menos una petición: sacar al Ejército a las calles, indiscriminadamente, en todo el país. El general Galván acató la instrucción, pero, se puede decir, no del todo.
Hace tres semanas, sin notificar a ninguna autoridad civil, los militares realizaron un operativo en el poniente de la ciudad de México en busca de células del EPR, dentro de una campaña de liquidación contra la dirigencia de la guerrilla. Allanaron casas sin autorización alguna, levantando de sus camas a familias enteras —por cierto, ninguna vinculada con el EPR—, atemorizando a vecinos y vecindarios. La acción estuvo a punto de desbordarse y provocar un enfrentamiento a tiros con la autoridad capitalina, salvada en último momento por una llamada del alto mando militar al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, para informarle que eran unidades a su cargo las que realizaban el operativo.
En la antepasada, dejaron correr la especie de que un personaje llamado Óscar Nahúm, sin apellidos, era en realidad el senador René Arce, la figura política más poderosa dentro del PRD en el Distrito Federal. A menos que la inteligencia militar, a la que se le acreditó como fuente central de la versión periodística, tenga una información que no se encuentra en los archivos del resto del gobierno mexicano, lo que hizo fue avalar una mentira. El expediente del Cisen sobre el EPR da cuenta de tres familias fundadoras —todas provenientes del desaparecido PROCUP—: los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Círigo Vázquez. A diferencia de los Cruz Sánchez, la familia Canseco Ruiz ha sido muy golpeada con los años, y buena parte de sus integrantes dejaron la lucha armada y son luchadores sociales.
En el caso de los Círigo Vázquez, el documento es muy claro para señalar que la gran mayoría de sus integrantes dejaron la lucha armada hace cuando menos dos décadas para realizar actividad política dentro del marco legal. René Arce, que proviene de esa familia, o su medio hermano Víctor Hugo Círigo Vázquez, líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encuentran en esa situación. No así su otro hermano, Óscar Nahúm Círigo Vázquez, alias El Avión, a quien el Cisen identifica como el jefe militar del EPR que realizó un ataque en Huatulco en 1996, como parte de una serie de acciones simultáneas en seis estados. Lo último que presume el Cisen de Óscar Nahúm, a quien tienen identificado en fotografía, es que es el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que se escindieron del EPR.
La semana pasada fue el último acto militar por la libre. Sin decirle nada a nadie en el gobierno federal, menos aún al capitalino, un comando ingresó a un muy concurrido restaurante en la zona afluente de Polanco para arrestar a varios presuntos narcotraficantes, incluido a quien presumen lugarteniente de Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas y aparentemente el nuevo líder del cártel del Golfo, y dos colombianos, responsables de finanzas y logística del cártel del Valle, de Colombia. Los militares los tuvieron retenidos durante ocho horas, antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles, competentes en la materia, lo que representa una arbitrariedad jurídica.
¿Qué está pasando en el Ejército mexicano? El apoyo político que da la Secretaría de la Defensa Nacional al presidente Calderón está teniendo un alto costo para amplios sectores de la sociedad, que se incrementará en la medida en que no se le ponga un alto. Lo que reflejan esas acciones militares son manejo extralegal, violación de los derechos humanos y conculcación de garantías individuales. Ya sea por el combate al narcotráfico o contra el EPR, el Ejército está modificando su doctrina y función, creando bolsas de estados de excepción en el país donde sólo la suya es ley. La operación militar en Michoacán, dentro de la lucha contra el narcotráfico, es emblemática.
El gobierno federal afirma que le han quitado espacios de poder a los cárteles de la droga, recuperando dominio territorial. Es cierto, pero ¿a qué costo? El general Galván ha enviado a soldados por cuando menos ocho estados del país en forma regular para tareas de seguridad pública, y establecido retenes en todo el país, violando la Constitución. El Ejército sólo puede realizar operativos de vigilancia e inspección para los fines de seguridad pública, cuando la autoridad responsable, la Secretaría de Seguridad Pública, solicite ese apoyo, o cuando lo solicite expresamente la autoridad civil.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene documentados abusos de los militares contra población civil. En un informe preliminar que dio a conocer su titular José Luis Soberanes, anticipó la presunción de atentados militares contra cuatro mujeres menores de edad, dos casos de tortura, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, atentado a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público. Investigaciones posteriores encontraron en Michoacán casos de varios militares que dieron positivo en las pruebas para saber si estaban bajo el influjo de la cocaína.
La respuesta presidencial a los atropellos de los militares ha sido de mayor apoyo. Por decreto, autorizó al general Galván la creación de un cuerpo de élite que no sólo actúe contra la delincuencia organizada, sino para intervenir contra cualquier evento que considere genere inestabilidad política.
Esta disposición vuelve a violar la Constitución, al tener los militares un mandato ejecutivo que les permite operar sin la autorización expresa del Congreso bajo parámetros de estado de sitio, justificando al mismo tiempo la represión de aquellos que expresen en forma beligerante su inconformidad con el estado de las cosas.
Los abusos permitidos por la Presidencia deben tener un fin. La CNDH está preparando una serie de recomendaciones a la Secretaría de la Defensa por las violaciones a los derechos humanos cometidos en la lucha contra el narco, y en el Congreso preparan una reforma judicial que impida al Ejecutivo violentar la ley amparado en las lagunas jurídicas existentes. Pero no pueden ir solos. La sociedad no debe confundir que aun en el combate contra la delincuencia organizada o los grupos que realicen actividades fuera de la ley, un Estado no puede actuar ilegalmente ni bajo el régimen hobbesiano de la ley del más fuerte. Tolerar que el Estado viole la ley para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos es abrir la puerta a un Estado represor que, por el silencio colectivo en el que nos encontramos, va avanzando hacia una consolidación. Esto debe ser frenado antes de que sea demasiado tarde.
rriva@eluniversal.com.mx

Declaración de los derechos humanos del no concebido

Declaración de los derechos humanos del no concebido
Presentada en México el 28 de agosto
  • Tomada de Zenit.org
MÉXICO, lunes, 3 septiembre 2007.- Un centenar de especialistas en derecho, bioética, medicina, educadores y otros actores sociales se estuvieron reuniendo a raíz de que el pasado 6 de junio, a título personal como químico y sacerdote, como ciudadano mexicano y católico, monseñor. Pedro Agustín Rivera Díaz presentara ante los medios de comunicación social una propuesta de «Declaración de los Derechos Humanos del Concebido».
Con este esfuerzo conjunto se llegó a una nueva redacción de aquel documento, que fue presentada en la ciudad de México el 28 de agosto pasado.
La declaración será presentada ante las Cámaras de Diputados y Senadores, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros organismos, hasta obtener un aval universal.
En la definición de términos se señala cómo a partir de la evidencia científica se puede determinar con exactitud el momento del inicio del embarazo, que coincide con el inicio de la vida. La promoción de tan importante documento fue asumida por la Asociación Derechos del Concebido (Comunicación con Criterio A.C.).
Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz en la presentación de la Declaración reconoce que «anteriormente no se planteaba el deber de reconocer los derechos del concebido, dado que, en términos generales, éste no corría más riesgo que el derivado de su viabilidad biológica dentro del seno materno, es decir, de su capacidad innata, así como de las condiciones prenatales». «Las circunstancias han cambiado y ahora parecen existir derechos a la salud y a la vida de los concebidos que no coinciden con los correspondientes derechos de sus madres --añade--.
Es necesario que los derechos del concebido prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con ellos».Publicamos el texto de la Declaración.
Declaración de los derechos humanos del no concebido

Principio 1.- Todo Concebido, varón o mujer, discapacitado o no, disfrutará de los derechos enunciados en esta Declaración.
Principio 2.- Todo Concebido tiene derecho a que se le reconozca como un individuo de la especie humana y, por lo mismo, cuenta con todos los derechos humanos reconocidos por la ONU, por los organismos internacionales y por las constituciones de los Estados.
Principio 3.- Todo Concebido tiene derecho a que se le reconozca su individualidad, en tanto que su código genético propio es único e irrepetible y, por lo mismo, diferente al de sus progenitores.
Principio 4.- Todo Concebido tiene derecho a que se reconozca y respete en él, el valor supremo de la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural y, por lo mismo, deberá ser respetado y cuidado este derecho a lo largo de todo su proceso de vida en el seno materno y, una vez nacido, fuera de él.
Principio 5.- El valor supremo de la vida del Concebido debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de velar por su desarrollo integral. Dicha responsabilidad recae, en primer término, en su padres, y de manera subsidiaria en sus demás familiares, en la sociedad y en el Estado.
Principio 6.- Todo Concebido deberá ser protegido de cualquier tipo de discriminación por motivo de raza, etnia, condición genética, sexo, origen social, situación económica, de él o de sus progenitores.
Principio 7.- El Concebido es un individuo en desarrollo, con sus derechos específicos, que no puede reclamarlos ni exigirlos por razones propias de esta etapa de su vida, por lo que se impone a sus padres, a la sociedad y al Estado la obligación irrenunciable de velar por su respeto.
Principio 8.- Todo Concebido, para el pleno y armonioso desarrollo de su individualidad, deberá hacerlo bajo el amparo y responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad. La mujer embarazada deberá contar con los cuidados propios y atenciones especiales de este periodo.
Principio 9.- Todo Concebido dispondrá de las oportunidades y servicios dispensados por la ley y por otros medios, en condiciones de libertad y dignidad, para que pueda desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente, en forma integral; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales.
Principio 10.- Todo Concebido tiene derecho a una nacionalidad, y el Estado deberá reconocer y proteger todos sus derechos. Más información en www.derechosdelconcebido.org.mx
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